Políticos y potentados

Durante el periodo 2007-2009, la crisis financiera nos ha permitido asistir atónitos a toda una serie de episodios sorprendentes sobre los que se guarda silencio. Por ejemplo, las cátedras de Ética y Empresa de las escuelas de negocios ni han dicho nada ni han sido suprimidas a la vista de cómo callan mientras la economía se hunde bajo nuestros pies. Los hay que siguen predicando la coartada y el pretexto de la responsabilidad social corporativa o de la obra social de los financieros pretendidamente benéficos como si aquí la codicia de los ejecutivos del sistema crediticio no hubiera contribuido de forma destacada y decisiva a la mayor catástrofe de los últimos 80 años.

Parece como si los ilustres profesores de unas escuelas que, en algunos casos, pertenecen a órdenes religiosas, no se hubieran enterado de que el propio canciller del Tesoro británico, Alistair Darling, denunció la indecente relación incestuosa entre el Gobierno y la banca como principal motivo del fracaso en el intento de reformar los servicios públicos y financieros. Y que en el 2008 los gobiernos nos querían hacer creer que con una ayuda temporal a la banca y una recapitalización sustancial de las entidades menos solventes se estabilizaría el sistema. Pero la situación era más grave de lo que quería reconocerse, y al final los gobiernos han acabado suministrando dinero del contribuyente a las empresas de servicios financieros, en cantidades inimaginables y sin precedentes.

Es por ello por lo que conviene delimitar muy claramente las respectivas funciones de los reguladores públicos y los titulares de negocios privados. Más que nunca deben establecerse normas y controles para impedir el carrusel rotativo de los que saltan de un lado a otro de la barrera. Todo ello concuerda con la sorpresa causada por el nombramiento del profesor del IESE José Manuel Campa como secretario de Estado de Economía. Es cierto que el general Franco llamó a los ministros del Opus para salir de una severa crisis económica, en 1959, y que, gracias a personas como Ullastres o López Rodó, se llevó adelante un plan de estabilización y luego uno de desarrollo. Pero en ese Gobierno de la dictadura los tecnócratas eran el factor de modernización, de liberalización y de progreso en contraste con el inmovilismo intervencionista del sector azul-falangista. No obstante, en este caso se trata de un fichaje del mundo académico-empresarial conocido más bien por sus opiniones y declaraciones ultraconservadoras y contradictorias con el posicionamiento, al menos verbal, del Gobierno socialista. Vean, por ejemplo, las siguientes perlas de entre sus pronunciamientos recientes: «El aumento del poder adquisitivo de los trabajadores no es consistente en un momento de caída económica como el actual».

Por cierto, España es el único país industrializado (OCDE) del mundo en el que la participación de los salarios en el conjunto de la renta nacional ha perdido peso relativo a expensas de las rentas del capital. Más aún, Campa firmó el manifiesto anti-Zapatero de los 100 economistas que reclaman el despido más barato y la rebaja de los salarios (no los bonos de los financieros o los contratos de los futbolistas) como salida de la crisis. Naturalmente, en un gesto de sostenella y no enmendalla, no se ha retractado, pese a que algunos economistas le han hecho observar que si la cosa es urgente y quiere coger el camino del medio, restableciendo la esclavitud aún se llegaría antes.

Significativamente, a su toma de posesión asistieron los presidentes de la patronal bancaria y de la de obras públicas (Martín y Taguas). Ha tenido becas del Banco Herrero, la Fundación Areces, el BBVA y la Fundación Empresa Pública. Es un profesional de los peritajes a favor de personas encausadas en procesos judiciales, eso sí, siempre que sean de postín. Por ejemplo, César Alierta por el presunto delito de operaciones bursátiles basadas en información privilegiada cuando era presidente de Tabacalera. O bien de los hermanos Areces en la disputa patrimonial contra El Corte Inglés. O, sobre todo, del Santander, en su pleito contra Gaesco, que ha llegado ahora a la CNMV. Les ahorraré detalles, pero los abogados de Gaesco pidieron que Campa fuera recusado como perito por falta de independencia, ya que está probado que cobró del Santander a través de su cátedra de Banca en el IESE.

Ya se sabe, además, que a este organismo que preside Julio Segura, en el milieu ya no se le llama Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino Comisión de No Molestar a los Vips. Pero el gran problema es que del consejo del órgano regulador forma parte la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, subordinada de Campa, que lógicamente no podrá dejar con el culo al aire a su superior jerárquico y es, por tanto, la demostración viviente de que los asuntos privados pueden ser descalificados y no deben mezclarse con la gestión de la cosa pública.
Y el profesor debe saber perfectamente que sería aconsejable que se inhibiera de tomar decisiones en materias que afecten a su clientela.

Francesc Sanuy, abogado.