Un grupo de hombres armados dejó atado a un prisionero en campo abierto en Afganistán, cogió un lanzagranadas y utilizó a la víctima como blanco para prácticas de tiro. Otro grupo reunió a hombres y niños, los encerraron en una mezquita y, acto seguido, fue casa por casa robando y violando mujeres. En otro lugar, una banda apresó al hombre más respetable de la aldea –un señor de barba canosa que se atrevió a quejarse acerca de su comportamiento– y lo arrastró atado a una camioneta hasta que murió.
Todos estos hombres armados reciben salarios de Estados Unidos como parte de un programa de 120 millones de dólares para apoyar a la Policía Local Afgana (ALP, en inglés). Son llamados policías, pero una descripción más exacta sería la de milicias progubernamentales. Suelen servir en las áreas rurales más peligrosas del país, apenas controlados por sus superiores en el gobierno central.
Estos grupos son tan aterradores que sus tácticas de intimidación han convertido aldeas enteras en pueblos fantasmas, con los residentes huyendo de sus razias. Su reputación sirve a un propósito: la ALP ha conseguido mantener a raya a los talibanes en algunas zonas de Afganistán. Como algunos son reclutados en las mismas aldeas que patrullan, están una posición inmejorable para luchar en una intensa guerra local donde la mayoría de las fuerzas antigubernamentales batallan cerca de sus pueblos natales.
El gobierno de Kabul necesita con desesperación cualquier escudo ante la creciente insurgencia, más en estos momentos. La ofensiva de verano de los talibanes está infringiendo un daño sin precedentes a fuerzas de seguridad y población civil, y comienzo a amenazar a las grandes ciudades por primera vez en casi una década.
La situación ha creado problemas políticos para los responsables de la seguridad. Está previsto que la financiación de la ALP expire en 2018, por lo que se necesita un plan para los 29.000 hombres enrolados en el programa. La ALP se ha situado en medio del debate acerca de si la seguridad de Kabul está en mejores manos con unidades apenas controladas, ajenas a las filas de policías y soldados regulares.
Por el momento, las milicias progubernamentales están ganándose el favor en Kabul y Washington. El Directorio Nacional de Seguridad (NDS, en inglés), la principal agencia de inteligencia en Afganistán –que opera bajo guía estadounidense– parece avanzar en sus planes de reclutar 5.000 nuevos milicianos en al menos siete provincias del país. El plan oficial del gobierno afgano para la ALP incluye reforzarla con 15.000 hombres más, mientras esta fuerza absorbe milicias ilegales a medida que el gobierno se las ve para reemplazar a las unidades de seguridad perdidas en las batallas cada vez más duras contra la insurgencia. Sin embargo, la experiencia hasta ahora con la ALP indica que aumentar las milicias progubernamentales sería un error trágico.
Según un estudio no publicado para la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas, los oficiales estadounidenses que habían visitado la mayoría de los emplazamientos de la ALP concluyeron que solo una minoría contribuía a la seguridad del país. “Cerca de un tercio no produce resultados y sus miembros podrían estar envueltos en cierta medida en conspiraciones con el enemigo o en comportamientos abusivos que instigan al enemigo. Otro tercio se mueve entre los dos primeros grupos”, señala el estudio.
El cálculo de un tercio de miembros de la ALP en correcto funcionamiento es una estimación aproximada, pero es consistente con los patrones observados por International Crisis Group en sus visitas de campo a ocho provincias afganas. La ALP contribuye a la seguridad allí donde se permite el reclutamiento de miembros procedentes de las mismas localidades que deben patrullar, y donde respetan a sus propias comunidades, pero estas condiciones ideales no se dan en muchos distritos. Cuando las fuerzas de operaciones especiales de EE UU empezaron a reclutar los miembros de la ALP en 2010, a menudo tuvieron que hacer frente a una falta de voluntarios, lo que implicó traer milicianos de otras localidades que, en algunos casos, se convirtieron en saqueadores.
Un profesor de la provincia norteña de Kunduz, que denuncia que la ALP mató a su hermano de 12 años, hizo una argumentación ferviente sobre la necesidad de cancelar ese programa de seguridad. Como muchos otros habitantes que tienen acceso a la información internacional a través de sus teléfonos móviles, el profesor señaló que muy pocos países son patrullados por hombres tan poco entrenados: “¿Tienen ustedes milicias?”, preguntó a un analista del ICG. “No, por supuesto que no”, respondió.
Al mismo tiempo, la guerra en Afganistán ha desarrollado su propia lógica autoperpetuadora. La ALP es un pilar del aparato de seguridad, y está desplegada en 29 de las 34 provincias del país. Decenas de miles de miembros de las ALP no pueden ser retirados de las zonas en conflicto sin dejar un vacío de seguridad. Por otra parte, interrumpir abruptamente sus sueldos no mejoraría su comportamiento. Muchos de sus miembros saben que los salarios no están garantizados para los próximos años, y están ya considerando opciones para sobrevivir como bandidos o insurgentes.
Las disputas que alimentan la insurgencia se han convertido en muchos lugares en venganzas personales, forzando a los habitantes a continuar su lucha contra los talibanes con o sin el respaldo del gobierno. Además, los miembros de la ALP que aceptaron dinero de EE UU y se mantuvieron contra los talibanes tendrían que afrontar riesgos crecientes si son desarmados. Los oficiales del gobierno que han asumido tareas peligrosas en zonas remotas del país podrían reconsiderar su trabajo si tienen pocos hombres para protegerlos. “Sé que algunas personas en Kabul hablan sobre la posibilidad de cancelar la ALP, pero ustedes no comprenden”, decía un gobernador provincial señalando el alambre de espino que rodeaba el recinto. “Sin esos hombres, los talibanes subirán por esa pared y me cortarán la cabeza”.
Mientras aumentan los ataques de los talibanes, crece la presión para que el gobierno apruebe fuerzas adicionales. Sin embargo, sería un grave error aumentar el tamaño de la ALP o intentar rellenar las grietas de la seguridad con otras milicias progubernamentales. Las unidades de la ALP que crean inseguridad deben disolverse mediante un programa de lenta desmilitarización. Las que permanezcan necesitan mejor supervisión y un sistema reformado de denuncias. Es más fácil formar milicias que desmantelarlas, o transformarlas en fuerzas de seguridad responsables. Lo más difícil en el programa de las ALP está por venir.
Graeme Smith, analista senior para International Crisis Group in Kabul. Autor de The Dogs Are Eating Them Now: Our War In Afghanistan.