La democracia en las sociedades modernas tiene que ver con la igualdad de todas las personas, la defensa de los derechos individuales, los derechos de ciudadanía. El sistema fiscal resulta legitimado en nuestras sociedades por cuanto constituye uno de los mecanismos que permiten hacer posible en la realidad esos principios democráticos. Se asegura así la creación y mantenimiento de infraestructuras, la igualdad de oportunidades a todo el mundo ante la enseñanza y la salud, y la posibilidad de hacer frente a las contingencias de las vidas de las personas como el desempleo o la vejez. Es, junto con la extensión lo más plenamente posible del empleo -ésta puede considerarse la primera y más importante política social-, una manera de redistribuir la riqueza generada socialmente. Lo que las circunstancias internacionales o internas en cada país aconsejen en momentos de recesión o clara crisis económica o demográfica moverá a los especialistas a recomendar diversas medidas que pueden modificar las contribuciones de los trabajadores. Son asuntos muy serios que requieren ser analizados sin partidismos y con humildad por los gobiernos, realmente conscientes de que no son los dueños de los dineros públicos, sino sus administradores.
Esta breve introducción es una explicación sobre el título. Dádiva, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que puede consultarse por Internet, dice que viene del latín 'dativa' y significa 'cosa que se da gratuitamente'. Aparece una segunda acepción cuando va con el verbo acometer ('acometer con dádiva') que dice es 'intentar o pretender cohecho o soborno'. En cuanto a la primera acepción, cualquier propuesta electoral no podrá ser nunca una dádiva, un regalo, pues nadie puede dar lo que no es suyo. En cuanto a la segunda acepción, resulta humillante e indignante para los votantes percibir como soborno la oferta de algo con el fin de conseguir votos por tal o cual precio. Un gobierno, o un partido que aspire a gobernar, deberá presentar un programa con una serie de medidas en los diversos ámbitos, que tengan visos de ser rigurosas y fiables, que se ajusten a las posibilidades y circunstancias económicas -unas veces serán algo más conservadoras, otras más osadas- pero siempre deberán ajustarse al interés general o de grupos específicos que necesiten más apoyo. Puede tratarse de medidas fiscales para promover la natalidad; el empleo de los jóvenes, las mujeres o los trabajadores mayores; o la mejora de las condiciones de vida de las personas jubiladas más necesitadas, entre otros casos.
La devolución de 400 euros anunciada de repente un día, y matizada seguidamente, ha recibido críticas desde todos los ámbitos, sea porque se le negó a otro partido que lo propuso días antes, porque se ve como ocurrencia o idea inesperada que viene a la imaginación del que lo dice, o porque sería por un lado sólo para quienes contribuyen y por otro, entre éstos, para todas las rentas por igual. (Además en principio no afectaría a los ciudadanos de las comunidades con convenio económico especial). Otra propuesta repentina, el llamado 'cheque-bebé', fue acogida con alegría, con rechifla y con críticas igualmente, sobre todo por la forma y fecha de inicio del beneficio a partir del día de la declaración presidencial y no para todos los nacidos en el año. La crisis demográfica que afecta a España, como a otros países europeos, podía sin embargo justificar esa medida. Pero es una propuesta que requiere un mínimo análisis.
Ante el desafío que representa el envejecimiento poblacional, los gobiernos tratan de hacer frente al mismo con tres tipos principales de políticas, que son las destinadas a aumentar la natalidad, las que tienen por objeto elevar las tasas de participación laboral, sobre todo entre mujeres y jóvenes, y las políticas migratorias. Desde los estudios de los resultados de las políticas natalistas que se han llevado a efecto en varios países se observa que el respaldo a las familias en lo que son los costes directos de tener un hijo, es decir, los gastos que se originan por su nacimiento, puede ser menos efectivo que si se apoyan los costes indirectos, o sea, las ganancias que no se obtienen por tener que cuidar de un hijo o hija. Y ése es el nudo gordiano también en nuestro país y al que aún no se han aplicado medidas políticas adecuadas. Son de vital importancia para ese objetivo las políticas que llevan a una conciliación entre vida familiar y laboral, además de la necesidad de aumentar la igualdad por género a la hora de hacer frente a las obligaciones familiares. Y no basta con buenas intenciones ni leyes rimbombantes, sino que hay que poner los medios reales y efectivos -que muchas veces implican asignación de los recursos económicos necesarios- para lograr los fines que las leyes buscan. Y para que todo eso funcione tiene que haber un acuerdo entre partidos y ciudadanos individual o colectivamente contemplados. Eso implica también la consideración de la situación económica general de un país, el mantenimiento de una economía saneada, algo fundamental porque en un contexto de desempleo relativamente alto -como se pronostica para un inmediato futuro- o de precariedad laboral, situación tan común entre las personas jóvenes, los ciudadanos optan por posponer o evitar la paternidad. Se sabe que las tasas de natalidad tienden a ser más bajas cuando las tasas de participación femenina en el mercado de trabajo son bajas también. Y eso suele suceder en países con desarrollos todavía insuficientes del Estado de Bienestar. Y precisamente es algo que ocurre en España. Aparece pues como una cuestión esencial que los programas de gobierno de los partidos y las campañas electorales se dejen de zarandajas y lisonjas que resultan ofensivas, y se centren, tras un estudio serio, en las políticas más adecuadas para hacer frente a las necesidades reales de las personas y de las familias. Y muchas -cada vez más- están percibiendo amenazas sobre su bienestar, según los sondeos del CIS y otros.
Lo que se ha dado últimamente en denominar subasta electoral, en referencia a las promesas de la oposición para cuando gane las elecciones y del Gobierno, que ya gobierna en la presente legislatura pero que promete más cosas si obtienen los votos suficientes para continuar, está causando indignación quizá como no se había visto nunca en la mayoría de los medios de comunicación, economistas, analistas sociales, políticos de diversos partidos y representantes de organizaciones diversas. Desde el análisis social podrían valorarse de forma positiva esas reacciones, por cuanto pudieran significar el inicio de un movimiento de resistencia ante los falsos halagos y chantajes perpetrados contra la ciudadanía en esta lonja preelectoral. Los votantes pueden haber visto colmado el vaso de su paciencia ante la actitud que en ocasiones los políticos muestran de desprecio a su inteligencia y madurez, al infantilizarles con esa propaganda burda, por cuanto supone en total mucho dinero público, pero al tiempo que los políticos se privilegian a sí mismos en sus sueldos que prácticamente no cotizan, y magníficas pensiones e incluso cesantías y regalos caros, y lo que es peor, en propaganda. Podría interpretarse como una reacción de dignidad democrática y 'actitud moderna' (en el sentido de crítica justa y libre al poder sobre todo). O no.
María Teresa Bazo