Poder político y poder financiero

Toda comunidad humana debe realizar tres funciones absolutamente esenciales para su supervivencia: la producción de recursos, su distribución a los miembros de la comunidad y la incorporación de nuevos miembros para asegurar su continuidad. En toda comunidad humana también ha sido necesaria la función de coordinación y control, que establece las condiciones en que deben funcionar las otras tres y las sanciones para quienes no las cumplan. La función de coordinación y control ha sido siempre asumida por dos poderes, el económico (que controla los recursos) y el político (que controla las normas e impone sanciones). Con frecuencia estos dos poderes han estado unidos, pero siempre han actuado con cierto margen de independencia. A medida que las sociedades se han hecho más complejas cada uno de ellos ha crecido exponencialmente en extensión e intensidad. Las formas de organización económica y las de organización política han cambiado a lo largo de la historia para acomodarse las unas a las otras, puesto que entre ellas siempre han existido fuertes relaciones de interdependencia, unas veces para apoyarse mutuamente y otras para competir entre sí, pero nunca ha podido una dominar completamente a la otra.

Recientemente se han producido algunos hechos que parecen presagiar un importante cambio histórico. Por una parte, la progresiva desvinculación del poder financiero del poder económico. Si hace solo unas décadas el poder económico controlaba y dominaba en gran medida al poder financiero, actualmente es el poder financiero el que controla y domina sobre cualquier actividad económica, porque con frecuencia participa en su propiedad y porque muchas empresas «económicas» se han convertido de hecho en «financieras» (p.e., las grandes constructoras). Aunque Marx ya predijo la sustitución del capitalismo industrial por el financiero, solo muy recientemente se ha hecho evidente la creciente independencia y supremacía del poder financiero sobre el económico. La globalización ha favorecido ese proceso. El poder financiero, como casi todos los poderes, tiene estructura piramidal, y actualmente es el único poder global mundial no limitado por fronteras nacionales. Es la función dominante en el sistema social mundial, pues todas las demás funciones dependen directa o indirectamente de él para existir. El poder económico, aunque también piramidal, sigue muy vinculado al territorio y por tanto al poder político. Y el poder político es el menos globalizado, pues sigue anclado mayoritariamente en el estado nacional, con muy pocas posibilidades de ejercerse globalmente. El desajuste entre los ámbitos de actuación del poder financiero (globalizado, mundializado) y el poder político (fragmentado en más de un centenar de estados nacionales) está contribuyendo a los conflictos que han conducido a la actual crisis financiera. Los grandes grupos financieros mundiales tienen un poder muy superior a la casi totalidad de los estados nacionales, hasta el punto de que con actuaciones en las bolsas y en los mercados podrían arruinar por completo a la mayoría de ellos (el ejemplo de Soros contra la libra esterlina es paradigmático). Precisamente por ello cada vez se sienten más incómodos con las limitaciones y problemas que les plantea la persistente fragmentación del poder político. Por ello, el poder financiero necesita una fragmentación aún mayor del poder político en cientos de pequeños estados a los que manejar a su antojo, o una concentración del poder político en una decena de grandes países (y mejor aún, en un solo poder político mundial) con los que poder establecer unas «reglas del juego» relativamente estables. La actual crisis financiera es consecuencia de la confrontación entre el poder financiero y el político, cada uno de los cuales pretende imponerse al otro, como se ve en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en los países capitalistas más avanzados. Nunca se había presenciado una confrontación como la protagonizada por la Casa Blanca y Wall Street. El poder financiero ha demostrado su poderío al exigir y lograr ayudas desorbitadas del poder político, a pesar de haber sido el responsable de sus problemas. Y el resultado ha sido que el poder político en los EE.UU. y en los países de la UE ha accedido a ayudar al poder financiero (con el dinero de los sufridos contribuyentes) adoptando decisiones unilaterales desde los poderes ejecutivos y prácticamente sin debate en los respectivos legislativos, rompiendo una de las reglas sagradas del capitalismo liberal: la no intervención del Estado en la economía y sobre todo en la banca. Cuando la Casa Blanca ha pretendido poner sanciones, límites o condiciones, a las actuaciones del poder financiero, después de haber satisfecho sus exigencias, solo ha podido imponer un conjunto de medidas de mínima importancia (aunque mayores que las que existían), pues las importantes han sido rechazadas por un poder financiero que se sabe ya superior al político. En los países de la UE la resistencia del poder político ha sido aún más débil, precisamente por su fragmentación frente a la unidad global-mundial del poder financiero (del que los bancos nacionales son realmente dependientes). Una consecuencia más importante de lo que parece es el aumento de la corrupción en todo el mundo. En cualquier caso de corrupción siempre hay alguien que corrompe y alguien que acepta corromperse. Los primeros suelen ser los grandes grupos financieros, los segundos suelen ser los políticos. Además, es notorio el bajo nivel de la clase política en todos los países, lo que no parece ser casual, sino que responde a la necesidad de colocar en los puestos políticos a personas más «manejables». El poder financiero se está convirtiendo en el único poder real, pues controla cada vez más al poder político, al poder mediático y al poder económico, y en general a cualquier otro poder potencial o real.

Sin embargo, la pugna entre el poder financiero y el político no está todavía resuelta, pues el poder político conserva, y sobre todo en España, amplios ámbitos de poder, como lo demuestra la partitocracia imperante, por lo que la interrelación entre los dos poderes es incluso mayor que en otros países. Además, el poder financiero no ejerce su supremacía sobre el poder político mientras los excesos de éste no perjudiquen sus intereses, pero sí lo hace cuando se siente perjudicado. España ofrece dos ejemplos bien recientes. PSOE y PP son incapaces de ponerse de acuerdo en nada. Pero han acordado sin debate parlamentario ni público las ayudas al sector bancario, y todavía se desconoce realmente la naturaleza y cuantía de las ayudas. Y, más recientemente, se han puesto de acuerdo en la nueva Ley de Cajas sin debate público, y ello teniendo en cuenta que los principales perjudicados serán precisamente los propios partidos políticos, que pierden un control sobre las Cajas que les ha sido muy rentable en estas últimas décadas. No parece necesario preguntarse quién puede haberles puesto de acuerdo en ambas cuestiones. Pero debe subrayarse que, en este segundo ejemplo, la pérdida de poder de los partidos políticos puede ser buena para la sociedad española. En efecto, las Cajas han tenido tradicionalmente un papel social y de asistencia social distinto al de los Bancos. Pero desde hace unas décadas las Cajas se han apoyado en el poder político para cambiar significativamente sus funciones, invadiendo el ámbito de actuación de los bancos. En contrapartida, los partidos políticos, a través de los gobiernos autonómicos, lograron el control de las Cajas mediante puestos en los Consejos y préstamos en condiciones favorables y frecuentemente sin devolución. La Ley de Cajas ha beneficiado doblemente a los bancos, reduciendo la competencia que éstas les hacían y limitando el poder de los partidos políticos en ellas para autofinanciarse.

Juan Díez Nicolás, catedrático de la UCM y miembro del Foro de la Sociedad Civil.

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