Poco pan y mucho circo ¿A dónde lleva la Constitución “Madurista”?

Los al menos 35 los muertos en las protestas de los últimos días en Venezuela son prueba de la creciente crispación política y social en un país dividido, empobrecido, violento y en colapso económico. Con el país en llamas y un descontento generalizado, el presidente Nicolás Maduro sorprendió el 1 de mayo con el anuncio de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Ésta sustituiría la Constitución de 1999, herencia de Hugo Chavez quien, ante la incapacidad de superar la crisis económica y social, se aferró a este texto como principal fuente de legitimidad.

Recordando el precedente de la única derrota electoral de Chávez en 2007, cuando pretendió eternizarse en el poder y convertir Venezuela en un país autoritario por referéndum, la apuesta de Maduro puede ser muy arriesgada para el régimen en un clima mucho más crispado que entonces. Con esta medida pretende sobre todo distraer a los suyos en una nueva movilización constante (circo en vez de pan) y ningunear a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, después del torpe intento de cerrarla directamente a través de una sentencia del Tribunal Supremo. Con su maniobra de inhabilitar al Parlamento, el Gobierno subestimó la firme reacción de la comunidad internacional, incluyendo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Ahora trata de nuevo de boicotear la Asamblea Nacional convocando una Asamblea Constituyente paralela escogida entre sus afines, ignorando el poder legislativo vigente. Para ello, Maduro invoca el artículo 347 del Capítulo III del Título IX en la vigente Constitución que señala “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”. Según el artículo 348, el Presidente de la República en Consejo de Ministros puede tomar la iniciativa, al igual que la Asamblea General por acuerdo de dos terceras partes, los Consejos Municipales en Cabildos y el 15 por ciento de los electores inscritos en el registro. Lo que no explica la Constitución es cómo se debe constituir esa Asamblea Constituyente, pero no puede sustraerse al sufragio universal.

Mientras la oposición acusaba al Presidente de golpista, Maduro anunció que la Constituyente estará integrada por 500 miembros del pueblo, la mitad por miembros de la “clase obrera” y la otra por miembros de las comunidades locales. Sin embargo, los temores son que esté íntegramente compuesta por las bases chavistas y con ellas se transforme la estructura institucional democrática pluripartidista y con elección directa, universal y secreta, en un sistema de cooptación no competitivo, de partido único, que acabe con todo vestigio del modelo de democracia liberal con división de poderes. Con esto en mente, la oposición no acudió a la invitación de diálogo del Presidente.

Creciente aislamiento regional y giro de política exterior

La degradación institucional, la deriva autoritaria y el número de presos políticos ha conducido a un creciente rechazo al gobierno de Maduro en la región. La escalada de la tensión con el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luís Almagro, llevó al gobierno de Maduro a solicitar la salida de la organización para evitar ser expulsado a través de la puesta en marcha del artículo 9, que exige una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea General y la aplicación inminente de la Carta Democrática Interamericana. Ya antes, los cambios de gobierno en Argentina y Brasil llevaron a su suspensión de MERCOSUR por incumplimiento de los acuerdos. Los reequilibrios de poder en la región también propiciaron que la convocatoria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 2 de mayo, solicitada por Venezuela para buscar respaldo, acabara sin ninguna resolución.

Entre tanto, Venezuela trata de encontrar alternativas. En abril de 2017, el influyente ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, participó en una conferencia de seguridad internacional en Rusia buscando el apoyo de Putin, que ya ha concedido varios créditos a la empresa petrolera PDVSA y envía armas ligeras. China también concedió en 2015 un préstamo de 10.000 millones de dólares al Estado venezolano para refinanciar la deuda y modernizar PDVSA. En total, Venezuela ha recibido unos 65.000 millones de dólares de China, algo más de la mitad de toda la inversión del país asiático en América Latina. Venezuela también ha diversificado su comercio exterior. Aunque en 2016, Estados Unidos siguió representando un 29% del total del comercio venezolano, con un 14%, China ya es su segundo socio y la India con un 10% el tercero, seguido en cuarto lugar por una Unión Europea que, con poco más del 6%, no tiene un peso relevante. Venezuela apenas recibe cooperación al desarrollo lo cual reduce los instrumentos de Europa y Estados Unidos para “sancionar” económicamente o influir políticamente. De este modo, la Revolución Bolivariana ha modificado los fundamentos de una política exterior antes orientada hacia el mundo Atlántico.

La transición hacia el desastre y el autoritarismo ¿Sin salida del laberinto?

Venezuela muestra cómo se puede transitar, con los instrumentos de la democracia, hacia un autoritarismo pretendidamente legitimado por un nada transparente proceso de participación ciudadana. La espiral de violencia y la transición a la inversa que tienen lugar en Venezuela son el resultado de muchos años de mal gobierno. La Presidencia de Nicolás Maduro ha quedado tan debilitada que, tras bloquear el referéndum revocatorio mediante el control de la autoridad electoral, ya no quiere convocar ni las elecciones regionales previstas en diciembre de 2016, ni las municipales de 2017 porque sabe que las va a perder. En su lugar convoca la Constituyente para ganar un tiempo que le permita llegar a las presidenciales de 2018 con una nueva Constitución a su medida.

Todos los intentos de la OEA, de UNASUR y del Vaticano de encontrar una salida negociada al conflicto fracasaron ante la imposibilidad de tender puentes entre Gobierno y oposición, enrocados en posturas irreconciliables. La dramática situación en Venezuela contrasta con dos fenómenos difíciles de asociar con la actual imagen de un país en emergencia. Primero, la sólida convicción democrática de sus ciudadanos que aparece en las encuestas del Latinobarómetro donde alcanzan los índices más altos en la valoración de la democracia. Segundo, es el único país latinoamericano cuyas reservas petroleras deberían garantizar una cierta riqueza, o al menos evitar el hambre y la pobreza, lo cual abona la teoría de la maldición de los recursos si no son administrados con responsabilidad.

La hiperinflación, por encima del 1000%, generada por la estrategia de imprimir dinero y multiplicar los salarios mínimos, ha terminado con los avances sociales que había logrado el chavismo cuando llovían los petrodólares. Venezuela sufre el drama de depender en un 90% del oro negro, pero también de la incapacidad de sus gobernantes, con niveles históricos de corrupción. Ante una recesión del -8%, una deuda externa del 69% del PIB y un déficit público ya incalculable parece puro cinismo que Nicolás Maduro plantee con su nueva Constitución crear un “Estado post-petrolero” o institucionalizar las Misiones (programas sociales con ayuda cubana) de las que poco queda en un Estado en bancarrota.

La absoluta falta de voluntad y capacidad de negociar para resolver los gravísimos problemas ha hecho que se prolongue el cada vez más violento tira y afloja entre gobierno y oposición. El general Padrino dice que las Fuerzas Armadas, con 180.000 efectivos, defenderán la Constitución y no ve ruptura democrática en el proceso constituyente. También afirma tener bajo control a 400.000 milicianos armados civiles, al tiempo que tacha de insurrectos a los manifestantes. Si se les roba el voto, se acrecienta el riesgo de implosión violenta y de una escalada de represión. Cuanto más se ahonde en la fractura política y social más difícil será salir del pozo negro en el que se encuentra el país, y cuyas consecuencias sufren los ciudadanos.

Anna Ayuso, investigadora sénior de CIDOB y Susanne Gratius, investigadora asociada de CIDOB.

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