¿Polonia contra Europa?

El Primer Minsitro de Polonia, Mateusz Morawiecki, del Partido Ley y Justicia (PiS, siglas en polaco), compareció ante el Pleno del Parlamento Europeo (PE) del mes de julio en Estrasburgo, en la ronda de debates acerca del futuro de Europa con los jefes de Gobierno de los Estados miembros.

Su intervención dio lugar a una abrumadora avalancha de críticas e invectivas desde distintos flancos del arco parlamentario. Muchos de los intervinientes denunciamos la acumulación de leyes contra la separación de poderes, la independencia de la Justicia, el pluralismo político y los derechos de las minorías que en los últimos años ha venido imponiendo el ultraconservador Ejecutivo polaco con su rodillo en la Sejm (Asamblea Nacional), a rebufo del refuerzo del premio de mayoría de su sistema electoral… ¿Cómo puede explicarse que continúe haciendo oídos sordos a ese clamor que le exige que regrese a los valores europeos, y nos devuelva una Polonia comprometida con Europa?

El hecho de que, pese a tanto fragor, el Gobierno de Polonia sostenga contra viento y marea su giro ultraderechista, nacionalista y eurófobo, sólo puede entenderse combinando dos factores.

Primero: Ley y Justicia ha apostado expresamente por explotar sin disimulo su desafío contumaz a los valores de la UE. Por rédito electoral. Y lo hace, además, exasperando –lejos de evitar– la confrontación entre sectores de la ciudadanía polaca crecientemente contrapuestos sobre un eje divisivo: la suma de contrarreformas del sistema judicial (Consejo y Escuela Judicial, Tribunal Supremo y Constitucional) y de los medios públicos de comunicación. Una estrategia reaccionaria que ha merecido crítica y juicio negativo tanto del Consejo de Europa (Comisión de Venecia, Comisionado de Derechos Humanos y TEDH) como de la propia UE (Comisión Europea –vicepresidente Timmermas, última ronda en Varsovia de 18 de junio, y el Parlamento Europeo en su Resolución 2017/2131).

Es claro que el Gobierno del PiS se ha lanzado hace ya tiempo a esa rentabilización de su deriva regresiva contra la integración supranacional y sus principios fundantes. Opone así una visión deformada de la UE como una «nueva URSS», de la Comisión en Bruselas como un «nuevo Moscú», y del Parlamento Europeo como si fuera un «intruso» de una «potencia extranjera»… ¡Cómo si el PE no representase a sus 40 millones de ciudadanos polacos: a los que votan al PiS (38%) y a los que no lo hacen! De hecho, millones de ellos se han manifestado a menudo masivamente en las calles –su lema, Not in Our Name– para protestar su enfado ante la consumada entrada en vigor de su reforma judicial (con la jubilación forzosa de 27 jueces del TS, incluida su presidenta), siendo caricaturizados por la propaganda oficial: «¡Nostálgicos del comunismo!, ¡cómplices de la dictadura previa a la democracia!».

Segundo: Bajo impulso de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del PE, varias Resoluciones aprobadas en la legislatura en que entró al fin en vigor el Tratado de Lisboa (y en que la presidí, 2009-2014) han venido apostando, decididamente, por activar lo dispuesto en el art. 7 TUE. Se trata de poner en marcha sanciones sobre aquel Estado cuyos actos planteen un «riesgo claro» y «persistente» de «violación» del Rule of Law y del respeto al pluralismo y a los derechos fundamentales. Y, sin embargo, es tristemente palmario que el Gobierno de Polonia no teme que esa previsión pueda completar su trámite. Su cálculo está basado en la improbabilidad de la mayoría cualificada requerida en el Consejo para extraer de la regla todas sus consecuencias: 4/5 de los Gobiernos representados en el Consejo deben constatar el «riesgo»; pero sólo por unanimidad pueden llegar a imponer la suspensión de su derecho de voto. Aunque se excluya del cómputo al Estado concernido en el examen (art. 354 TFUE), lo cierto es que la actual mayoría escorada a la derecha en el Consejo es de tanta magnitud (Hungría o República Checa, compañeros de Polonia en el Grupo de Visegrado, bloquean cualquier avance humanitario en la denominada crisis de los refugiados) que es difícil o impensable que pueda llevarse a término. Y el Gobierno de Polonia lo sabe, demasiado bien.

Y empero, a pesar de ello, en el curso de aquel Pleno acalorado e intenso, el primer ministro Morawiecki escuchó con claridad, en polifonía coral y en todas las lenguas de la UE, que somos muchos en el PE quienes estamos dispuestos a preservar las cuestionadas reglas del Imperio de la Ley y del constitucionalismo (criterios de Copenhague, art. 2 TUE) como normas vinculantes, definitorias de la UE y sus miembros. Muchos estamos preparados para llegar hasta el final. Incluyendo la incoación de procedimientos de infracción ante el TJ, y las sanciones económicas previstas por la Comisión en el Marco Financiero, actualmente en discusión, para penalizar deficiencias o retrocesos del Estado de derecho (COM 2018/0324). Ése es nuestro compromiso por respaldar a esos millones de polacos que protestan y combaten los atropellos y abusos de su Gobierno ultraconservador y su sobreactuado canto de la tradición cristiana como fuente del Derecho. Y es nuestra solidaridad.

Porque quienes corean el lema Not in Our Name no pueden ser despachados, sin más, como meros «epígonos del régimen comunista». ¡Y porque no están solos! No lo están en su defensa de esa tutela y garantía de minorías y oposición que distingue a una democracia constitucional merecedora del nombre. Ni lo están en su defensa de valores europeos. Frente al aplastamiento de las opiniones discrepantes contra el Gobierno del PiS, la conculcación de la separación de poderes, la restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres polacas, muchos estamos con ellos en un Parlamento Europeo que no es «ajeno» ni es «injerencia» en un asunto de «soberanía polaca», sino que representa a esa ciudadanía polaca sin la que la europea aparecería mutilada de una parte de sí misma.

Juan Fernando López Aguilar es eurodiputado socialista y fue presidente de LIBE (2009-2014).

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