Por Miguel Pajares, doctor en Antropología Social y miembro del Centro de Estudios de CC. OO. (LA VANGUARDIA, 24/10/06):
Una vez más en una cumbre europea, la celebrada en Lahti (Finlandia) el pasado viernes, se ha hablado de inmigración y se anuncia que éste será un tema central de la próxima que se celebrará en Bruselas en diciembre. Sigue persiguiéndose el objetivo de establecer una política europea común en este terreno, y bueno es que nos preguntemos qué se ha logrado hasta el momento y hacia dónde apunta lo que actualmente se está debatiendo.
La construcción de esta política común se inició en otra cumbre, la de Tampere de octubre de 1999, estableciendo para ello un plazo de cinco años. Pero, concluido aquel plazo, se estaba muy lejos de haberlo logrado: la Comisión Europea había comenzado presentando propuestas basadas en el reconocimiento de que Europa necesita inmigración económica, propuestas que apuntaban a políticas de inmigración más abiertas que las vigentes, pero los estados europeos fueron incapaces de asumirlas. Éstos apenas se han movido de sus posiciones restrictivas y han acabado quedando inmersos en un círculo vicioso: con sus políticas de línea dura favorecen las actitudes sociales de rechazo a la inmigración, al tiempo que tales aptitudes los empujan a seguir en esa línea para no distanciarse de sus votantes.
Cinco años después de la cumbre de Tampere, otra cumbre celebrada en La Haya en el año 2004 estableció un nuevo programa para los temas de justicia, libertad y seguridad, dándose otro plazo de cinco años para lograr una política común en inmigración. En el programa de La Haya ocupó un lugar destacado el tema de la integración de los inmigrantes, y en los presupuestos de la UE para el periodo 2007-2013 se estableció una dotación para este tema, lo que constituye, sin duda, el aspecto más positivo de lo que se ha hecho en los últimos años en política de inmigración. Pero, aparte de eso, Europa sigue sin tener política común en esta materia.
Hay ya mucha normativa aprobada, pero el estado de la cuestión se caracteriza por lo siguiente. Primero: las directivas ya vigentes relativas a aspectos clave de la política de inmigración (como la reagrupación familiar, los derechos de los residentes de larga duración, la acogida de los solicitantes de asilo...) están cargadas de ambigüedades y armonizan muy poco. Segundo: aún no hay acuerdo sobre la regulación de la entrada legal de la inmigración laboral. Y tercero: todos los esfuerzos del Consejo (de ministros de Justicia e Interior) se están centrando en lo que se llama lucha contra la inmigración ilegal;pasando por alto el hecho de que ocuparse sólo de este aspecto y dejar de lado la organización de la inmigración legal condena al fracaso todo intento de establecer una política común.
Los avances en este último capítulo también son muy débiles. Hay aspectos que aparecen de forma continuada desde hace varios años en la agenda del Consejo, pero que aún hoy ofrecen escasos resultados para el objetivo que persiguen (evitar la entrada irregular de inmigrantes): sistema de información de visados, sistema informático Schengen II, uso de datos biométricos, programa común de repatriaciones, acuerdos de readmisión con los países de origen, etcétera. Se van produciendo avances, pero la operatividad es, hoy por hoy, prácticamente nula. Se ha creado ya la agencia europea de fronteras, Frontex, pero con escasos recursos. Ni siquiera en el tema estrella que ocupa las reuniones del Consejo, la lucha contra la inmigración ilegal, los gobiernos europeos han sido capaces de ponerse suficientemente de acuerdo y ceder suficientes competencias y recursos a las instituciones europeas como para lograr resultados efectivos.
Por otra parte, lo logrado hasta el momento en este capítulo deja muchos interrogantes sobre la posición europea en la defensa de derechos humanos. Así sucede con los acuerdos que se están alcanzando con países de origen o de tránsito de la inmigración: se intenta que esos países (especialmente los del norte de África y los del este) hagan de muro para la inmigración, sin tomar en consideración si ofrecen las garantías necesarias para quienes puedan necesitar asilo o protección internacional. El último ejemplo es el anuncio de una aportación de tres millones de euros a Libia, país que no ha ratificado la convención de Ginebra sobre refugiados.
De momento podemos hablar de claro fracaso en el intento de establecer una política común de inmigración. Pero el fracaso no está en lo poco o mucho logrado hasta el presente, sino en que la lucha contra la inmigración ilegal esté ocupando la centralidad del debate. La UE prepara nuevos acuerdos sobre este tema para la cumbre de diciembre y ante este evento hemos de insistir en que el debate debe centrarse en cómo se organiza la inmigración legal, qué medios de acogida dispone la sociedad receptora, cómo se combate el estado de opinión existente entre la población europea sobre este tema, qué recursos se aportan para el desarrollo de los países emisores, cómo puede lograrse que las migraciones contribuyan mejor a ese desarrollo... Temas como éstos son los que nos permitirán establecer una política europea de inmigración acorde con la realidad que hoy estamos viviendo y, especialmente, con la que se avecina.