Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB (EL PAÍS, 31/12/05).
Tenemos en marcha un conjunto de modificaciones en el papel de los Estados en las sociedades contemporáneas que parecen explicar la deriva autoritaria y la obsesión por la seguridad que de manera creciente atraviesa toda Europa. Por un lado un notable retroceso en la capacidad de influir significativamente en la marcha de una economía que cada vez responde más a designios y dinámicas transnacionales. Por otro lado, y debido en parte a la dificultad de mantener los equilibrios conseguidos en la fase 1945-75 (fase que los franceses designan ya como los "treinta años gloriosos"), un progresivo repliegue en la esfera redistributiva que caracterizó y dominó el consenso en la segunda posguerra con un amplio abanico de políticas sociales. Y, fruto de esa doble combinación, un aumento significativo de la vertiente penal y represiva del Estado, que si bien no es en absoluto una novedad, sí que es cada vez más evidente y expresiva de un cambio de rumbo en las dinámicas de intervención de los poderes públicos.
La precarización laboral se extiende al mismo tiempo que la retracción del empleo. Se individualizan crecientemente los itinerarios personales, mientras se debilitan los espacios de socialización tradicionales. Menos lazos y menos vínculos. Más autonomía individual, pero también más aislamiento y retraimiento. El asalariado precarizado y desocializado vive sus crecientes riesgos de manera mucho más directa. Con pocos amortiguadores familiares y sociales. Por otro lado, hay cada vez más gente que va entendiendo que ya nadie les necesita. Son prescindibles. Y las vulnerabilidades aumentan al mismo tiempo que la sensación que nada cuenta ya demasiado excepto el seguir sobreviviendo y si es posible compitiendo por niveles de consumo que te mantengan en la carrera. Los inmigrantes se suman forzosamente a ese conjunto sistemáticamente precarizado y excluido, del que también forman parte personas ancianas con insuficientes recursos o jóvenes en busca de un empleo siempre más escaso. En ese contexto, personas y colectivos van quedando fuera, van siendo expulsados hacia los arcenes sociales. Poco a poco se convierten simplemente en peligrosos para un conjunto social cada vez más asustado. Son los componentes heterogéneos de la racaille o escoria "sarkoziana".
Y, como ya hemos dicho, si las capacidades de los poderes públicos para modificar e influir en la marcha económica son aparentemente escasas, y si cada vez más parece contradictorio seguir gastando en política social y aumentar o sostener altos niveles de competitividad, lo "lógico" es que se extienda la idea que lo que conviene es mano dura frente a aquellos que por sus desesperación, mala cabeza, o incapacidad para seguir el "ritmo que marcan los tiempos", no aceptan de buena gana su posición de exclusión. Pobreza, inmigración y criminalidad se mezclan con facilidad creciente. Y frente a ese cóctel inquietante, bienvenido sea quien ofrece seguridad y tolerancia cero frente al desorden civil. En ese contexto, la demanda de seguridad es más insaciable que la de la sanidad. No tiene límite, ya que se trata de una construcción social que en cada situación y entorno decide que y quiénes son seguros. Y qué categorías enteras de individuos o grupos son inseguros. Los factores estructurales desaparecen, sólo quedan personas, individuos, delincuentes.
Las cárceles españolas están más llenas que nunca, pero no parece que ese sea un tema meramente coyuntural. Los Estados Unidos nos indican tendencias mucho más profundas. Las cifras nos muestran que si en 1980 el número de personas encarceladas era de 130 por cada 100.000 habitantes, en el 2004 casi alcanzaban los 500. Según datos del servicio estadístico del Departamento de Justicia norteamericano, las personas que estaban bajo supervisión penal (encarcelados, en libertad vigilada o condicional) en 1980 eran poco más de 1.800.000. En el 2004 rozaban los 7.000.000 de personas. Las mismas fuentes nos informan que en 1997 (último dato disponible) el 9% de total de la población negra en el país estaba en alguna de las situaciones penales mencionadas. Y nos dicen que la posibilidad de que un negro esté en esa situación es el doble que la de un hispano o cinco veces más que la de un blanco. Evidentemente, el gasto en política penitenciaria se ha sextuplicado en esos últimos 20 años.
En el campo de la política medioambiental se alude con frecuencia de manera crítica a las llamadas end of the pipe policies o "políticas de final de cañería" para referirse a aquellas medidas que, desatendiendo las causas de los procesos de polución o contaminación, sólo se preocupan de los efectos y de cómo tratarlos, almacenarlos o confinarlos. No creo que sea exagerado aplicar ese mismo concepto a las políticas que se van extendiendo por Europa, aparentemente influenciadas por el "éxito" estadounidense, y que buscan respuestas epidérmicas pero envueltas en el popular envoltorio de la firmeza, la celeridad y la eficacia a corto plazo. Son políticas que, usando un discurso autoritario y de civismo ordenancista y bienpensante, simplifican la complejidad de los problemas que pretenden atajar, atacando sólo las expresiones externas del profundo malestar social. Los problemas de fondo persisten, pero se amortiguan sus efectos, se atenúa el ruido, y se logra seguir un tiempo más hasta el próximo estallido. Mientras, las cárceles se llenan y se invierte más y más en seguridad, en separar a los "ciudadanos peligrosos" de los "ciudadanos honrados". Se confina el residuo humano, se aparta de nuestra vista. Pero, seguimos sin preguntarnos de dónde viene todo ese malestar, ese ruido, esa creciente marea de vulnerabilidad. Y de este modo, la cárcel se convierte en lo que Loïc Wacquant denomina el gran aspirador de la escoria social.
No deberíamos seguir admitiendo que se separe "inseguridad delictiva" de "inseguridad social", y que muchas veces se usen los "cañonazos" penitenciarios para matar las "moscas" de las ilegalidades menores. Hemos de reconectar el debate sobre la delincuencia con el debate sobre la gran cuestión social de la precariedad laboral, familiar, educativa, sanitaria y la creciente desocialización. Nadie puede ni debe negar que existen problemas de criminalidad a los que hay que dar respuesta. Pero no aceptemos sin más ese populismo punitivo, esa escalada penal que la derecha autoritaria auspicia. Discutamos de ilegalidades, pero de todas. De las inmobiliarias, bursátiles y de evasión fiscal también. No se trata de buscar excusas o de ser sólo capaz de tener buenas explicaciones. Será necesario contestar a la demanda de seguridad. Pero, al menos, escojamos de qué seguridad queremos hablar. Protejamos a la gente de la degradación ambiental, de la miseria de las pensiones, de la precariedad laboral convertida en norma, de la violencia terrorista indiscriminada, de la agresión a mujeres, a adolescentes, a personas mayores, de la amoralidad del mercado desatado. Pero, tratemos de abordar esa agenda sin cantos a la "tolerancia cero", y sobre todo no nos dejemos arrastrar por la nostalgia, o por la confusión tremendista.
Hablemos de seguridad, pero de todas, y preguntémonos (como hacía Ulrich Beck recientemente en estas mismas páginas) quién puede tener una vida razonable sin empleo ni pespectivas de encontrarlo. En el campo penal, busquemos respuestas plurales a la pluralidad y diversidad de delitos con los que nos enfrentamos. Y trabajemos más con una perspectiva integral de respuesta desde los poderes públicos a problemas que requieren ese abordaje. De lo contrario, simplemente seguiremos trabajando al "final de la cañería".