Una de las características de una política exterior eficaz es que se ejecuta en segundo plano, no es ni llamativa ni especialmente visible. Los gobiernos deben adoptar urgentemente este enfoque para detener el creciente pánico mundial causado por el brote de coronavirus, mismo que ya ha matado a más de 1.300 personas e infectado a más de 63.000.
Aunque casi todas las muertes y los casos confirmados hasta la fecha se han producido en la China continental, el virus se ha propagado a más de dos docenas de países. La Organización Mundial de la Salud declaró recientemente que el brote es una emergencia sanitaria mundial.
Por el momento, reina el pánico. Las empresas globales de tecnología, como por ejemplo Google, Apple, Facebook y Tesla, han suspendido temporalmente sus operaciones en China y han pedido a sus empleados que trabajen desde casa. Muchas aerolíneas extranjeras, fabricantes de automóviles, cadenas de venta al por menor y de entretenimiento e instituciones financieras han tomado medidas similares. Y, en Estados Unidos, los asiático-americanos y los estudiantes de países asiáticos se enfrentan a una oleada de comentarios xenófobos sobre su comida, cultura y forma de vida.
Además, muchos países se han unido a Estados Unidos para denegar temporalmente la entrada a los extranjeros que han viajado recientemente dentro de China. Sin embargo, destacados expertos en salud mundial sostienen que es improbable que políticas restrictivas como éstas, que suelen estar reservadas para situaciones que ponen en peligro la vida, detengan la propagación de lo que la OMS ha bautizado ahora como COVID-19.
En cambio, esas medidas han avivado el pánico entre los inversores. La mayoría de las acciones chinas en las bolsas de valores cayeron bruscamente cuando se reanudaron las operaciones tras la fiesta de Año Nuevo de este país, y algunos índices de mercado sufrieron sus mayores caídas de un solo día en más de una década. Debido a que China es la segunda economía más grande del mundo, estas pérdidas financieras tendrán un impacto a nivel mundial. Además, el impacto disruptivo que tiene el COVID-19 sobre los mercados laborales, los viajes, y la producción de las fábricas perjudicará a las operaciones de las empresas globales que dependen de la fuerza de fabricación y las cadenas de suministro de China.
La crisis es un recordatorio de por qué los gobiernos deben considerar la salud como un componente esencial de la política exterior. De hecho, gran parte del pánico actual podría haberse evitado si los líderes políticos hubieran ido tras el logro de una diplomacia mundial en materia de salud.
En el pasado, los gobiernos han reconocido el papel de la salud como un instrumento crucial de la política exterior, incluso en la Declaración Ministerial de Oslo de 2007 de los ministros de relaciones exteriores de Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, Senegal, Sudáfrica y Tailandia. Sin embargo, la aplicación de esta idea se ha tornado cada vez más difícil debido al ascenso mundial del nacionalismo de extrema derecha, que plantea a los diplomáticos el desafío de mantener relaciones amistosas con aliados demonizados por sus propios gobiernos.
Las políticas exteriores impulsivas destinadas a hacer frente a COVID-19 – como por ejemplo la prohibición de viajar y la suspensión de las actividades económicas – no sólo no están respaldadas por pruebas científicas, sino que es probable que resulten perjudiciales a largo plazo. Por el contrario, el poder blando, o la capacidad de un país para configurar las preferencias de los demás mediante la persuasión y la diplomacia, suele ser mucho más eficaz. De hecho, tres de las estrategias que probablemente resulten más eficaces para hacer frente a COVID-19 (y a futuras epidemias) requerirán que los gobiernos y otros agentes cooperen más estrechamente, establezcan una profunda confianza mutua y desarrollen plataformas que promuevan la difusión gratuita de datos científicos basados en evidencia.
Para empezar, la salud debería considerarse un bien público mundial. Los países que cuentan con sistemas sólidos de recopilación y difusión de investigaciones científicas deberían establecer redes de colaboración por medio de las cuales los países de ingresos bajos y medianos puedan informar y publicar información sobre brotes infecciosos. Afortunadamente, las principales revistas médicas internacionales, incluidas The Lancet y The New England Journal of Medicine, están recolectando – y publicando rápidamente – datos basados en evidencia y revisados por pares sobre las características clínicas y de salud pública de COVID-19. Esto es fundamental, porque el nuevo coronavirus no ha sido la única epidemia que se ha propagado a nivel mundial en las últimas semanas; también hay una epidemia de desinformación en línea, especialmente en las plataformas de redes sociales.
En segundo lugar, no se debe hacer que los países en los que se originen brotes potenciales se sientan estigmatizados. Es necesario que los gobiernos creen canales formales y confidenciales a través de los cuales los funcionarios puedan compartir libremente la información sobre los nuevos riesgos para la salud o los posibles brotes. COVID-19 se ha difundido tan ampliamente, en parte porque el gobierno chino tenía vergüenza política e inicialmente suprimió la información cuando los médicos de Wuhan dieron la alarma sobre los casos infecciosos. Aunque los países cuentan con diversos mecanismos para informar al público sobre los riesgos relacionados con la salud, una diplomacia mundial en materia de salud más coordinada podría haber mitigado el impacto de la epidemia.
En tercer lugar, los gobiernos deberían invertir en la creación de sistemas de gestión de datos que permitan seguir la propagación de las epidemias, preferiblemente en tiempo real. Éstos podrían parecerse al cuadro de mando para la innovación creado por el Center for Systems Science and Engineering de la Universidad Johns Hopkins para rastrear el brote de COVID-19. Este cuadro recopila datos de la OMS, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y sus homólogos europeos y chinos, y la Comisión Nacional de Salud de China, todo en tiempo real. Estos datos son vitales para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones informadas sobre la mejor manera de hacer frente al virus.
En un mundo globalizado, no podemos permitirnos ignorar los riesgos para la salud que surgen en otros países. Por consiguiente, los gobiernos de los países ricos en particular no deben considerar el aumento de la globalización y la interdependencia como un fenómeno puramente económico que permite a las empresas establecer operaciones de fabricación y cadena de suministro en las economías de ingresos medios y bajos. Los países privilegiados también tienen la responsabilidad de establecer mecanismos de apoyo que ayuden a otros a hacer frente a las nuevas amenazas para la salud.
Frente a una epidemia mundial como la de COVID-19, los líderes políticos deben guiarse por las pruebas científicas y la compasión, y no por las anécdotas y la xenofobia. Una diplomacia mundial en materia de salud que sea ilustrada podría salvar innumerables vidas.
Junaid Nabi is a public health researcher at Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.