La reciente negativa de la ANECA a acreditar a científicos excepcionales ha sacudido a nuestras universidades. Numerosas voces piden cambiar la selección del profesorado, el sistema de acreditaciones establecido en 2007 con Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el problema va más allá, pues es el resultado de una concepción errónea de la universidad y del deficiente sistema de gobierno universitario. Sobre éste, poco cabe esperar de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): basta recordar el lamentable caso del rector plagiario de la universidad Rey Juan Carlos.
Nuestro punto de partida es, o debería ser, una obviedad: el sistema universitario constituye el servicio público de educación superior. Y el público al que se deben las universidades lo forman los estudiantes y el conjunto de la sociedad que las financia, a cuyo progreso intelectual, bienestar económico y social deben contribuir. Establecidas las premisas, el corolario es inevitable: la finalidad de la selección del personal docente e investigador (PDI) universitario es contribuir al avance del conocimiento y lograr que el alumnado reciba la mejor formación posible. Muchas disfunciones de las universidades públicas tienen su origen en una errónea identificación del público al que deben servir, que no es su PDI, ni su personal administrativo ni, tampoco, los sindicatos de enseñanza. Ignorar algo tan elemental, confundiendo democracia con corporativismo, conduce a tratar la universidad pública como mera agencia de colocación haciendo un mal uso de su autonomía, pues la universidad debe estar al servicio de los estudiantes y de la sociedad, no de sí misma. Por tanto, el criterio que debe inspirar la selección del PDI es evidente: las plazas deben ser para el mejor candidato, de casa o de fuera, español o extranjero. No hay sistema perfecto, pero el actual -las acreditaciones de la ANECA ahora tan criticadas- perjudica la calidad de nuestras universidades. También, por supuesto, éstas sufren la falta de financiación, causa del envejecimiento de sus plantillas, así como la paupérrima inversión de España en I+D.
Los principios anteriores constituyeron la base del detallado Informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español que el 12-feb-2013 emitió una Comisión de Expertos a la que pertenecimos los firmantes de este artículo. El Informe, encargado por el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fue ignorado por éste y por sus sucesores, pese a que sus propuestas eran intencionadamente moderadas para facilitar su aplicación. Éstas se basaban en tres recomendaciones básicas: 1) financiación adicional ligada a una rendición de cuentas real y a su evaluación; 2) supresión de la ANECA como controladora de un sistema de acreditaciones no transparente, burocrático y no presencial; y 3) una considerable mejora del sistema de gobierno de las universidades. Las dos primeras se reclaman hoy; la tercera, cambiar el gobierno universitario, hoy corporativista y mucho menos democrático de lo que se pretende, constituye un aspecto que el lobby de la CRUE prefiere ignorar. Nuestro Informe preveía hasta rectores extranjeros.
La exigua financiación de las universidades es un grave problema que se ha tratado de justificar por la crisis, que quizá aún persista agazapada. Durante ella, nuestros gobiernos tuvieron poca visión: otros países europeos aumentaron la financiación en I+D y universidades para afrontarla mejor. Pero la penuria económica no debe servir de coartada para que los rectores no intenten corregir deficiencias universitarias que nada tienen que ver con ella. Digámoslo claramente: las universidades tienen mucha más autonomía de la que muchos rectores quieren admitir, pues resulta más cómodo escudarse tras el mantra "más financiación y más autonomía" que afrontar esas deficiencias. Un ejemplo bastará: ¿acaso las universidades carecen de autonomía para evitar que los acreditados nombren en la práctica la comisión que los ha de juzgar, lo que produce candidatos únicos y una endogamia absoluta? Quizá José Gómez Villamandos, presidente de la CRUE, pensaba algo así cuando en una entrevista en El País (9 agosto) afirmó: "hay que ser conscientes de nuestra idiosincrasia, la picaresca española".
