Si bien es cierto que la era digital ha traído a la sociedad múltiples oportunidades, es evidente que conlleva a su vez una amplificación de desequilibrios y desigualdades. En un mundo que tiene que hacer frente a la crisis de la covid-19, urge dar respuesta a esta emergencia digital.
La tecnología es la palanca para alcanzar una sociedad más inclusiva, equitativa y sostenible, pero para ello es necesario reformar el modelo productivo, económico y energético, actualizado frente a los complejos problemas de nuestro tiempo. Un cambio de paradigma que debe situar al ciudadano en el centro y convertirlo en protagonista. Como país, tenemos que ser capaces de abordar varios retos en materia de digitalización, en concreto: reducir las brechas digitales, avanzar en un marco regulatorio sobre el futuro del trabajo y minimizar el impacto ambiental del sector tecnológico.
Más allá del acceso a las tecnologías de la información, España debe mitigar las brechas digitales causadas por múltiples factores, como la edad, la educación, el género, la discapacidad, la ubicación o el contenido. Casi la mitad de los adultos no posee ningún tipo de competencia o habilidad digital, según el último informe sobre brecha digital de la UGT. Preocupa también otra brecha: en España, el 71% de las personas con discapacidad no utiliza Internet (Informe Olivenza 2017).
Además de una necesaria inversión en infraestructura y conectividad, la colaboración entre los diversos grupos de interés y el empoderamiento ciudadano mediante la alfabetización digital es la respuesta más eficaz para hacer frente a la complejidad de las brechas digitales.
Otro desafío para España en materia de digitalización es el futuro del trabajo y, en concreto, el auge de plataformas (como Uber o Glovo). El informe de la Comisión Europea Digital Labour Platforms in Europe coloca a España en el puesto número uno en trabajadores en plataformas (el 12,5% han trabajado alguna vez en una de ellas), lo que pone de manifiesto las limitaciones de las legislaciones laborales y los sistemas de Seguridad Social, concebidos para un sistema tradicional que corre el riesgo de quedarse desfasado. La regulación es necesaria para los trabajadores y para las propias plataformas. El fenómeno exige un sistema de gobernanza global que defina derechos, y alentar diálogo entre trabajadores, Administraciones públicas y plataformas.
El impacto de la tecnología en el medio ambiente es otra problemática de alcance global, y su planteamiento debe ser integral y multiestratégico. La digitalización comporta el aumento del consumo energético por el uso de dispositivos, redes de distribución y centros de datos; la extracción de recursos y generación de residuos; y emisiones generadas durante el ciclo de vida de las soluciones tecnológicas.
Son necesarios cambios transversales: políticas y estrategias de eficiencia transparentes con datos de calidad disponibles y actualizados; y colaboración internacional a todos los niveles, entre otros. No podemos considerar la transformación digital de forma independiente, la tecnología debe ser el vertebrador de políticas sectoriales como medio ambiente, energía, transporte o trabajo. El Pacto Verde Europeo es un buen ejemplo de cómo integrar políticas públicas en torno a un elemento clave: la sostenibilidad. Por último, algo tan lógico que puede resultar excepcional: la cooperación. Es imprescindible la implicación de las Administraciones públicas, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil.
Cristina Colom es directora de Digital Future Society, un programa promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Mobile World Capital.