Europa tiene un plazo de solo 30 años para dejar de impulsar los coches con gasolina, usar carbón para producir electricidad y calentar los hogares con petróleo si pretende contribuir, tal como se ha comprometido, a la lucha contra el cambio climático.
Un cambio tan profundo necesitará intervenciones políticas de gran alcance: las normas prohibirán ciertas tecnologías, los impuestos sobre el carbono harán que sea muy caro utilizar energías sucias y los programas públicos fomentarán el uso de tecnologías más limpias. Las políticas relacionadas con el clima tendrán que ser mucho más agresivas que las actuales. Por ejemplo, si el precio del carbono está por debajo de 10 euros, en 2050 quizá sean precisos precios superiores a los 100 euros para reducir las emisiones.
Esas políticas no solo repercutirán en la economía, sino que tendrán consecuencias para la distribución de los recursos. Las familias más pobres, que no puedan permitirse el lujo de comprar vehículos eléctricos nuevos y caros, tendrán que pagar unos impuestos considerables por las emisiones de carbono de sus viejos dacias. Y lo irónico será que los Gobiernos utilizarán el dinero de esos impuestos para subvencionar a las familias ricas que se quieran comprar un Tesla.
Las familias pobres, en general, no tienen casa en propiedad y no pueden invertir en paneles solares subvencionados por el Estado, medidas para ahorrar energía ni estaciones de recarga eléctrica. Y cuando sí tienen casa, no tienen acceso al capital necesario para financiar esas inversiones. Por consiguiente, dedicarán una parte cada vez mayor de sus escasos ingresos a pagar multas por contaminación, mientras que otras familias más ricas podrán permitirse dejar los combustibles fósiles para evitar pagar unos impuestos cada vez más caros por el carbono. Y el coste de esas políticas cada vez más agresivas recaerá de forma desproporcionada sobre las familias más pobres.
A las empresas, por su parte, se les conceden márgenes de exención y devoluciones de impuestos sobre la energía que les permiten ser más competitivas internacionalmente. Y muchas trasladan todo el coste de las emisiones del carbono a los consumidores. Al mismo tiempo, las enormes inversiones que se necesitan para pasar a una economía de bajas emisiones implican una gran demanda de capital: según el Banco Mundial, cuatro billones de dólares en los próximos 15 años.
En definitiva, la implantación de unas políticas cada vez más agresivas para combatir el cambio climático puede enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. El aumento de las desigualdades perjudicará el crecimiento económico y la estabilidad política, y esos efectos negativos harán que las políticas encuentren menos aceptación política. Ahora bien, las alternativas —hacer caso omiso del cambio climático o no urgir a las familias más pobres a que reduzcan su huella de carbono— son impensables. Esas familias ya sufren más que nadie las consecuencias de los problemas medioambientales, porque tienen menos capacidad para adaptarse y para asegurarse contra los peligros provocados por el clima.
Por todo ello, en los próximos años será importante abordar las repercusiones distributivas de las políticas sobre el clima, empezando por la forma de elaborarlas. En la actualidad, las discusiones sobre este tema están dominadas por representantes de la industria y ecologistas, pero no suele haber personas que defiendan un punto de vista social. Eso tiene que cambiar, para que todos los responsables y expertos reflexionen sobre el grado de equidad de las políticas que proponen.
Una posibilidad evidente es la redistribución del dinero procedente de los impuestos del carbono. Si se puede usar una parte mayor para reducir la huella de carbono de las familias pobres —por ejemplo, financiando electrodomésticos de ahorro energético—, las políticas les beneficiarán. También debemos pensar cómo se gravan las distintas fuentes de carbono. Mientras que los impuestos sobre la electricidad son muy injustos para las familias pobres, que suelen dedicar a ese gasto una parte mucho mayor de sus ingresos, los impuestos sobre el combustible suelen recaer más sobre las familias más ricas.
Con suficiente voluntad política es posible mitigar el impacto distributivo de las políticas sobre el clima, y es crucial hacerlo, porque, en caso contrario, las medidas necesarias —como multiplicar por más de 10 el precio actual del carbono— serán políticamente inaceptables.
Georg Zachmann es miembro del laboratorio de ideas Bruegel. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia