La pandemia de coronavirus no pudo llegar en peor momento para África. Pese a las mejoras en gestión macroeconómica de la última década, el continente todavía carece de recursos para afrontar altos niveles de pobreza y desigualdad, crear empleo en el sector formal y fomentar las transformaciones estructurales necesarias para incorporar a 12 millones de jóvenes por año al mercado laboral. Y ahora la COVID‑19 amenaza con dar un duro golpe a la economía africana.
El bajo promedio de crecimiento anual del continente (3,3% en 2014‑19) se debió ante todo a estrategias de desarrollo erróneas que se centraron en industrias inviables con uso intensivo de capital (a menudo en commodities) en vez de promover sectores competitivos con uso intensivo de mano de obra. A su vez, la falta de crecimiento suficiente limitó los recursos fiscales, y eso llevó a subfinanciación de los sistemas sanitarios, mala gobernanza, veloz aumento de la deuda pública y grandes déficits de infraestructura.
En vista de la precariedad de las instituciones sanitarias africanas y la escasez de médicos, trabajadores sanitarios, fármacos y suministros médicos, es probable que las infecciones por COVID‑19 se multipliquen y se genere una crisis humanitaria (que casi seguramente no será debidamente registrada). El virus puede proliferar en áreas pobres sin conexión a las redes de agua potable y saneamiento y en comunidades donde los bajos niveles educativos, los hábitos sociales predominantes y la desconfianza hacia el gobierno complican los esfuerzos de contención. Si no se dispone pronto de una cura para la COVID‑19, la pandemia puede devastar África.
Además, la prolongada paralización económica de los países del G20 (algunos de los cuales enfrentan profundas recesiones) provocará una fuerte caída del crecimiento global, que afectará las exportaciones del continente africano (su principal motor de crecimiento) y deteriorará su saldo comercial y de cuenta corriente. Y con la desaceleración de las economías avanzadas por la pandemia, también disminuirán las remesas de trabajadores emigrados y la inversión extranjera directa.
Además, el derrumbe de precios del petróleo, del gas natural, de los metales y de los minerales debilitará considerablemente la posición fiscal de muchas grandes economías africanas, sobre todo Nigeria, Sudáfrica, Argelia, Camerún, Angola, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Chad, Congo y Tanzania. Eso obligará a los gobiernos a implementar duros ajustes macroeconómicos en el momento más difícil.
Para peor, la capacidad de África para mitigar el impacto económico de la pandemia con políticas monetarias y fiscales es limitada. Mientras gobiernos y bancos centrales de todo el mundo han adoptado medidas de estímulo a corto plazo vigorosas y a menudo inéditas, los países africanos en su mayoría carecen de margen de acción y capacidad para hacerlo, o están limitados por acuerdos monetarios que les impiden implementar estrategias nacionales.
Es verdad que unos pocos países (por ejemplo Marruecos, Ghana, Mauricio y Kenia) han iniciado programas nacionales de estímulo, a la par de reformas estructurales para mejorar sus perspectivas fiscales a mediano plazo. Pero esas políticas serían más eficaces si se diseñaran e implementaran en el nivel continental.
En el corto plazo, África necesita más margen de maniobra fiscal para aumentar el gasto en salud, contener la propagación de la COVID‑19, ayudar a los sectores más afectados y estimular el consumo interno; al mismo tiempo, los bancos centrales del continente deben bajar las tasas y canalizar liquidez hacia empresas y familias. Pero todas las medidas de gasto se deben implementar en forma transparente, supervisadas por consejos fiscales independientes y acompañadas de agendas de reforma creíbles que fortalezcan el marco de gasto a mediano plazo. Para lograr estos objetivos, los jefes de Estado y gobierno de la Unión Africana deben celebrar una reunión virtual de emergencia con el objetivo de movilizar alrededor del 10% del producto interno bruto del continente (250 000 millones de dólares), con participación de los bancos centrales y de desarrollo, y coordinar las medidas de gasto en el nivel supranacional.
También se necesitan medidas continentales para mejorar la coordinación de las políticas tributarias nacionales, aumentar la recaudación y estimular el crecimiento económico, para que todos los países puedan reforzar sus sistemas sanitarios nacionales. En particular, un modo de aumentar el margen de maniobra fiscal sería acelerar la implementación del Área Continental Africana de Libre Comercio. Un estudio reciente muestra que unas pocas medidas de política comercial fácilmente implementables (por ejemplo, eliminar aranceles bilaterales y todas las barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios en el continente y agilizar el cruce de fronteras) generarían 134 000 millones de dólares al año (el 4,5% del PIB africano).
En segundo lugar, África necesita un mecanismo especial de financiación internacional para mejorar el crecimiento futuro de la productividad. Esa iniciativa permitirá sostener el gasto de emergencia en los sistemas sanitarios de aquellos países que enfrentan restricciones presupuestarias y estimular la demanda interna. Además, ayudará a financiar la construcción de infraestructuras rentables en sectores competitivos y así sentar las bases para la industrialización y el crecimiento en el futuro.
El mecanismo puede partir con una dotación inicial de un billón de dólares de inversores institucionales, bancos regionales de desarrollo, el sector privado y los gobiernos del G20. Asignará ahorro internacional a proyectos de alta rentabilidad que tengan un impacto significativo sobre el desarrollo económico y el empleo; y con el tiempo, generará financiación pública autosuficiente para los sectores sanitarios y sociales de África, reducirá la creciente brecha entre ricos y pobres y convertirá al continente en una importante fuente de demanda global.
En tercer lugar, hay que reformar los acuerdos monetarios y regulaciones financieras que hoy disminuyen la competitividad externa (especialmente los de los catorce países de la zona del franco CFA cuya moneda está atada a un euro fuerte) para obtener flexibilidad cambiaria. Asimismo, hay que extender a todos los países africanos, sin condicionamientos políticos, iniciativas como la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (de Estados Unidos) y el programa de la Unión Europea que exime de impuestos y cuotas la importación de productos africanos que no sean armas.
Finalmente, se debe considerar la creación de un nuevo plan integral de alivio de deuda para los países africanos con buena gobernanza. El stock de deuda externa e interna del continente ya asciende a 500 000 millones de dólares, y la mediana del cociente deuda/PIB pasó de 38% en 2008 a 54% en 2018. La pandemia de COVID‑19, al provocar un derrumbe de las exportaciones y un empeoramiento de los términos de intercambio, arroja a los países africanos al territorio del crecimiento per cápita negativo. En vista de las necesidades financieras del continente y su crecimiento demográfico, la deuda de los países africanos no tardará en volverse insostenible, a menos que haya una condonación y políticas para aumentar su transparencia y mejorar su gestión.
Es probable que la pandemia de COVID‑19 imponga altos costos humanos, financieros, económicos y sociales a África. Pero la crisis también crea una oportunidad para reexaminar las prioridades de la política económica y fiscal del continente, fortalecer los sectores sociosanitarios y crear un fondo global para dar apoyo a la inversión productiva.
Célestin Monga, former Vice President and Chief Economist of the African Development Bank Group and former Managing Director at the United Nations Industrial Development Organization, is Senior Economic Adviser at the World Bank. Traducción: Esteban Flamini.