Política territorial y soberanía

Con el mantra de un rancio progresismo como ecosistema, se anuncia que en el nuevo Gobierno se habilita una cartera de Política Territorial y Función Pública. Se debería explicar qué se entiende por Política Territorial, pues a primera vista se infiere a algo parecido a Política Interior. Lo que con el mismo nombre hoy es una cartera ministerial, con José Luis Rodríguez Zapatero llegó a ser una Vicepresidencia desempeñada por Manuel Chaves. El sistema constitucional español define un sistema territorial en el que las administraciones, local, provincial, autonómica y estatal, ejercen sus funciones mediante el ejercicio de las competencias que les son propias. En 2004 el presidente Rodríguez Zapatero establece la Conferencia de Presidentes. Su funcionamiento es flexible y sus decisiones se basan en el principio del acuerdo de los participantes, es aconstitucional, con, hasta ahora, naturaleza meramente consultiva del Gobierno con las distintas autonomías. No puede decirse que su vigencia haya sido un éxito. Debe entenderse que este constructo social no invalida las competencias del artículo 97 de la Constitución. Una observación es pertinente: si la Conferencia fuese necesaria, el sistema constitucional sería diferente.

En el anuncio de la composición de su Gobierno, Sánchez ha proclamado que esta legislatura será la de los diálogos, entre ellos el territorial, término esquivo para generalizar lo que no lo es. El problema es el tipo de conversaciones que hay que mantener en dicho ámbito, pues, ya que según él hay que desjudicializar la política, sólo queda la pedagogía constitucional. El denominado «conflicto político» catalán, cuestión de regalías, está reflejado orgánicamente en el PSOE. Si puede haber privilegios en el partido, ¿por qué no en el Estado? La sospecha es: «Para mantener el partido, adapto el Estado».

La «mesa de diálogo» con ERC, o con la Generalidad, o con ambos, más JpC y PSOE, debería ser eminentemente didáctica y, por eso, convocada cuanto antes. Una vez reunida se deberían impartir unas conferencias por reputadas autoridades en Derecho Constitucional, comenzando por una clase magistral sobre igualdad ante la ley, seguida de un programa denominado «Título Octavo» que incluiría temas tales como la solidaridad territorial, el equilibrio económico, los privilegios estatutarios, las medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y de establecimiento de los ciudadanos, así como la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Tema obligado de la «mesa» sería la asignatura «No llamarse a engaño», que incluiría la explicación de cómo las constituciones son nacionales y que la comunidad autónoma de Cataluña fue creada con las demás por la Constitución de 1978. Además, se tratarían casos prácticos de límites a la «desjudicialización» por la comisión de faltas o delitos en la práctica de la acción política. Se practicarían con el algoritmo «Soberanía del pueblo español» asuntos como las limitaciones competenciales del Parlamento catalán, nunca soberanas, la inutilidad de las embajadas y los efectos delictivos producidos por el sectarismo de los medios de comunicación públicos. La «consulta posmesa», acordada de aquella manera, debe incluirse como simple ejemplo de conspiración para delinquir.

El «problema territorial» es el hecho más lesivo para la convivencia nacional. Creado e instrumentalizado por los partidos como feudos de poder, o contrapoder, ha llegado a condicionar, junto con la denominada «memoria histórica», el presente de España y trata de hacerlo con su futuro. La admisión en su día de «hechos diferenciales», en un mundo altamente globalizado, constituye una muestra de caciquismo. El «problema territorial» ha cuarteado los partidos nacionales creando baronías, muestra inequívoca de que algo esencial no funciona en nuestra patria. Este proceso no ha sido inocuo, ha producido «taifas» al polarizar regionalmente a la sociedad debido a procesos autóctonos de enseñanza y adoctrinamiento político. La atomización de la sociedad tiene su reflejo en el número de partidos regionales, algunos de ellos con representación en el Congreso. Un ejemplo desgarrador es el independentismo, que no sólo se ha tolerado, sino que se ha potenciado su organización y crecimiento.

El dialogo territorial es un eufemismo que trata de enmascarar los intereses partidistas, aun a costa de la Constitución, ya que, aunque deje abiertos resquicios a fraudulentas interpretaciones, el espíritu constitucional se resume en el artículo 97: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes». Con esa claridad debería ser suficiente.

Diálogo es una expresión lo suficientemente ambigua para buscar y ejercer la impunidad. No es de recibo retorcer las leyes para amparar una práctica anticonstitucional. ¿Cómo puede crearse una competencia administrativa que se denomine Memoria Democrática? ¿Quién va a ser el Petronio gubernamental que interprete la Historia? Habrá que creer que sólo se trata de la incontinencia de un reflejo totalitario. Preocupa que nos hable de diálogo quien obliga a aceptar sin réplicas su discurso.

Fulgencio Coll Bucher es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma.

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