El informe 'Euskara XXI', impulsado por el anterior Departamento de Cultura, supuso un punto de inflexión en el debate lingüístico en Euskadi. Personas de diferente trayectoria y adscripción ideológica se pusieron de acuerdo en un texto en el que se analiza la situación que tiene en la actualidad la lengua vasca y se formulan principios y voluntades de cara a su futuro desarrollo.
Los actuales gobernantes han manifestado de forma explícita su acuerdo con las conclusiones del citado informe, aunque no debe olvidarse que 'Euskara XXI' carece de elementos normativos, y tampoco concreta objetivos en términos tales que su posterior grado de cumplimiento sea evaluable. Estas son cuestiones importantes, porque bien puede ocurrir que lo que en este momento parece un alto grado de acuerdo, deje de serlo una vez haya que establecer objetivos evaluables y deban aprobarse medidas concretas. Habrá que ver si, llegado ese momento, se mantiene el aparente grado de consenso actual en un terreno de tanto valor simbólico para todos los partidos políticos.
La sanitaria es una de las áreas concernidas por las cuestiones de esta índole. Han sido muchas las voces que se han opuesto a las exigencias lingüísticas al personal sanitario, aun cuando el número real de puestos afectados desde la aprobación de la Ley del euskera y el decreto de perfiles ha sido ridículo. Y sorprende el énfasis que se pone en el hecho de que se haya dado más valor a saber vasco que al haber realizado una tesis doctoral. Nunca se había ponderado de esa forma el poseer el título de doctor, título que, por cierto, no capacita para atender mejor a chiquillos o a personas mayores en la consulta o el ingreso hospitalario. Poder comunicarse con ellos en vasco, sin embargo, si permite atender mejor a muchos pacientes. Bienvenido y cultivado sea, en todo caso, este recién adquirido fervor doctoral.
El Parlamento vasco ha respaldado la posición del consejero Bengoa, quien de forma reiterada se ha manifestado a favor de una rebaja de las exigencias lingüísticas y de la valoración del conocimiento del vasco en el área que gestiona. Considera a la lengua vasca un lujo del que bien puede prescindirse en el ámbito sanitario. Y, sin embargo, sigue en vigor la Ley del euskera que aprobó el Parlamento vasco (con alto grado de consenso, por cierto) hace más de 25 años. De la citada ley y decretos que la desarrollan se desprenden obligaciones lingüísticas para todas las áreas de la Administración y la sanitaria es una de ellas. La ley, además, no es caprichosa: como antes he señalado, hay muchas personas para quienes es muy importante el ser atendido en lengua vasca por el personal sanitario.
El área educativa también tiene importantes responsabilidades en materia lingüística. En este curso académico un 71% de los niños y niñas escolarizados por primera vez lo han hecho en vasco. El dato es espectacular en sí mismo, pues indica que la progresión del modelo D, contra lo que cabía prever, no ha tocado techo aún. Y lo es también porque una parte significativa del aumento en el número de escolarizaciones registrado durante los últimos años obedece al ingreso en el sistema educativo de los retoños de la población inmigrante. Y es sabido que la población inmigrante opta en mayor medida por las líneas A o B que la población autóctona.
Hay quien sostiene que la progresión del modelo D obedece a la presión ejercida por el nacionalismo desde las instituciones que gobierna o ha gobernado y que, una vez desalojado del Gobierno vasco, las cosas cambiarán. También se aduce que la demanda del modelo A ha sido ocultada y reprimida, debido a las trabas puestas a la matriculación en dicha línea. Exigen, en consecuencia, que se tomen medidas para que aflore la demanda real y se satisfaga. La consejera Celaá ha afirmado que se tomarán tales medidas y que se garantizará que se pueda ejercer el 'principio' (que no el 'derecho') de la elección de lengua por los padres.
No hay nada que objetar a ese propósito. Es más, debe hacerse aflorar esa demanda 'oculta' y evaluar su magnitud. Porque así se despejará la duda. Al respecto, puede resultar revelador que en Navarra, donde no cabe hablar de presión nacionalista vasca y donde la ley establece diferencias entre zonas que constituyen verdaderos obstáculos a los estudios en vasco, la demanda de esos estudios no ha dejado de crecer.
Es sabido que con el actual sistema de modelos no se consigue que todos los jóvenes cuenten con un conocimiento adecuado del vascuence. Por eso muchos abogan por su reforma. La consejera de Educación, con buen criterio, no piensa abordar tal reforma si no es para sustituirlo por otro de amplio consenso. También se propone reforzar el aprendizaje de una tercera lengua, preferentemente el inglés, durante la enseñanza obligatoria. El propósito es loable, desde luego, porque no nos podemos permitir que siga existiendo el escandaloso desconocimiento del inglés que sufre la mayoría de la población vasca. Pero si de verdad se pretende capacitar a nuestros estudiantes para que utilicen con fluidez tres lenguas en el sistema educativo, no debe olvidarse que una de esas tres lenguas, la vasca, no se adquiere hoy en la medida que establece la ley en todo nuestro sistema educativo. Ese es, en materia lingüística, el elemento que debe recabar de forma preferente la atención de la consejera Celaá y del conjunto de agentes del sistema. Por ello, bueno sería dejar a un lado declaraciones altisonantes para de esa forma facilitar que nos podamos poner de acuerdo en lo fundamental.
Una sociedad vasca más integrada requiere que superemos el desequilibrio entre nuestros idiomas oficiales y trabajemos para que la lengua vasca, como patrimonio de todos, sea utilizada con normalidad. Para ello es imprescindible que el Gobierno continúe con la labor destinada a superar los prejuicios que rodean al vascuence, que explique la riqueza que encierran el bilingüismo y el plurilingüismo y que ponga de manifiesto que necesitamos una verdadera pluralidad lingüística, y para ello, el vasco ha de ser la lengua de más y más ciudadanos cada vez.
Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático en Fisiología y ex rector de la Universidad del País Vasco.