Serán muchos los españoles que en estas vacaciones acudirán a Praga, si el bolsillo lo permite. Es conocida la variada belleza de esta ciudad y alegra descubrir allí una vieja y relevante presencia española. Naturalmente, será en su plaza de la Ciudad Vieja, tan grande como un campo de fútbol, donde encuentras a más paisanos, admirados por la torre gótica del Ayuntamiento, con su famoso reloj astronómico que, desde el 1410, va mostrando cada hora las imágenes de los doce apóstoles.
Quizá lo más sobresaliente de la plaza es ver en ella dos estatuas muy diversas. Una, la más grande, es un monumento de bronce dedicado a Jan Huss, sacerdote y rector de la Universidad de Praga, que fue condenado, y quemado en esta plaza, por hereje, siguiendo las órdenes del emperador Segismundo. Medio milenio después de su muerte, en 1915, se levantó este monumento a quien ha sido considerado el portavoz más señalado del nacionalismo checo. La otra estatua, dedicada a la Virgen, tiene una historia compleja. Fue erigida en 1650 y fue derribada en 1918 pues se la consideró signo del hundido Imperio Austro-húngaro, no precisamente amado por el pueblo checo, y emblema de la religión católica, minoritaria en Chequia. Ahora bien, en 1990, cuando vuelve la libertad a esa tierra, se decide la reconstrucción de la estatua, que se ha inaugurado en 2020, en el mismo lugar donde se encontraba. Esta decisión implica una gran amplitud de espíritu, pues se enfrenta al deseo de no pocos de quitar del espacio público lo que no está de acuerdo con sus convicciones, negando a las posiciones adversas cualquier derecho a tener una presencia pública. El pueblo checo, que se sublevó contra la dominación marxista, da una lección de cómo ante cuestiones que se responden desde diversos planteamientos, la solución democrática no es cerrar el espacio público a quien no tiene mayoría en el Parlamento, y menos en un país donde el pluralismo político figura en el inicio de la Constitución entre los valores superiores del ordenamiento jurídico.
La pretensión de limitar el espacio público educativo a quienes no tienen la ideología del poder se hace cada día más evidente, comprobando también las disposiciones legales que han surgido en estos meses, basándose en la Lomloe. No se puede pretender en un artículo analizar todos los errores del momento. Pero sí creo es oportuno acudir al fundamento de muchos de estos errores, especialmente los actualmente denunciados ante el Tribunal Constitucional, fundamento que considero se encuentra en una concepción equivocada de la libertad. En efecto, si se lleva a la asfixia económica a la enseñanza concertada no es porque allí el puesto escolar salga más caro al Estado, ni si se quita el criterio de la demanda social en la programación de las plazas financiadas por el Estado no es precisamente por la disminución de dicha demanda. Si se prohíbe establecer conciertos educativos al corto número de centros que han escogido la opción pedagógica de ofrecer en algunas etapas del desarrollo de la personalidad de quienes se inician a la vida una enseñanza diferenciada según el sexo no es porque sea perjudicial para las chicas –basta comprobar el alto rendimiento académico que esos colegios tienen en diversos países y con estudiantes de distintas características sociales, e, incluso, cómo en ellos se soluciona mejor el menor número de chicas que escogen carreras tecnológicas, con porcentajes de los últimos años que van entre el 8 y el 10% superiores a la media nacional española– ni dañino para los chicos, pues las altas tasas de fracaso escolar entre los chicos, comprobadas por diversas instituciones, como la OCDE y Eurostat, se producen especialmente en donde se les trata conjuntamente con las chicas. Obviamente, esto lleva a recordar que el desarrollo biológico y psicológico de las chicas y de los chicos no es el mismo, como tampoco lo es la impulsividad física de los varones, cuestiones que tienen sus consecuencias escolares en ciertas edades.
Todos estos ataques a la enseñanza concertada o a los centros que escogieron la opción pedagógica de una enseñanza diferenciada por sexo no son nuevos, en su finalidad, pues ya han ido apareciendo en sucesivas leyes aprobadas por ciertos gobiernos y generalmente rechazadas, más o menos parcialmente, por el Tribunal Constitucional. Quizá las causas de estos ataques continuos son variadas. Pero pienso que si se sigue insistiendo en ellos es, sobre todo, por la obsesión de que el espacio público educativo haya de reservarse a las instituciones donde es más fácil controlar la idea de que la libertad carece de toda referencia iluminadora, siendo esencialmente expresión de nuestros deseos. Ahora bien, la libertad, declarada por Don Quijote como «uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos», sabemos bien que no siempre nos hace más humanos, y que la reflexión sobre las aportaciones de esos gigantes sobre cuyos hombros deseamos encontrarnos, nada tiene que ver con la posición de quienes creen que no hay verdad humana ni criterios de discernimiento sobre ese mar de propuestas que hoy llevan a muchos a danzar sobre el sentimiento, como se promueve desde la ideología dominante.
Cuando realmente deseamos colaborar en el pleno desarrollo de la personalidad es necesario iniciar en el conocimiento de las grandes aportaciones que han hecho los filósofos más destacados, los literatos que mejor han conocido el corazón del hombre, las personas que han experimentado más de cerca los valores del espíritu, o los historiadores que nos enseñan los hechos que han configurado nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Cuando no se cree que quepa alcanzar verdad alguna es fácil caer en la tentación de alejar del espacio público a las instituciones que propongan el conocimiento, la reflexión y el sentido crítico, pretendiendo sustituirlo todo por unas competencias no basadas en el saber, que se limitan a buscar el éxito social y económico. Pero ese es un camino doblemente equivocado, y por ello es muy de agradecer el surgimiento en estos últimos tiempos de grupos de padres, de alumnos universitarios, o de profesores tanto de la enseñanza pública como de la privada, que protestan ante el derrotero que va tomando la política educativa.
Hoy, las iniciativas sociales son muy necesarias. Ahora bien, quizá es razonable concluir estas líneas señalando que uno de los objetivos de la separación de poderes radica en preocuparse por no permitir que el espacio público esté exclusivamente en manos de quien tiene el poder político. Por ello tiene tanta importancia que el poder judicial responda con urgencia cuando se pretende cometer un atropello.
José Antonio Ibáñez-Martín es catedrático de Filosofía de la Educación.