Política y martirio

Por Borja Vivanco Díaz, doctor en Economía y licenciado en Sociología (EL CORREO DIGITAL, 01/10/06):

En dos ocasiones se ofreció a ser intercambiado por presos republicanos que iban a ser fusilados. En una de ellas, en la cárcel de San Pedro de Cardeña de Burgos, las autoridades militares aceptaron el dramático trueque. Frente al pelotón de fusilamiento, el reo no dejaba de sonreír, se sentía feliz por salvar la vida de un preso comunista y padre de familia. Pero el comandante del pelotón, al contemplar la escena, era incapaz de dar orden de disparar. «Padre, ¿retírese!», le requirió conmocionado. Se trataba del joven vizcaíno Francisco Gondra, más conocido como Aita Patxi, religioso pasionista que ejerció como capellán en un batallón nacionalista durante la Guerra Civil. El resto de su vida lo dedicó a la atención de los enfermos, desde el santuario de San Felicísimo de Deusto, en Bilbao.

En la Segunda Guerra Mundial, otro caso análogo es bien conocido. Un sacerdote capuchino, Maximiliano Kolbe, ofreció su vida a cambio de salvar la de un compañero prisionero, en el campo de concentración de Auschwitz. «Soy sacerdote católico polaco; soy anciano; quiero tomar su lugar, porque él tiene esposa e hijos», le argumentó al comandante del campo. En 1982, su compatriota Juan Pablo II lo declaró santo, para alegría de toda la nación polaca.

Los restos mortales de Aita Patxi descansan en el santuario de San Felicísimo y todos los días reciben la visita de devotos del barrio. Sólo aceptó, por obediencia, escribir sus memorias cuando sus superiores se lo exigieron, para que sirvieran de ejemplo. La causa de su beatificación se encuentra en Roma, desde hace varios años. Si algún día llega a prosperar, Aita Patxi se convertiría en el primer beato que, en la Guerra Civil, se alistó en las tropas republicanas.

La Iglesia católica ha elevado a los altares a cientos de hombres y mujeres asesinados en territorio republicano, simplemente por el mero hecho de confesarse cristianos, sobre todo en los primeros meses de la Guerra Civil. Habría que retroceder hasta el Imperio Romano para descubrir una persecución contra la Iglesia católica de similar magnitud a la que se produjo en el bando republicano entre 1936 y 1939. Se calcula, hoy en día, que en torno a 10.000 personas fueron asesinadas como resultado de la persecución religiosa, más de 6.000 de las cuales formaban parte del clero, desde jóvenes novicias de clausura hasta obispos. Casi todas pertenecían a familias humildes, al igual que sus verdugos. Milicianos socialistas, comunistas y anarquistas eran quienes, comúnmente, lideraron las matanzas. Incluso en diócesis como Barbastro o Lérida, más de la mitad de los sacerdotes seculares fueron asesinados.

En la Guerra Civil, la libertad de culto fue eliminada de cuajo en un buen número de pueblos y ciudades, mientras éstas se mantuvieron bajo el control de las tropas republicanas. Multitud de iglesias, monasterios, conventos, obispados o colegios católicos se saquearon y fueron pasto de las llamas. Muchos se catalogaban como joyas artísticas y no se volvieron a recuperar. La Iglesia católica pasó a la clandestinidad. Cientos de seminaristas, sacerdotes, religiosos o militantes seglares huyeron de sus hogares y buscaron refugio. Las misas se celebraban en secreto, y no en iglesias sino en casas de particulares. Durante la Guerra Civil, tan sólo la zona republicana del País Vasco continuaba conservando la libertad de culto, a iniciativa del Gobierno autonómico recién creado y que presidía José Antonio Aguirre. El PNV y el Gobierno vasco conocían los desmanes que estaban acaeciendo en otros lugares leales a la II República y se propusieron, como prioridad, mantener el orden público y garantizar la seguridad de quienes en la cárcel -o incluso en libertad de manera más o menos encubierta- simpatizaban con los ‘nacionales’.

