PNV, el precio de la desmemoria

Por obvias razones de interés económico y político, el PNV ha avalado la estabilidad del gobierno socialista, de ser posible hasta 2020. Necesita recoger los frutos de unos presupuestos tan generosos y de paso frenar a Ciudadanos. Amén de cobrar un nuevo peaje, haciéndose con la Seguridad Social. Paradójicamente esa actitud no representa un paso adelante para la inclusión plena de los nacionalistas en el sistema constitucional, sino que se ve acompañada por una iniciativa en dirección opuesta, al reivindicar una soberanía vasca asociándose con Bildu. Algo que difícilmente se entiende si pensamos en la cordialidad que presidiera el último encuentro Urkullu-Sánchez.

A estos efectos conviene releer el texto elaborado el 5 de mayo último por el PNV, como “propuesta de conceptos a incluir en el Nuevo Estatus Político”. Supone una muestra más de otra paradoja: la extinción definitiva de ETA como organización se ha visto acompañada por su supervivencia política e ideológica en la sociedad vasca. Y nada mejor para comprobarlo que la comunión de propósitos exhibida por PNV y Bildu, por Ortúzar y Otegui, con sus gotas de Podemos, en la multitudinaria cadena humana del domingo día 10 de mayo.

La movilización fue un gran éxito y de carácter festivo, proclamando una y otra vez que el “derecho a decidir”, léase autodeterminación, constituye una exigencia democrática. Los convocantes y los celebrantes olvidaron el pequeño detalle de que el ejercicio de la autodeterminación solo tiene sentido si se trata de obtener la independencia, o su paso previo, y que de momento desean ese desenlace menos de un tercio de los vascos. Claro que en el pensamiento de los protagonistas políticos del acto anida sin duda la idea de que también a comienzos de la década el independentismo era muy minoritario en Cataluña, y que bastan los sucesivos ejercicios de manipulación del discurso y las movilizaciones para alcanzar la meta catalana. En sus palabras, Urkullu se ha distanciado de esa vía de progresiva ruptura, aunque está impulsando con fuerza su puesta en marcha. Hay una aparente contradicción entre su advertencia de que una reforma de la Constitución requerirá mucho consenso, y la petición a Sánchez de más “autogobierno y bilateralidad”.

De ahí que sea preciso recordar que el nacionalismo democrático de hoy y el de ETA (y Bildu) tienen unos orígenes comunes en la matriz sabiniana, los cuales, según muestra el proyecto del PNV siguen vivos en aspectos esenciales. Sin cambios de fondo en la concepción del País Vasco, el partido de Ortúzar se mantiene fiel a la lógica ignaciana que patentara Arzalluz, consistente en entrar con el enemigo para salir ventajosamente consigo mismo. Y con buenos frutos, tal y como prueban sus recientes maniobras.

A lo largo de la transición el péndulo osciló entre el distanciamiento pragmático del PNV respecto de ETA, polo positivo, y en el polo opuesto, la inclinación hacia la transigencia, cuando no a la protección y a la asociación con el cerco social al “enemigo” decretado por la banda. Incluso en Lizarra, llegando a la alianza con eso que los antiguos jelkides siguen llamando “la violencia”. Entre tanto el PNV se presentaba como adalid del “diálogo” y las soluciones “políticas”.

La realidad siguió otro camino, con ETA destruida por las actuaciones judiciales y policiales, más Francia. No acabó con ETA una sociedad vasca que nunca fue el sujeto activo de su desmantelamiento. Así pudo esa misma sociedad pasar de manera indolora, y también mayoritaria, a conformarse con la reconciliación basada en el olvido y no “la venganza” (o en la amalgama de unos y otros como culpables y víctimas).

Sin autocrítica alguna en PNV y ETA, que habían conquistado para el nacionalismo la hegemonía electoral e ideológica sobre la sociedad vasca. El nacionalismo sabiniano, convenientemente limado, se impuso por maceración. ETA pudo ser vencida en cuanto organización terrorista, pero la presencia de sus visiones mitológicas y maniqueas sobrevivió, y no solo en Bildu, sino en el discurso de un PNV que ahora retoma amablemente la senda de Ibarretxe.

De otro modo, no cabría entender la cascada de despropósitos integrados en la Propuesta de Nuevo Status Político. Así se nos dice que hay un pueblo, Euskal Herría, con “identidad propia”, depositario “de un patrimonio lingüístico, cultural y jurídico propio, que ha pervivido a lo largo de la historia”. Cuando lo que muestra esa historia es la fragmentación vasca, la presencia de las culturas y las lenguas francesa y española, y qué decir del marco jurídico-constitucional.

Del Estatuto, valorado positivamente, no pasan a su reforma sino a una confederación decidida desde Euskadi, unilateralmente, en virtud de su “derecho a decidir”. De paso, la Propuesta afirma que “el Pueblo Vasco es una Nación”. ¿Desde cuándo referido a Euskal Herria? ¿Conocen los redactores algo de la historia real de las zazpi Euskalerriek, las componentes de las actuales Euskadi, Navarra e Iparralde,que como el poeta Orixe en su viejo canto dan por unificadas?

Una vez más, el PNV busca la piedra angular de su proyecto en “la actualización de esos derechos históricos vascos que la Constitución de 1978 ampara y respeta”. Solo que la adicional primera fija que tal actualización debe darse “en el marco legal de la Constitución y de los Estatutos de autonomía”. Desde aquí toda la argumentación es torticera, desembocando en una contradicción insalvable: ¿Cómo “atender al principio de legalidad”, imponiendo “derecho a decidir”? Al partir de la desmemoria de los años de plomo, con ETA fundida en el correspondiente cocktail de “violencia política”, y del falseamiento del derecho y la historia, no cabía esperar otro resultado. Pésimo augurio, por encima de la aparente sensatez.

Antonio Elorza es profesor de Ciencia Política.

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