Desde mediados de diciembre ha habido en Pakistán una volatilidad política y económica que es extraordinaria, incluso para los estándares de ese país. La frágil estructura política que comenzó a construirse después de que se restableciera el gobierno civil en 2008 se tambalea actualmente.
Una de las principales fuentes de esta inestabilidad es Tahirul Qadri, líder religioso musulmán de Toronto que llegó a Lahore a principios de diciembre. Diez días después se presentó ante una multitud reunida en la plaza Minar-e-Pakistan, donde un año antes Imran Khan, jugador de cricket ahora convertido en político, había provocado lo que él había llamado de modo no muy exacto, un tsunami político.
Qadri le dio al gobierno de Islamabad un ultimátum de veinte días para acabar con la corrupción rampante del sistema político, reconstituir la Comisión Electoral y nombrar una administración provisional para vigilar las próximas elecciones. Señaló que esa administración debería incluir a tecnócratas, militares retirados y jueces, y que podría permanecer en funciones más allá del plazo constitucional de noventa días. Dijo que a menos que el gobierno tomara esas medidas, encabezaría una marcha de un millón de personas en la capital.
Cuando el gobierno no cumplió, 50 mil personas tomaron la mítica, Grand Trunk, hacia Islamabad, e hicieron el recorrido de 300 kilómetros en 36 horas. Qadri se dirigió a los participantes en repetidas ocasiones; en discursos plagados de metáforas políticas, se autoproclamó un Mao Tse Tung moderno en una misión para poner en marcha una yihad orientada a purificar el sistema e iniciar una versión pakistaní de la primavera árabe.
El 10 de enero, mientras Qadri planeaba su marcha, extremistas del grupo sunita proscrito, Lashkar-e-Jhangvi, llevaron a cabo dos atentados suicidas contra la comunidad chiita Hazara en Quetta y mataron a casi un centenar de personas. Los hazara adoptaron los ataúdes de los muertos como símbolo de protesta. Pusieron a los muertos en fila en la calle Alamdaar, que atraviesa el barrio chiita de la ciudad y se negaron a enterrarlos hasta que el gobierno despidiera a los ineptos y corruptos funcionarios locales dirigidos por un nawab que pasa más tiempo en el extranjero o en Islamabad que en la capital provincial. El gobierno cedió y destituyó al ministro y a su gabinete y dejó a la atribulada provincia a cargo del gobernador local.
Cinco días después, la siempre activa Suprema Corte ordenó la detención del primer ministro, Raja Pervez Ashraf y de otros dieciséis altos funcionarios por su supuesta participación en el llamado caso de la “alquiler de plantas de energía”. El caso data de 2008-2011 cuando Ashraf, ministro de Agua y Energía en ese entonces, fue el encargado de supervisar contratos de alquiler de generadores eléctricos que se necesitaban para aliviar la escasez de energía que significaba un costo para la economía del 5% del PIB. Esos contratos fueron por montos muy elevados.
Varios artículos en medios impresos y electrónicos indican que los contratos adjudicados por el Ministerio de Ashraf presentaron irregularidades. El Ministerio de Finanzas recurrió al Banco Asiático de Desarrollo, el cual confirmó que faltaban grandes cantidades de dinero y muchas de las unidades alquiladas generaban mucho menos energía de la prometida. La Suprema Corte tomó nota de las conclusiones del BAD e inició un procedimiento contra Ashraf y otros altos funcionarios, incluidos, varios del Ministerio de Finanzas. Ashraf renunció del Gabinete, pero después volvió como primer ministro.
En tiempos anteriores, habría bastado una crisis mucho menos intensa para que los militares ocuparan la escena política, como sucedió en 1958, 1969, 1977 y 1999. En efecto, el ejército ha gobernado en Pakistán durante treinta y tres años desde la independencia en 1947.
Sin embargo, esta vez los soldados han permanecido en sus cuarteles por la sencilla razón de que un pueblo más consciente, una sociedad civil activa y unos medios de comunicación libres no tolerarían otra intervención de los militares en la política. Tras casi cinco años de gobierno democrático, Pakistán está en vías de establecer un orden político duradero y representativo. Si bien no se ha logrado un gobierno limpio y eficiente, entre la población parece haber la esperanza de que trabajando juntos los pakistaníes lograrán salir de los problemas que tiene el país.
El 16 de enero, durante una reunión nocturna en Lahore, la mayoría de los partidos de oposición rechazaron las exigencias de Qadri y pidieron al gobierno que se mantuviera el rumbo hacia las elecciones generales. Un día después el gobierno encontró una forma aceptable para mandar al político predicador –y más importante aún, a sus seguidores– a casa, mediante la promesa de que se daría a la Comisión Electoral tiempo para determinar que los candidatos cumplieran los requisitos establecidos en la Constitución. Así pues, en cierto modo, la llegada de Qadri a Pakistán y su intenso activismo político han servido para algo: ha reforzado la fe del pueblo en un sistema que se construye constantemente.
Shahid Javed Burki, former Finance Minister of Pakistan and Vice President of the World Bank, is currently Chairman of the Institute of Public Policy in Lahore. Traducción de Kena Nequiz.