Acostumbrados ya a referirnos a la inacción política, a la pasividad de la comunidad internacional o al desinterés de los gobernantes para hablar de gran parte de los males del planeta, resulta sorprendente que hoy tengamos que dar la enhorabuena a los políticos. Sin embargo, es nuestra obligación reconocerlo, y hacerlo sin paliativos: hoy hay en el mundo 124 millones de hambrientos menos que hace una década, pese a que el planeta cuenta con más de 1.000 millones más de habitantes más que en el año 2000 y a que este crecimiento se concentra en países en desarrollo. Sesenta y tres países en desarrollo han cumplido el primer objetivo del milenio a tiempo, mientras que la prevalencia de la malnutrición ha caído del 18% al 11% en los últimos diez años. Son los datos que la FAO ha hecho públicos recientemente, una prueba de que el hambre tiene solución.
Desde que en 2008 los líderes del G8 decidieron poner en la agenda política el reto de la seguridad alimentaria mundial (poco importa que fuese por motivos humanitarios, económicos o de seguridad global), el hambre no ha dejado de retroceder. Y lo ha hecho, en la gran mayoría de casos, de la mano de la política. Es cierto que la comunidad científica y humanitaria venían dando pasos de gigante en las últimas décadas con el desarrollo, primero, de leches terapéuticas y luego de alimentos terapéuticos listos para su uso, para curar la desnutrición y con revoluciones metodológicas como el tratamiento comunitario de la desnutrición o el enfoque integrado de intervenciones en salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene y medios de vida para acabar con el hambre. Estos avances de poco o nada habrían servido sin las políticas, programas y presupuestos necesarios para ampliar masivamente su alcance. En América Latina, donde mayores han sido los avances, han tenido un peso enorme programas con tres objetivos clave: ofrecer soporte nutricional en los 1.000 primeros días de vida desde la concepción (poniendo el acento en las madres y los niños), apoyar la pequeña agricultura y establecer redes de protección nutricional. Ha supuesto también gran paso evolucionar desde un concepto restringido de seguridad alimentaria, que perseguía la producción de alimentos y el acceso económico a los mismos, a una meta más ambiciosa de seguridad alimentaria y nutricional, donde se presta suma atención a las condiciones sanitarias y ambientales para el consumo de alimentos.
No obstante, 805 millones de personas (uno de cada nueve habitantes del planeta) siguen viviendo bajo la amenaza del hambre. La mayoría en Asia y con la mayor prevalencia en África Subsahariana, donde una de cada cuatro personas vive con hambre. En estas regiones es ahora prioritario invertir en nutrición. No se trata sólo de salvar vidas (recordemos que la desnutrición está relacionada con el 45% de muertes infantiles). Se trata también de posibilitar un desarrollo económico que, por más inversión en infraestructuras que quiera realizarse, no es factible cuando generaciones enteras de niños arrastran hasta la juventud y la edad adulta las consecuencias de la desnutrición que han padecido en sus primeros 1.000 días de vida: niños que no aprenden en la escuela porque tendrán un menor desarrollo cognitivo y que nunca rendirán igual en el trabajo que un niño sano. El Banco Mundial estima que reducir la desnutrición podría significar una aumento del PIB en numerosos países de África y Asia.
Este mes empieza a fabricarse en Nueva York la nueva agenda post 2015 que marcará las nuevas metas globales para los próximos 15 años. Son muchas las voces que piden paso para una meta clara, concreta y específica de reducción de la desnutrición. Por ahí es por donde podrán empezar a construirse soluciones para el resto de retos que nos ocuparán en los próximos años. Somos, al fin y al cabo, la generación que puede acabar con el hambre.
Olivier Longué es director general de Acción contra el Hambre.