La confianza de los ciudadanos en las instituciones es directamente proporcional a la calidad democrática de un país. Si las instituciones se deterioran y se degradan, difícilmente puede la clase política reclamar a los ciudadanos que crean en sus dirigentes o que confíen en el gobierno o en el legislador para solucionar los problemas de la sociedad.
Los tribunales constitucionales son una pieza clave de un Estado democrático y liberal de derecho. Son el árbitro que resuelve disputas entre poderes del Estado, el máximo intérprete de los derechos fundamentales y, en España, el garante del sistema territorial. Un Tribunal Constitucional deteriorado representa un gravísimo riesgo para una democracia.
El nuestro lleva varios años sufriendo una importante erosión. Una de las razones de este deterioro es la política de nombramientos de magistrados por la que han optado los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP (aunque también con el beneplácito y participación de otros partidos minoritarios, cuando han podido ganar algo a cambio). El sistema consiste en un reparto de cargos, de modo que la negociación gira en torno a cuántos magistrados le tocan a cada partido. Los nombres, perfiles, cualificaciones, la independencia y el prestigio de los elegidos es accesorio. Este sistema es nefasto para la institución, pero muy conveniente para los partidos. Como resultado ha permitido, especialmente a partir de los años 2000, nombrar en ocasiones a personas que si fueran fruto de un consenso, nunca habrían sido elegidas.
No siempre se hicieron las cosas así. En el año 2015 quienes firmamos estas líneas dirigimos un documental en el que entrevistamos a los principales artífices de la puesta en marcha del Tribunal Constitucional en 1980. Ante nuestra sorpresa, observamos que la clave del éxito del primer Tribunal estuvo en el nombramiento de los primeros magistrados. Se hizo con sumo cuidado y con un resultado que nunca se ha repetido desde entonces.
José Antonio Ortega y Díaz-Ambrona nos relató con detalle cómo se puso de acuerdo con Gregorio Peces-Barba en una metodología. Decidieron que los diez magistrados a elegir debían contar con el apoyo de ambos partidos. Se debía evitar a toda costa lo que Ortega llamaba "los chisgarabís", los correveidiles de los partidos, porque esos acabarían desprestigiando al Tribunal. El Gobierno de la UCD preparó una lista de candidatos y el PSOE preparó otra. Sobre la base de ambas listas surgió una lista de consenso, donde aparecían candidatos que ambos partidos podían aceptar sobre la base de sus méritos y reputación. La lista fue a parar a la mesa del Presidente del Gobierno, donde se introdujeron cambios mínimos.
Era fácil ponerse de acuerdo sobre personas como Luis Díez-Picazo, Aurelio Menéndez, Manuel Díez de Velasco, Francisco Tomás y Valiente, Francisco Rubio Llorente o Gloria Begué, entre otros. Todos eran excelentes juristas, brillantes intelectualmente, rigurosos, respetados e ideológicamente moderados. Así surgió nuestro primer Tribunal Constitucional, el mejor de nuestra historia, fruto de un compromiso entre los dos grandes partidos de afianzar la democracia en nuestro país y no privilegiar los intereses partidistas de cada formación política. Tampoco es casualidad que los responsables de negociar estos nombramientos fueran también excelentes juristas y personalidades de una gran altura moral. Ortega y Díaz-Ambrona y Peces-Barba, así como otras personalidades que también participaron en el proceso, como Landelino Lavilla o José Pedro Pérez-Llorca, eran juristas de primera categoría. Los juristas excepcionales conocen quiénes son los juristas excepcionales y no les costó encontrarlos, ni nombrarlos.
Estos días nuestros diputados deberán elegir cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Es evidente que la metodología escogida por el Partido Popular y por el PSOE se encuentra en las antípodas de la que dio fruto al mejor Tribunal que hemos tenido. Ni siquiera parece que los partidos estén dispuestos a justificar las virtudes o méritos de los candidatos elegidos, limitándose a una vergonzante razón de Estado que no es otra que la conveniencia de colar a algún magistrado afín al partido. Hasta Unidas Podemos ha decidido entrar en ese juego, a pesar de sus críticas de antaño al turnismo y a las malas prácticas del bipartidismo.
Hay razones sobradas para que la Constitución exija un consenso y no un reparto de cuotas entre partidos en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Las cuotas conducen a situaciones esperpénticas, como que los diputados voten a favor de candidatos que detestan, sin que parezca preocuparles que su voto esté elevando a cargos de gran responsabilidad a personas que no ven aptas para la tarea. Situaciones incomprensibles como la de Odón Elorza, criticando de forma lacerante a uno de los cuatro candidatos para, acto seguido, votar a favor de su nombramiento. ¿Cómo van a entender los ciudadanos este tipo de comportamientos? La democracia no es un simple mercado o un bazar de reparto de intereses individuales donde todo vale. La democracia necesita que los representantes muestren coherencia e integridad, en ocasiones incluso coraje y valor cívico, virtudes que luego la clase política pretende exigir a los ciudadanos en su comportamiento diario.
Juristas de reconocido prestigio y altura moral hay muchos. ¿Por qué no optar por ellos en vez de seguir sometiendo a nuestras instituciones a tanto tormento? En pocos días la llave la tendrán los diputados que aún crean en la importancia de preservar nuestras instituciones. En sus manos está forzar a sus partidos a hacer las cosas mejor, o resignarse obedientemente votando como les han mandado, hasta que la calidad institucional del país caiga tan bajo que sea ya irreparable.
Miguel Beltrán de Felipe y Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero son profesores de Derecho Administrativo y directores del documental Un Tribunal para la Constitución.