A la llegada de Aznar al poder en 1996, un asunto minúsculo, como el relevo del comisionado gubernamental en el consejo de administración de la extinta compañía pública Aviaco, se enquistó de modo inaudito. Tal percance se debió a la terquedad de quien estaba obligada a dejar su sitio con el nuevo Gobierno. Se trataba de la inspectora de Hacienda, sin mayor relevancia pública entonces, Magdalena Álvarez. Luego consejera andaluza con Chaves, donde anduvo a la greña con la hoy vicepresidenta Carmen Calvo hasta defenestrar al entonces marido de ésta como consejero de CajaSur, y posteriormente ministra con Zapatero hasta su cese y designación –a modo de óbolo– como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De allí debió marchar por la puerta trasera en 2014 tras ser imputada en el sumario de los falsos ERE andaluces. Como promotora del procedimiento ilegal –calificado de «fondo de reptiles» por la magistrada– arbitrado para aquella estafa milmillonaria con el dinero de los parados que se desarrolló entre 2001 y 2010.
Pero, si extravagante resultó su obstinación, más lo fue descubrir que esta ex jefa de la Alta Inspección Tributaria con el ministro Borrell se sirvió de esa sinecura para disfrutar de 444 vuelos familiares «gratis total». Ello granjeó el apodo de Lady Aviaco a quien justificó la tropelía –con proverbial desahogo– porque «¡estoy en mi derecho!». Con esos malos principios, que en un país anglosajón la habrían incapacitado para la tarea pública, era ilusorio tener buenos finales. Más que piedra de escándalo, fue canto rodado yendo de exceso en exceso hasta su condena a nueve años de inhabilitación especial por prevaricar con unos ERE podridos usados para dilatar 40 años de régimen clientelar socialista y certificar la acción corruptora del poder.
Con pareja resistencia numantina que en Aviaco, Álvarez se aferró talmente a la vicepresidencia del BEI. Pese a los requerimientos para preservar la imagen de la institución, pareció resuelta a atarse simbólicamente a una catenaria. Como aquella a la que, siendo ministra de Fomento, emplazó a Esperanza Aguirre por querer colocar como presidenta madrileña una placa de la nueva línea de metro que comunicaba con la terminal 4 del aeropuerto de Barajas que entonces se inauguraba. En el único sitio de la T4 en el que podía estar Aguirre, según vociferó, era «tumbada en la vía o colgada de la catenaria». Por nada del mundo Álvarez quería perder un momio de 23.000 euros mensuales de vellón, más otras brevas. En junio de 2014, no le quedó otra que dejar Luxemburgo a quien solía blandir como escudo en sus escaramuzas parlamentarias: «Antes partía que doblá».
Al modo de las Vidas paralelas de Plutarco, las andanzas de la Lady Aviaco Álvarez cobran actualidad y semejanza con las peripecias de hogaño de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya biografía política es parangonable al haber sido ambas consejeras andaluzas y luego ministras, y lleva visos de constituirse en Lady Plus Ultra. No en vano, al depender de ella la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es la principal bienhechora, junto al ministro Ábalos, de los 53 millones del ala inyectados a la compañía aérea hispano-venezolana Plus Ultra vinculada al chavismo y cuyo escándalo alcanza tan altos fondos como bajos vuelos.
«Déjense de fantasmas porque, por si no lo saben, los fantasmas no existen», se defiende Montero con las frases hechas y muletillas de siempre. Sin desvanecer la alargada sombra que se cierne sobre un cambalache que destila trato de favor por sus poros y que compromete a España. Justo cuando se juega la gestión de 140.000 millones del fondo de recuperación con el que la UE quiere impulsar su economía a resultas de la pandemia del Covid-19 y que ha frenado cautelarmente el Tribunal Constitucional alemán. Nuevos polvos, en suma, que traerán nuevos lodos como aquellos de los que, de Despeñaperros para abajo, fue testigo y protagonista Montero. Resultan tan incorregibles, al decir de Borges, como son sus compatriotas peronistas.
Si ya el «camarada Ábalos», evocando sus tiempos de guerrillero comunista en Latinoamérica hasta engrosar la legión de peceros que desembarcaron en el PSOE con el triunfo de González en 1982, fue incapaz de aclarar su clandestina reunión –envuelta en la neblina de la nocturnidad y en el trajín de maletas– en Barajas con la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibida su entrada en territorio europeo por crímenes de lesa humanidad y agios, dando más versiones que horas tiene el día, otro tanto acaece con la graciosa dádiva a una firma a la que se le dispensa, por sus conexiones en Madrid y en Caracas, la máxima caciquil de «al amigo, el favor; al enemigos, la ley». Pese a negar su participación como en el Delcygate, Ábalos ha vuelto a ser clave, como no podía se de otra manera dada la naturaleza del negocio, reincidiendo en componendas en los que se mueve cual cocodrilo en aguas pantanosas.
Contraviniendo los criterios establecidos para el reparto de este fondo estatal de 10.000 millones para afianzar la solvencia de empresas estratégicas afectadas por el coronavirus, y en contra de lo argumentado por la ministra de Hacienda, Plus Ultra es dudosamente española, carece de valor estratégico y su viabilidad ya estaba cuestionada antes del Covid-19. Dada la madeja de sociedades interpuestas que velan la identidad real de los tenedores de la mayoría de sus acciones, habría que decir con sorna aquello que manifestó Churchill cuando le preguntaron, en 1939, qué iba a hacer Rusia con relación a la Alemania nazi: «Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma». Salvo para el compadrazgo de intereses cruzados que conducen a las familias chavistas de la tiranía de Maduro, choca igualmente que, con un solo avión en propiedad, pueda ser estratégica para la navegación aérea española cuando, además, en 2019, cursó el 0,03% de los 2,36 millones de operaciones controladas por Aena y efectuó un solo vuelo en los dos primeros meses de este año. Ni tampoco acreditaba su viabilidad y solvencia exigidas por parte de administradores, condenados en un caso a pena de cárcel por delito fiscal o acusados en otro de estafa por la quiebra de Air Madrid en 2006. De hecho, desde 2011, acopia pérdidas con un riesgo sistémico para la Banca que le denegó financiación crediticia.
