La respuesta sencilla, inmediata y contundente es que sí, si que podemos. Lo que sucede es que lleva a otra pregunta inmediata: ¿por qué, entonces, no se ha hecho ya? Y contestar lleva ahora más tiempo porque hay que refrescar la memoria.
Antes que nada, una precisión: en adelante nos vamos a referir a los médicos de los servicios de Urgencias de la sanidad pública de Madrid, que son –junto con los intensivistas, las enfermeras y los demás profesionales de cada hospital que se han volcado en la ayuda– quienes han cargado, desde la primera línea de defensa, con la pandemia del coronavirus en el lugar de España más afectado. Y cabe ponerlos como ejemplo porque, entre los numerosos abusos que han cometido todas las administraciones con los funcionarios interinos –el sindicato CSIF calculaba hace cuatro años en un 20% el número de interinos en España en los sectores de sanidad y educación–, los médicos de Urgencias de Madrid son los que han sido atropellados de forma más escandalosa.
La legislación española obliga a convertir en interino a cualquier contratado para una plaza de personal estatutario (funcionario) cuando lleve dos años ejerciendo. Y concede dos años más para sacar la plaza a oposición. Pero, por lo que hace a los médicos de Urgencias de Madrid, desde el año 2000 no se había convocado oposición alguna. Hasta que en mayo de 2009 el Servicio Madrileño de Salud lanzó una oferta pública de empleo para cubrir 5.288 plazas de personal estatutario fijo (funcionarios, vamos) en diferentes especialidades de la atención sanitaria, incluyendo la de Urgencia Hospitalaria aunque con un número ridículo, por lo precario, de plazas. Los aspirantes a pasar las pruebas selectivas pagaron los derechos de examen. Pero, ¡oh causalidad!, éste no se realizó jamás en dicha especialidad de urgencias, ni a los interesados se les devolvió nunca lo que habían abonado.
La historia, como advirtió Carlos Marx, tiende a repetirse, así que el Servicio Madrileño de Salud volvió a convocar a principios de 2019 una nueva oferta pública de empleo que incluía entre las plazas a cubrir la de los médicos de urgencia hospitalaria. Con la particularidad de que cualquier médico recién estrenado podía presentarse al concurso oposición en las mismas condiciones que quienes llevaban 20 años trabajando en los servicios de Urgencias. No es extraño que numerosos profesionales de tales servicios se plantasen y recurrieran ante la Justicia reclamando que se les reconociesen los servicios prestados. Todos sus recursos fueron rechazados en espera, según se decía, de que fuese el Tribunal de Justicia de la UE el que sentase cátedra.
Como decíamos, el Servicio Madrileño de Salud había convocado en febrero de 2019 oposiciones. Debían celebrarse en noviembre del mismo año; sin embargo, no fue así y antes de que comenzasen aparecieron dos nuevos actores en el escenario ya casi perpetuo: la pandemia y un fallo de la Justicia europea.
Desde la proclamación en España del estado de alarma, los vecinos salen cada tarde a aplaudir y vitorear a los trabajadores sanitarios. Pero se trata de una mera anécdota si se compara con lo que han hecho los jueces.
El 19 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia condenando el abuso sistemático que lleva a cabo la Administración pública española en el sector sanitario. Europa trasladaba a los juzgados españoles la obligación de establecer las medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos de temporalidad, es decir, la perpetuación del contrato de interino. El Tribunal examinaba en su fallo tres vías para castigar la reiteración de los abusos de la sanidad madrileña: sacar las plazas de los interinos a oposición, nombrar a los interinos como indefinidos no fijos, o darles una indemnización equivalente a la del despido improcedente de un funcionario.
Como hemos indicado antes, el Servicio Madrileño de Salud había optado ya por la primera vía, la de sacar a oposición las plazas. Pero el tribunal europeo ha descalificado de forma expresa en la sentencia citada semejante solución porque no garantiza ni por asomo que las pruebas se vayan a celebrar en los plazos establecidos. Ya indicábamos antes que las de Urgencias de 2008 jamás se realizaron y las del 2019 han sido aplazadas sine die. Por añadidura, el TJUE sostiene que convocando oposiciones no se cumple la condición de que las administraciones paguen por sus abusos.
La fórmula de los indefinidos no fijos tampoco le parece al tribunal europeo una buena solución porque, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, semejante figura no equipara a la del personal estatutario fijo de verdad, es decir, a los funcionarios. Quedan, pues, las indemnizaciones.
Pero, ¡ay!, con la Iglesia hemos topado, Sancho. Con la burocracia en este caso. En un momento anterior, el 22 de enero de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictado otra sentencia respondiendo a un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid sobre el derecho de los interinos a percibir indemnizaciones. El tribunal europeo recordó –como ya había hecho en ocasiones anteriores– que la Administración española jamás ha establecido cuál debe ser el alcance de dichas indemnizaciones; sólo detalla las que corresponden a los funcionarios si son apartados de su cargo. Y quedaba obligada a hacerlo.
Si los ministros, secretarios, subsecretarios, consejeros, directores generales o lo que sea hubiesen hecho sus deberes, habrían establecido de inmediato, después de enero de este año, las indemnizaciones que deberían cobrar los interinos para compensar los abusos a los que han sido sometidos. Pero no lo han hecho; la sentencia nueva del tribunal europeo del 19 de marzo les ha cogido otra vez con los calzones en el suelo.
Así que las salidas que daba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver la incompetencia casi criminal de las administraciones españolas no son viables. Ni las oposiciones, si alguna vez se hacen, ni la fórmula del indefinido no fijo, ni las indemnizaciones, que nunca se han definido ni detallado. Y ya es tarde para hacerlo.
Volvamos al principio. ¿Podemos hacer algo por los médicos de Urgencias de Madrid, además de aplaudirles a las ocho de la tarde? Claro que podemos. Podemos pagarles las primeras 10 horas de cada guardia que les quitan del sueldo –en Madrid; hay otras muchas comunidades que no lo hacen– cuando el presidente Zapatero impuso la jornada de 37,5 horas semanales. Podemos convertir a todos los que han batido el cobre –arriesgando sus vidas sin medios de protección adecuados, sin test suficientes, sin apenas descanso, para detener una pandemia contra la que la Administración actuó tarde y mal– en personal fijo de verdad; en funcionarios.
Y si alguna autoridad pregunta cómo se puede nombrar personal estatutario sin oposición, la respuesta es obvia, aparte de solicitarte que aclare cómo fue ella misma nombrada: ¿su Administración ha mantenido durante tantos años como médico a alguien en un puesto de trabajo tan esencial para la salud publica sin ser apto para ocuparlo?
Pero no nos engañemos. La verdadera respuesta la tienen que dar ahora los tribunales españoles. Esos profesionales de Urgencias de Madrid a los que aplaudimos a las ocho de la tarde la están esperando.
Camilo José Cela Conde es profesor emérito de la Universidad de las Islas Baleares y presidente de la Fundación Charo y Camilo José Cela.