Plurilingüismo a la valenciana

El PP de la Comunidad Valenciana concurrió a las elecciones del 22 de mayo con un programa que incluía la promesa de un modelo plurilingüe en las escuelas basado en la «presencia equilibrada» del valenciano y el castellano y en la incorporación del inglés como lengua vehicular. Consecuentemente, en los primeros días de junio el consejero de Educación de la Generalitat Valenciana, Alejandro Font de Mora, dio a conocer un proyecto de decreto destinado a poner en práctica su promesa electoral.

Visto desde fuera, resulta evidente que en este proyecto hay cosas que no cuadran. De hecho, la posible generalización del plurilingüismo tal como lo entiende Font de Mora plantea dudas jurídicas bastante graves. En primer lugar, la generalización de este modelo sería difícil de conciliar nada más y nada menos que con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Apurando las posibilidades de la sintaxis, el artículo 6 del Estatuto reconoce el derecho «a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano». Si el Gobierno de Camps piensa seguir los pasos de Núñez Feijóo en Galicia e implantar su modelo de plurilingüismo en todas las escuelas de la comunidad, debería explicar a los ciudadanos en qué va a quedar el derecho de «todos» a recibir la enseñanza en valenciano reconocido por el Estatuto y validado por el Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, la posible generalización de este modelo también siembra dudas respecto de su compatibilidad con la ley de uso y enseñanza del valenciano, según la cual los alumnos, cuando finalicen sus estudios, «han de estar capacitados para utilizar el valenciano en igualdad con el castellano». El consejero Font de Mora pretende ignorar que en determinados contextos la «presencia equilibrada» del valenciano y el castellano puede hacer peligrar este objetivo de bilingüismo terminal.

Aunque técnicamente los estatutos de autonomía sean leyes orgánicas del Estado, podríamos decir que estos dos reproches incumben al Gobierno valenciano. Pero hay un tercer aspecto que compete directamente al Gobierno español. El Reino de España ratificó en su día la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y al hacerlo se comprometió a «prever» una educación preescolar, primaria y secundaria en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes. En su último informe sobre España, el Comité de Expertos que supervisa la aplicación de la Carta se expresó de modo tajante sobre el caso valenciano: excepto el modelo de plena inmersión, ninguno de los otros modelos aplicados hasta ahora en la Comunidad Valenciana «alcanza el nivel exigido por los compromisos específicos contraídos por el Gobierno español». Ante esta tesitura, el Comité de Expertos alentó a las autoridades competentes «a establecer modelos educativos fundamentalmente en valenciano para todo el programa escolar de la enseñanza primaria, así como para la enseñanza secundaria». El Gobierno español acaso debería decir algo sobre este asunto, porque es obvio que la «presencia equilibrada» del valenciano y del castellano que promete Font de Mora no es el modelo «fundamentalmente en valenciano» que piden los expertos del Consejo de Europa para que el Reino de España honre sus compromisos internacionales.

En cuanto Font de Mora habló, determinados sectores sociales y políticos de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana se lanzaron en tromba contra su propuesta con el argumento de que el plurilingüismo que propugna el PP va en detrimento de la lengua propia. Estos sectores tienen buenas razones para dudar de las intenciones del PP respecto al valenciano, y para muestra basta un botón. En su programa electoral, el PP dice que «apuesta decididamente por el uso de nuestra lengua y su normalización en todos los ámbitos», e incluso llega a decir que el objetivo lingüístico más importante es «favorecer que utilicemos el valenciano en la comunicación pública». Sin embargo, no predica precisamente con el ejemplo: es inútil buscar en la página web del PP la versión en valenciano del programa que contiene estas grandilocuentes afirmaciones.

Pero incluso aceptando estas buenas razones para dudar de las intenciones del PP, ciertas reacciones catalanas resultan poco edificantes. En Catalunya, un argumento habitual a favor de la inmersión lingüística es que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, que se traduce en amplias mayorías parlamentarias de los partidos que defienden este modelo. Si el modelo plurilingüe de Font de Mora goza también del apoyo ciudadano, acaso debería merecer un mayor respeto entre los demócratas catalanes. No es posible olvidar que el programa electoral del PP obtuvo el respaldo de casi el 50% de los votantes (más de 1.200.000 personas), que dieron a Camps una holgada mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. Si la mayoría de valencianos prefieren implantar un modelo de «presencia equilibrada» en lugar de otro «fundamentalmente en valenciano», aunque esto termine siendo perjudicial para la lengua propia de la comunidad, ¿cómo iríamos a impedírselo?

Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.

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