Pero es de sobra conocido que el Gobierno vasco estuvo lejos de conseguir ser eficaz en esta misión y muestra de ello fue que no supo evitar los previsibles y sucesivos asaltos a cárceles como la de Larrinaga o a buques prisión como el ‘Cabo Quilates’, en donde fueron asesinadas indiscriminadamente más de tres centenares de personas, entre las que se contaba un numeroso grupo de sacerdotes. Tampoco existe constancia de que los autores de aquellos crímenes horrendos fueran detenidos y juzgados. Ni siquiera quien ocupaba la cartera de Gobernación del Ejecutivo vasco, el conocido Telesforo Monzón, que por aquella época militaba en las filas del PNV, abandonó su cargo ante tales execrables acontecimientos.

La persecución religiosa contribuyó a deslegitimar la causa republicana, dentro y fuera de nuestro país. Estados Unidos y las democracias europeas no podían respaldar abiertamente a la II República ante las matanzas que los milicianos comenzaron a perpetrar nada más iniciada la sublevación militar. La ‘cuestión religiosa’ fue la que más dividió a los españoles a lo largo de la II República y estuvo siempre presente en la agenda política, de unos y de otros.

La II República se inauguró en 1931 con la quema de conventos y con una Constitución de corte laicista y anticlerical, que se enfrentaba a las convicciones religiosas que todavía pervivían en la mayoría de los españoles. La izquierda política iba mucho más allá de postular la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, como ya ocurría en otros países europeos y como yo sí creo que los obispos españoles de entonces hubieran terminado por aceptar. Pero una República que quería aparecer como adalid de la democracia puso en entredicho, desde el primer momento, la libertad religiosa.

Desde hace ya cuatro décadas, la mayor parte de la Iglesia católica es consciente de que, a pesar de la escalofriante persecución y suma de mártires que sufrió en la Guerra Civil, no fue capaz de estar a la altura de las circunstancias. No fue oportuno que, en el verano de 1937, los obispos españoles redactasen la carta colectiva en la que, explícitamente, apoyaban el alzamiento militar. Sólo dos obispos se opusieron a firmarla y uno de ellos era Mateo Múgica, de la diócesis de Vitoria, que en esa época aglutinaba a todo el País Vasco. Aunque Múgica era monárquico, aceptó que los católicos de su diócesis -ligados al nacionalismo vasco- apoyaran la II República durante la contienda. El obispo denunció también enérgicamente los fusilamientos de más de una docena de sacerdotes nacionalistas a manos de las tropas ‘nacionales’.

Asimismo, no debemos olvidar que, veinticinco años después de finalizada la Guerra Civil, militantes pro republicanos y grupos cristianos -con la complicidad de cada vez más obispos- comenzaron a trabajar de forma conjunta y clandestina a favor de la democracia y los derechos humanos en gran número de parroquias, algunas de las cuales habían sucumbido al fuego en tiempos de la II República y la Guerra Civil.

Al finalizar la contienda, la Santa Sede fue reacia a acelerar las beatificaciones de los cristianos martirizados, para que no fueran interpretadas como un respaldo al régimen de Franco. Era consciente que víctimas y criminales los hubo en ambos bandos. También es cierto que no todas las congregaciones religiosas han mostrado el mismo interés por promover las beatificaciones, a pesar de que Juan Pablo II reclamó en 1996, a cada una de ellas, un listado con sus respectivos mártires. Para los próximos meses se ha anunciado la celebración de nuevas beatificaciones. Pero la Iglesia desea, a toda costa, que este tipo de ceremonias no se interpreten políticamente. Buscan, exclusivamente, recordar a los mártires y presentarlos, ante el Pueblo de Dios y el mundo entero, como ejemplo de coherencia cristiana. En los instantes previos a su muerte, sabemos también que supieron perdonar a sus verdugos. Si no hubiera sido así, nunca serían declarados beatos. Por consiguiente, hoy, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, en este año que recordamos el 70 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, la memoria de los asesinados como consecuencia de la persecución religiosa nos es particularmente pertinente. De ellos extraeremos, enseguida, lecciones en clave de fidelidad a las propias convicciones, capacidad de perdón y ansia de reconciliación.