¿Podemos ser monárquicos ya?

Usted, lector, lo habrá escuchado tantas veces como yo: «No soy monárquico, pero me siento a gusto con esta monarquía, cambiar de régimen no es un debate que me interese en este momento, la monarquía cumple su función, mi corazón es republicano, pero tengo simpatía por este Rey que encarna los valores del republicanismo mejor que muchos políticos, etcétera». Durante décadas este ha sido el alambique retórico por el que muchas inteligencias del país han destilado su respaldo a la monarquía en España: yo-soy-republicano-pero. Valgan de ejemplo estas palabras pronunciadas hace poco por el presidente Felipe González: «Nunca fui monárquico y creo que a estas alturas ya no lo seré, pero prefiero una monarquía republicana como la que tenemos a una republiqueta». Pues bien, habiendo incurrido yo mismo en circunloquios parecidos, propongo una salida del armario colectiva: dejar caer el último velo de la impostura y declararnos monárquicos, sin más meandros ni más melindres.

La propuesta no va dirigida a los republicanos honestos, que en su sagrado derecho están, sino a los deshonestos, que son, diría, la mayor parte: aquellos que en su fuero interno saben que fue un acierto restaurar la Corona en 1978; que la institución cumple con eficacia su cometido; que cambiar de sistema no traería ventajas y sí, con toda probabilidad, bronca y problemas; que votarían, en definitiva, a favor de mantener la monarquía en un hipotético referéndum, y que aún así, por pura coquetería, por puro postureo, siguen haciendo alarde de «alma republicana». Francamente, en un país con tan poca verdad como España, esta es una comedia que nos podríamos ahorrar. Y como ya escucho titubear a más de uno, corro a repasar razones para aliviar conciencias.

Podemos ser monárquicos yaEn primer lugar, España ya es una república, en el sentido que siempre importó: una comunidad que se autogobierna libremente en régimen de igualdad civil. Cierto, en España hay Rey, pero, y esto es lo sustancial, no hay súbditos sino ciudadanos. La forma política del Estado –pese al torpe tenor del articulo 1. 3 de la Constitución– no es la Monarquía. La Monarquía es simplemente la forma de la Jefatura del Estado. Es así porque modernamente «república» no se contrapone a «monarquía» –evolucionada hacia su forma parlamentaria, en que solo el Parlamento forma y destituye al Gobierno– sino a «dictadura» o «tiranía». Todos conocemos ejemplos de estados formalmente republicanos que son satrapías o democracias muy imperfectas; al revés, muchas de las democracias que más admiración nos merecen y que mayores cotas de justicia social han alcanzado preservan sus testas coronadas. Y es que, como explica Jordi Canal, decir monarquía parlamentaria es como decir monarquía democrática.

De nada sirve, por lo demás, proponer una república si no se explica la modalidad. ¿Una república presidencialista –caso de Francia o de Estados Unidos–? ¿O una república parlamentaria, con un jefe de Estado con funciones representativas y ceremoniales, y cuando mucho, de arbitraje y moderación –caso de Italia o de Finlandia–? Y de ser esta la fórmula escogida, ¿merecería la pena el trueque? Porque, aceptado que una república no tiene por qué ser más democrática que una monarquía parlamentaria, la discusión se traslada del terreno de los principios al de los efectos prácticos. En este plano, puestos a tener una jefatura de Estado con pocas atribuciones y sometida a refrendo, la forma monárquica ofrece a los ciudadanos, en mi opinión, una rentabilidad vastamente superior a la republicana. Es más barata, más estable, más versátil y más prestigiosa, sobre todo en su vertiente externa. Un mandatario electo con poderes nominales tiene una utilidad internacional muy limitada (con todo el respeto que merecen ¿algún lector recuerda el nombre de jefe de Estado austriaco o finlandés?). Los diplomáticos sabemos bien que en política exterior la pompa, la aureola y la tradición –la majestad, en suma– dan dividendos al Estado. Tampoco puede ser algo puramente aleatorio que 12 de los 20 países con mayor índice de desarrollo humano sean monarquías parlamentarias como la nuestra o que la demoscopia muestre que la confianza ciudadana en las instituciones y la satisfacción con la democracia es mayor en sistemas parlamentarios monárquicos que en republicanos. República es palabra sonora, con esa consonante oclusiva que restalla en la boca, pero desprovista de virtualidades mágicas o civiles.

