La mejor política contra el terrorismo etarra de la democracia se aplicó durante el Gobierno Aznar. No es que el entonces presidente del Ejecutivo tuviera más capacidad que otros, o que nos caiga mejor o peor el personaje y creamos que sus políticas son excelsas. Es que objetivamente fue la mejor porque perjudicó a ETA más que ninguna otra. Tampoco fue mérito exclusivo de Aznar, sino que para ser la mejor política dispuso del marco, absolutamente necesario, de un acuerdo global con la oposición socialista del momento, liderada por Zapatero. Y ese acuerdo no se limitó a un asentimiento pasivo a lo que el Gobierno pudiera hacer en política antiterrorista, sino que el apoyo se definió a modo de una acción proactiva desde el socialismo, que propuso un pacto que ahora con la perspectiva está claro que funcionaba frente a ETA, muchísimo mejor que la dañina confrontación partidista.
A mí me da exactamente igual que gobiernen socialistas o populares en lo que respecta a política antiterrorista. Del mismo modo, estoy a favor de la negociación siempre que sea para debilitar a ETA. Lo que demando, en tanto ciudadano y supongo que en sintonía con la mayoría de la población, es que se diseñe y se aplique la mejor estrategia contra ETA de las posibles. En cualquiera de ellas, de las estrategias, lo que parece inadmisible es que el enfrentamiento partidario o las políticas parciales afecten nocivamente a la vida, real, de ciudadanos y ciudadanas en la diana asesina de ETA.
El diálogo o la negociación son opciones estratégicas en la política contra ETA que han intentado todos los presidentes de la democracia, porque es su obligación. Lo hizo González, Aznar detrás de él y ahora Zapatero. La ciudadanía debería tener claro que intentar desactivar a ETA por medio de una negociación es una maniobra en la que todo gobierno se va a involucrar, en versión sirimiri como Aznar o en profundidad como González. La negociación es una estrategia en el marco de una política antiterrorista y esa política siempre ha de hacerse en contra de ETA. La negociación no se articula para otra cosa que no sea desmantelar a ETA. Eso debería saberlo la ciudadanía, tenerlo claro el Gobierno, asumirlo los partidos y considerarlo ETA en su justa medida, aunque esto es mucho pedir quizás.
Lo que no ha sabido transmitir Zapatero e hizo mejor Aznar es la diferencia entre opción estratégica y política antiterrorista. Con Aznar, aunque sabíamos de sus operaciones exploratorias con ETA por medio de intermediarios que iban y venían a fin de sentar las bases para una eventual negociación, la ciudadanía tenía casi meridianamente claro que lo que quería aquel hombre de bigote era derrotar a la banda terrorista. Obviamente, Aznar tenía mucho a su favor para lograr que en la población germinara la percepción de que, aunque acercara presos y los llamara movimiento de liberación, cabían pocas dudas de que perseguía acabar con ETA. Uno de esos elementos a favor, el más relevante, es que tenía a Zapatero a su lado para secundarle; otro, que el propio Aznar había sido víctima de un atentado; otro, su propia manera hosca, desabrida, de plantear las cosas. Aunque parezcan factores irrelevantes, le ayudaron a transmitir la percepción de que cualquier medida que impulsara desde su Gobierno sobre ETA estaba dirigida 'contra' ETA. Eso le ha faltado a Zapatero.
Cuando Zapatero ha tratado de explicar en algún caso que su estrategia de negociación con ETA estaba subordinada a una política antiterrorista en 'contra' de ETA nadie se lo ha creído. El descrédito proviene, de entrada, de que nunca lo ha explicado así. Ninguno de los asesores de Zapatero ha sabido convencerle para que transmitiera un mensaje que diferenciara entre la política antiterrorista contra ETA y la estrategia antiterrorista para un momento y una coyuntura concretos. De seguido, contando ya con esta raíz deficiente, tampoco le ha ayudado mucho, sino todo lo contrario, que el Partido Popular le haya machacado un día sí y otro también con el dosier antiterrorista, ligándolo además al capítulo del 11-M. Finalmente, le ha perjudicado bastante la vinculación entre la negociación con ETA y la política territorial, que por supuesto ha sido aprovechada y azuzada por el PP pero que también (y no sé hasta qué punto, principalmente) ha sido instrumentada por el sector histórico, menos Zapaterista, del propio Partido Socialista.