En conjunto, las declaraciones del rector son muy preocupantes, pues indican que la CRUE se prepara para resucitar el lamentable Borrador del Estatuto del PDI (2011) del Ministerio de Ángel Gabilondo que, entonces, no llegó a prosperar. Por ello queremos reivindicar la filosofía de nuestro Informe de 2013, opuesta a la de ese Borrador, contra el que se recogieron más de 2600 firmas de PDI y que fue duramente criticado por un "Manifiesto por la calidad de las universidades públicas" (El País, 9-julio-2011) de destacados humanistas y científicos. En línea con aquel Borrador, el presidente de la CRUE prefigura una futura acreditación con vías distintas, investigadora o docente: "usted -dice- tiene una carrera más investigadora y se puede acreditar, usted tiene una carrera más docente y se puede acreditar". El citado Borrador establecía una carrera "horizontal" (sic) y "por puntos" con una burocracia desmedida, que haría palidecer a la insufrible de la actual ANECA. Sin embargo, Gómez Villamandos califica el "famoso (sic) Estatuto del PDI de la época de Gabilondo" como "estatuto valiente" y "apuesta muy ambiciosa". Juzgue el lector: el baremo de ese Borrador impediría la acreditación como catedrático hasta a algún premio Nobel, que sería -en la terminología actual- un anecado más. Eso sí, el baremo asignaba puntos por "actividad sindical" (sic). Cualquier baremo es malo, pero nunca fue más aplicable esta definición de baremo que al del "ambicioso" Borrador: puntuación pretendidamente académica destinada a penalizar la excelencia aparentando lo contrario. Quizá tuviera razón Gómez Villamandos: hay que ser muy "valiente" para proponer algo así.
Otra consecuencia de esa "apuesta ambiciosa" resulta inquietante: la solapada disolución del actual PDI. La ley de Reforma universitaria de Felipe González (LRU, 1983) se inspiró intencionadamente en el modelo de universidad investigadora que nació con la universidad von Humboldt de Berlín (1810), adoptado después por otras universidades; por eso el actual profesorado universitario es 'PDI'. Sin embargo, la ANECA introdujo la novedad de premiar la gestión universitaria, ajena a la docencia y la investigación -y al interés de los estudiantes- negando acreditaciones porque "el candidato debía implicarse más en la gestión" (sic). Ésta, además de estar remunerada y llevar anejas otras prebendas, siempre se valora positivamente: no está previsto que un gestor sea incompetente y merezca puntuación negativa, quizá porque el baremo fue concebido por gestores. No debe sorprender, pues, que la ANECA fomente la aparición de cargos cuya única finalidad es proporcionar méritos de gestión a quienes los ocupan, creando burocracia inútil para justificar su existencia. La ANECA, además, valora la docencia a peso, sin oír al candidato, absurdo comparable a juzgar la calidad de una paella por su tamaño... y sin probarla. Tampoco se mejora la docencia creando infinitas comisiones de calidad: si así fuera, nuestras universidades serían las mejores del mundo. Así pues, el "valiente" Borrador del Ministerio de Gabilondo, que tanto gusta al presidente de la CRUE, implicaría una completa redefinición del actual PDI, que pasaría a ser personal docente, PD, o (no e) investigador, PI, y quizá gestor, PG. Atrás quedaría el profesorado de la LRU y hasta el regeneracionismo de la -ésta sí- famosa y valiente Junta de Ampliación de Estudios.
Nuestras autoridades deberían leer mejor, y descalificar menos, el ARWU de Shanghái; la calidad, además, también genera ingresos. Tener una única universidad entre las 200 primeras constituye un fracaso para la decimotercera potencia económica mundial -Bélgica tiene cuatro- que no mejorarán las ideas del "famoso" Borrador. Durante sus doce años, la ANECA ha dañado a la universidad española dificultando la incorporación de candidatos excepcionales; cabe imaginar qué habrá hecho sin que haya trascendido con quienes sólo eran excelentes o buenos. Es necesario suprimir la actual ANECA y mejorar el sistema de gobierno de las universidades al mismo tiempo que su financiación, como en particular ya proponía nuestro Informe (léalo si tiene tiempo, amigo lector). Y, si se proyecta nueva legislación universitaria, que al menos sea homologable internacionalmente (el citado Borrador no lo era en absoluto) y no una regresión anunciada. Pues, parafraseando a Eugenio d'Ors, cabría decir: "los experimentos, señor presidente de la CRUE, con gaseosa".
J.A. de Azcárraga es catedrático (emérito) de la U. de Valencia; J. Capmany, catedrático de la U. Politécnica de Valencia, L. Garicano, profesor (en excedencia) del IE y eurodiputado, F.M. Goñi, catedrático de la U. del País Vasco y MªT. Mirás es catedrática (emérita) de la Complutense.