Quizá los monárquicos de corazón arruguen la nariz ante una defensa de la institución amparada tan solo en la idea de utilidad. Cierto: la Corona es en España algo más que un apero de conveniencia; forma parte de lo que Jovellanos llamó su constitución histórica, forjada «en las largas edades», símbolo de la duración de nuestro país en la Historia. Y si como símbolo político es particularmente eficaz, explica Javier Gomá, es porque se encarna en lo más cotidiano: en una familia, en cuya genealogía reverbera la genealogía de la comunidad. Todo esto también importa: utilidad y tradición mezclan bien. Por ello, los peticionarios de la república habrían de ser mucho más persuasivos a la hora de convencernos de que el canje por la jefatura electa traería beneficios tangibles, y de que no se trata únicamente de colmar una engañadora e ilusoria nostalgia segundorrepublicana, o de ganar una guerra que no es y no ha de ser la de los españoles crecidos en democracia. La idea de que la monarquía parlamentaria es caprichosa e irracional es falsa: de Constant a Linz existe una prolija y esmerada literatura teórica que desvela el sentido del reinar sin gobernar. La idea de que es una institución antimoderna, una reliquia de otra época, también es errónea: si algo funciona, si algo es empíricamente útil, entonces no es un anacronismo y vive en el presente. Todo se resume en esto: la monarquía ha sido salvaguardada del albur de los siglos porque ha demostrado rendir un servicio al Estado democrático. ¿Hace falta recordar que, en estos años de inestabilidad y política a ras de suelo, la única institución funcional del país ha sido la Corona? No por azar: solo un jefe de Estado apartidista y volcado, por vocación y sentido, en el largo plazo, puede ser esa «luz por encima de la política» (en feliz imagen de Roger Scruton) que la ciudadanía necesita atisbar en períodos críticos; a la vez, en tiempos ordinarios, la monarquía contribuye, dirá Bagehot, a «endulzar la vida pública con la justa adición de acontecimientos hermosos». Si alguien, en fin, precisa un argumento de autoridad de linaje más progresista, cabe recordar cómo Simone Weil, brigadista en nuestra Guerra Civil, llegó a entender que fue el genio de la monarquía constitucional lo que puso durante siglos a Inglaterra a cubierto de las luchas fratricidas que desgarraron la Europa continental.

Cierto: la monarquía en España, que encabezaba tablas de popularidad en los 80 y 90, tiene hoy su prestigio mellado, merced a algunas conductas torcidas. Con todo, una mirada comprehensiva, ponderada, no presentista ni justiciera, entiende que el balance de sus servicios al país sigue siendo muy favorable. Ninguna monarquía tiene su mañana asegurado, pero lo mismo ocurre con las repúblicas, que no por nada se suceden unas a otras cuando entran en descrédito. Por mi parte nada de lo ocurrido en los últimos años me ha hecho descreer de esto: que entre los muchos problemas de los que debemos ocuparnos los españoles en los años venideros, no está la monarquía; que el Rey Felipe sabe que el imperativo de la ejemplaridad gravita sobre su familia con un peso especial (en su caso, la legitimidad de ejercicio será más importante que cualquier otra); que Leonor, en fin, será Reina de España y yo lo celebraré como síntoma de que las cosas han ido bien. Por eso últimamente, cada vez que me preguntan, oye, ¿y tú qué opinas?, me he dado permiso para responder sin prolegómenos: ¿Yo? Pues monárquico. ¿Justamente ahora? Justamente ahora.

Juan Claudio de Ramón es diplomático y escritor. Su último libro es Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña (Deusto).

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