La negociación es una ruta estratégica más en la política de desmantelamiento de ETA. A mi parecer, es adecuada siempre que se propicie por el Gobierno con las herramientas más afinadas y que no se pierda de vista el horizonte de la política antiterrorista, de una política en 'contra' de ETA. En el momento en que se confunden los objetivos políticos, que en una democracia siempre deberían ser acabar con el terrorismo, con los objetivos estratégicos, que dependen del momento y la coyuntura pero que en todo caso siempre deben estar al servicio de la política antiterrorista, entonces aparecen las disfuncionalidades. La ejecutoria de Aznar contra ETA fue la mejor porque tuvo muy claro, tal vez incluso visceralmente, que a pesar de las medidas de negociación que pudiera implementar, su política era desmantelar a ETA. También, porque al margen de la estrategia elegida, su política contra ETA fue integral. Zapatero también quiere acabar con ETA, no me cabe duda, pero tampoco me cabe la duda de que buena parte de la población no lo ha entendido así, porque él no ha sabido explicarlo por encima del ruido de fondo.
En el quinquenio previo a 2004 se articuló una política antiETA que desplegaba medidas casi en todos los frentes. Quien continúe pensando que ETA únicamente son los comandos asesinos es que o vive en otro mundo o no se ha enterado de nada. La política más eficaz contra el terrorismo de ETA en España es aquella que combina la acción policial y de inteligencia con una decisiva respuesta de aprovisionamiento legislativo que sea promovida por fiscales y de aplicación por jueces, tanto penal como administrativamente; que concierta una frontal determinación contra siglas políticas al servicio del terrorismo, con la misma capacidad incisiva para desarticular el virus empresarial, de comunicaciones y social que el terrorismo etarra ha infiltrado para contaminar durante décadas el tejido de la sociedad vasca; que, en definitiva, logra integrar todas las actuaciones del Estado en una respuesta integral y coordinada. Ésa es la mejor política.
La colaboración de Francia en el exterior y la unidad política en el interior son las otras dos columnas de la política antiterrorista contra ETA. En la medida en que todos esos factores se manifiesten juntos y armonizados, podrá administrarse una estrategia de negociación, en contra de ETA, si las circunstancias son favorables. En la medida en que se actúe contra los comandos, pero no contra las empresas pantalla de financiación terrorista; en la medida en que se ilegalicen unas siglas pero se mantengan otras; en la medida en que un partido político vaya por un lado y otro por otro haremos daño a ETA pero será como herir a un jabalí y asegurar su supervivencia.
Zapatero no se ha equivocado en su política antiterrorista, pero la ha confundido con la estrategia coyuntural y, además, ha estado sometido a un contexto totalmente desfavorable para la aplicación de esa estrategia. Aun así, ha arriesgado y le ha salido mal. Todavía puede reconducir estratégicamente y perfilar mejor una política en contra de ETA. A veces todavía hay analistas que se sorprenden, no sé si interesadamente, de que en la política del Estado contra una amenaza terrorista parezca que haya concertación entre policías, fiscales, jueces, unidad de inteligencia financiera, Gobierno y Parlamento pero ¿acaso no son todos aparatos de un mismo Estado en contra de una amenaza a nuestra convivencia, a nuestro bienestar y a nuestras vidas? ¿No deben hacer todos los aparatos y poderes del Estado, por mucho que conserven su independencia, todo lo posible por concertarse y converger en contra de ETA? ¿Por qué el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista está en el Ministerio de Interior y en él sólo hay policías y agentes de inteligencia, y no fiscales, jueces, ertzainas, inspectores de finanzas y abogados del Estado dependiendo, en el plano funcional, de Presidencia del Gobierno?
Andrés Montero Gómez, director del Instituto de Psicología de la Violencia.