Politizar la Inteligencia

"Un chivo expiatorio no es la solución", concluyó el analista Paul Pillar al dimitir el director de la CIA en 2004. Los fallos de Inteligencia son inevitables y por eso las democracias intentan identificar y corregir sus causas, reducir su probabilidad preparándose para limitar su impacto. En el caso reciente de España, tras desnudar el Gobierno al Estado admitiendo su vulnerabilidad, el falso proceso de transparencia aducido por sus portavoces exigía rendición de cuentas y abordar las causas del fallo. Destituyendo a la directora del CNI se elude esa obligada tarea al trasladar la imagen de un fallo de la institución que ésta no cometió. Su sacrificio confirma la negativa politización de la Inteligencia por parte del Gobierno.

Un auténtico profesional de los servicios secretos jamás tendrá reparo en asumir que su esfuerzo fue insuficiente si yerra; reconocerá con humildad su humana falibilidad y los límites de su complejo desempeño; y, con honestidad, buscará la causa del error para evitar su repetición. Como apunta David Omand, ex director del servicio de espionaje británico GCHQ, el espía debe mantener unos códigos éticos, una brújula moral en sus éxitos y fracasos. Para transferirle la culpa, el Gobierno exoneró aparentemente a Paz Esteban elogiándola. Este cinismo muestra su desprecio a la ética de los espías, la torticera instrumentalización política de información privilegiada sobre las amenazas a la seguridad nacional que incluyen a políticos que, tras violar la Constitución, chantajean al Ejecutivo con su supervivencia.

Politizar la InteligenciaLos espías producen Inteligencia para informar decisiones políticas y, por tanto, es preciso politizarla. La negativa politización de la Inteligencia ocurre cuando los decisores políticos la explotan anteponiendo sus intereses partidistas a los del Estado. Con ese fin, contaminan análisis y distorsionan y manipulan información sensible para evitar que entre en conflicto con sus decisiones políticas. La respuesta a las escuchas legales a los independentistas y al hackeo al Gobierno, ilustra cómo Sánchez politiza la Inteligencia para mantener su peligrosa agenda política. El interés partidista -blindar la alianza entre socialistas, comunistas y nacionalistas para evitar la alternancia gubernamental- se antepone al interés del Estado de protegerse de sus enemigos, los que tras utilizar la violencia política la legitiman en las instituciones. Los estudios sobre inteligencia definen esa politización como nociva, una forma de corrupción. Destaca la ministra de Defensa en esa perniciosa politización. Intentando camuflar el deshonroso cese de Paz Esteban, Robles repitió la maniquea alusión al servicio al Estado que es, dijo, su motivación y la de los profesionales del CNI. Quienes trabajan en las agencias de seguridad saben bien que la mayoría de sus miembros sirven al Estado, pero reconocen que algunos prefieren servirse a sí mismos. Y precisamente para reivindicar a quienes verdaderamente han optado por esa vocación de servicio debe denunciarse a quienes se sirven de la abnegación de tantos para su propio beneficio. Por ello es oportuno recordar a Robles revelando otra politización de la Inteligencia: "¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien realiza desórdenes públicos, cuando alguien está asumiendo relaciones con dirigentes de un país que está invadiendo Ucrania?". La respuesta obvia, no pactar con semejantes enemigos del Estado, todo lo contrario a lo que la ministra bendice desde un Gobierno sometido a endemoniados pactos.

La ministra engañosamente idealizada como la patriota del Gabinete recurre a otro vicio de la politización de la Inteligencia. "Siéntanse muy orgullosos de España", reprendió irrespetuosa a periodistas cuyas preguntas dejó sin respuesta. Quiso esconder su insulto a los españoles escudándose en "quienes solo trabajan por y para España", a los que con un patético narcisismo se equiparó. La jueza definió como un "regalo" de Sánchez el Ministerio que dirige por una moción de censura no constructiva, contra lo exigido por la Constitución, y basada en manipular una sentencia criticada por Audiencia Nacional y Supremo. Otro tipo de politización de la Inteligencia consiste en ubicar en cargos de responsabilidad a algunos de esos servidores públicos que se sirven a sí mismos y que repiten lo que el político desea escuchar, pues a éste, no al mérito, le deben la dádiva de su puesto. En un hecho sin precedentes, su primer subsecretario de Defensa fue un comandante del CNI que, como jefe de personal del Ministerio, desoyó sin justificación las propuestas de ascenso elevadas por los órganos de evaluación. Así bloqueó promociones al generalato acordadas en el anterior Gobierno tras haber acreditado los candidatos una brillante trayectoria profesional. Verdaderos servidores públicos con décadas de servicio a España fueron injustamente tratados. El Estado no pudo contar con los mejores porque un "servidor público" utilizó su privilegiado destino para ascenderse a sí mismo. Fue destituido en 2020 tras anular el Tribunal Militar Central una sanción disciplinaria que él había impuesto, acusándole además de actuar de manera ilegal.

Como señala Onora O'Neill, "la confianza es valiosa cuando se deposita en quienes son merecedores de ella, pero dañina cuando se concede a quienes no son confiables". Tras convertir el Gobierno su debilidad en la del Estado, ¿pueden nuestros aliados y el CNI confiar en quien demuestra falta de fiabilidad e incompetencia transfiriendo a la institución la culpa política de su ineptitud? Expuesto ante un espionaje externo al más alto nivel, el Gobierno crea un chivo expiatorio para apaciguar a los independentistas legalmente escuchados por el CNI. Una cortina de humo ante la coacción de enemigos declarados del Estado. Así tapa Moncloa su incapacidad para prevenir el espionaje sufrido y la responsabilidad política de tantos errores que aumentan nuestra vulnerabilidad. Desconocemos si la brecha ocurrió hace tiempo o recientemente, pero el Centro Criptológico la descubrió tras alertar de los potenciales hackeos, quedando pendientes respuestas que evidencian la negligencia del Gobierno. O bien los móviles no se entregaron para su examen en el tiempo debido, o sí se entregaron y se descubrió un espionaje que ahora se airea. Advertido el presidente de los riesgos que el uso de un móvil entraña, instruido sobre las medidas preventivas, suya es la responsabilidad de evitar almacenar información sensible y su borrado. Mientras el Gobierno despliega su propaganda incapaz de reparar el daño reputacional al país, tampoco explica por qué las prioridades nacionales no han variado para destinar los recursos requeridos por los servicios de Inteligencia, a los que se exige una infalibilidad que ni el presidente ni sus ministros se aplican. Carecemos de las capacidades tecnológicas y de la presencia exterior de otros países para enfrentar complejas amenazas mientras se dilapida el Presupuesto en exceso de ministerios, asesores y subvenciones.

La actual politización de la Inteligencia tiene precedentes en la negociación de Zapatero con ETA. Los análisis de Inteligencia advirtieron del reforzamiento del brazo político de ETA y de la división entre los dos grandes partidos que implicaba abandonar la política antiterrorista con la que se logró su declive operativo. Los contactos de ERC con ETA desde 2001 descubiertos por el CNI coincidían con el diseño de una estrategia que Sánchez sigue: la alianza entre izquierda y nacionalismo para mantener el poder. Con ese fin, la legalización del brazo político de ETA se produjo tras otra politización de la Inteligencia. Un análisis recogía las burlas de un dirigente etarra ante esa politización que permitió la fraudulenta legalización neutralizando las pruebas recabadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el CNI. Fue inmensa la decepción policial, llevando a uno de sus mandos a dirigir una carta a sus subordinados para elevar su moral. De aquellos polvos, estos lodos. Corrupción travestida de razón de Estado.

Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

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