En una situación política cada vez más marcada por los acontecimientos de Cataluña, no es necesario consultar con la Pitonisa de turno para conocer, con carácter inmediato, que en los próximos debates electorales la política exterior -siquiera la europea- no constituirá objeto de atención por parte de los diferentes candidatos.
Y no será eso debido -o no sólo- al debate catalán. El desinterés de nuestros políticos trae su causa en la falta de importancia que adjudicamos los españoles a los temas internacionales. Acredita esta afirmación el Barómetro del Instituto Elcano (BRIE) de diciembre de 2018; que destaca que casi el 60% de los encuestados tiene poca o ninguna preocupación por la política internacional, situando a ésta a la cola respecto de sus inquietudes.
El hecho, cierto, de que nuestros políticos hayan abdicado de su posición de liderazgo, y se concentren en debatir los asuntos que más inquietan a los ciudadanos, retroalimenta la indiferencia de éstos; y los medios de comunicación -especialmente los televisivos- no hacen demasiado por evitarla. Pero eso no debe suponer que admitamos dicha renuncia sin mayores reparos. Es obvio que España es un país que está en el mundo, que nuestra economía se encuentra integrada en la economía global y que los problemas que afectan a otros países son -mayores, iguales o menores- similares a los nuestros. La tradicional endogamia española respecto de la política exterior no debería contaminar a la clase política; al contrario, los políticos deberían poner en valor un ámbito que, como ocurre con el exterior, nos afecta de manera permanente.
Habrá, sin embargo, quien se pregunte: ¿nos concierne verdaderamente la política internacional?
Nos concierne. Veamos algún ejemplo.
Recientemente, un fallo en una subestación de Red Eléctrica provocaba un apagón en la isla de Tenerife que afectaba a más de 460.000 clientes durante más de siete horas.
La energía condiciona toda nuestra vida cotidiana. Pues bien, España es un país enormemente dependiente en esta materia. Un informe de la Asociación de Empresas de Energías Renovables afirma que, en 2017, nuestro país debía al exterior algo más del 76% de la aportación a su consumo (por cierto, muy por encima de la media de la Unión Europea, que era de un 53,4%).
Como es lógico, esa situación obliga a España a desplegar una política (exterior, por supuesto) que nos garantice el abastecimiento. Con el inicio de la actual década, la dependencia española respecto del gas argelino se situaba en torno a un 45%. Y eso nos conduce a establecer una estrategia de buenas relaciones con ese país, aquejado en la actualidad por fuertes tensiones políticas y sociales.
Argelia mantiene en la región una enemistad desde antiguo con nuestro vecino Reino de Marruecos, país con el que mantenemos una relación privilegiada que se ve oscurecida por el flujo de inmigración irregular y el conflicto político respecto del territorio del Sáhara Occidental, aún pendiente de descolonización y del que España continúa siendo potencia administradora «de iure». No debemos olvidar tampoco que Argelia alberga en los campamentos de Tindouf a unos 150.000 saharauis que viven en condiciones enormemente precarias.
Me acabo de referir a la inmigración, que es cuestión de creciente ocupación y preocupación para los españoles. Según el censo del INE de 2006, más del 36% de la misma procede de países latinoamericanos, en especial de Venezuela; un país que sufre una crisis política, social y económica que lo ha devastado literalmente. Y es cierto que España, que tiene una escasísima tasa de natalidad, necesita -ademas de una política de apoyo a las familias- de la inmigración. La pregunta es inevitable: ¿qué política deberemos seguir en este ámbito? ¿Deberíamos primar la emigración latinoamericana respecto de la magrebí y la sub-sahariana? Si así fuera, ¿cómo? ¿Qué política deberíamos seguir con Venezuela, un país en el que malviven dos gobiernos?
Las cuestiones a plantear serían inacabables, y no susceptibles de ser contenidas en el espacio de este artículo. Por ejemplo, Diplocat y la gestión de la política exterior, la repercusión para España de la guerra comercial desatada por EE.UU. en contra de la UE, el Brexit y Gibraltar como paraíso fiscal, nuestro proyecto para Europa, la promoción de nuestro idioma común en el ámbito internacional (pero también en el interior, donde se está viendo marginado en algunas CCAA).
Me temo, sin embargo, que más allá del regate corto y la descalificación, no habrá lugar para esos asuntos en la campaña electoral.
Fernando Maura Barandiarán es miembro de Ciudadanos.