Para más inri, como destapó Carlos Segovia en EL MUNDO, los principales beneficiarios de la ayuda y máximos accionistas, los venezolanos Rodolfo Reyes y Raif El Arigie, operan con sociedades panameñas cuando hace un mes la aliviada vicepresidenta Calviño, tras salir del gobierno ese golden boy de la nueva política que ha resultado ser el descastado Iglesias atendiendo al patrimonio atesorado del Presupuesto, ratificó, junto a sus homólogos europeos, la inclusión de ese país en la lista negra de paraísos fiscales que no cooperan con la UE. Desde su retiro político, el ex ministro Soria, quien hubo de dimitir en 2016 por su vínculo con una naviera familiar radicada en Jersey, debe estar perplejo de cómo la vicepresidenta Calviño refrenda en el Consejo de Ministros que preside Míster Falcon Sánchez este Plus Ultra de la Corrupción y cómo la ministra Montero quiere reducirlo a realidad espectral pese al intenso olor a podrido que desprende. No es que haya dos varas de medir, sino tantas como exijan la arbitrariedad y la discrecionalidad políticas.
Para remate, el gatuperio se registra cuando la SEPI lleva sin presidente desde octubre de 2019. En esa fecha, Vicente Fernández Guerrero, ex secretario general de Industria y Energía de Andalucía, fue procesado por adjudicar sin el «más mínimo rigor» la reapertura del yacimiento sevillano de Aznalcóllar –tras romperse la balsa de minerales en 1998 anegando de lodo el río Guadiamar hasta lindar Doñana– a un consorcio participado por una firma mexicana causante del vertido tóxico del río Sonora. Todo ello después de subvencionarse con 10,1 millones a la sociedad onubense Minas de Aguas Teñidas (Matsa), apoderada por Paula Chaves, en un Consejo de Gobierno presidido por su padre tras alterar la norma a capricho.
Más allá de especulaciones sobre si Montero le reserva el puesto a Fernández Guerrero confiada en que saldrá bien librado judicialmente, diríase que el consejo gestor de la SEPI, en el que figuran altos cargos de los ministerios de Calviño (Economía), Montero (Hacienda), Maroto (Industria) y Ribera (Energía), obró con Plus Ultra –y luego refrendó el Consejo de Ministros– con el desparpajo que reveló una investigación judicial sobre la sociedad de capital-riesgo de la Junta. En Invercaria, se prestaban ayudas a empresas cuya solvencia acreditaba el grado de afinidad de los solicitantes dado que, como refutó su presidenta, Laura Gómiz, a un técnico que le puso remilgos a los chanchullos: «Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización». Nada que ver, desde luego, con la exigencia de que estas contribuciones deben concederse bajo «los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y protección del interés general».
No por casualidad, sino por hábito, esta trapacería se registra cuando la ministra Montero, como otros ex consejeros andaluces, está incursa en la investigación judicial abierta por posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en torno a los más de 80 millones cobrados irregularmente por la fotovoltaica malagueña Isofotón cerrada en 2013. En un auto fechado el pasado 21 de febrero, la juez solicita a la nueva administración autonómica una decena de acuerdos adoptados por sus órganos de Gobierno entre junio de 2007 y julio de 2012 durante las presidencias de Chaves y Griñán.
Entre ellos, una reunión clave de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, con asistencia de la hoy ministra, así como su colega de Agricultura, Luis Planas, del 3 de julio de 2012, cuando ya se encontraba sometida a pesquisas judiciales la sociedad en la que otra ministra de Sánchez, Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, fue directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados entre septiembre de 2012 y mayo de 2013. Si Chéjov apreciaba que era difícil distinguirse en Moscú por ingerir mucho vodka, similar complejidad estriba descollar entre tanta trapacería.
En suma, el escándalo Plus Ultra tiene todas las trazas de haber servido para beneficiar a una empresa zombi pese a prohibirlo, de modo taxativo, la regulación de estos fondos públicos difícilmente recuperables desde la misma hora de su aprobación en prevalencia con otras empresas y sectores económicos que, ateniéndose a la ley, los verán volar cuando los precisarían como agua de mayo para salvar sus negocios de perecer. Visto con perspectiva histórica, ya hubieran agradecido tantas facilidades de financiación quienes, a bordo del hidroavión Plus Ultra, protagonizaron en 1926 la primera travesía aérea del Atlántico sur, volando desde Palos a Buenos Aires.
Aquella epopeya del cuarteto de heroicos aviadores Franco, Ruiz de Alda, Durrán y Rada deslumbró a la prensa norteamericana al anotar que «el prestigio español ha logrado en América un valor que nunca alcanzó desde la Independencia». A diferencia de aquella proeza ignorada seguramente por membrillos como el alcalde de Palma de Mallorca, de cuyo nombre mejor no acordarse, ejemplificando la conjura de necios presumidos que asola España y que veja a los héroes españoles de la batalla de Trafalgar quitándoles las calles amparado en que «no se puede saber de todo», el aquelarre de este otro Plus Ultra no es ningún timbre de gloria para España, aunque tal vez sí para unos gobernantes enajenados del interés general.
Francisco Rosell, director de El Mundo.