El bochornoso episodio del Ayuntamiento de Ponferrada es el último de los casos degradantes que padece nuestra democracia local. Entre el transfuguismo, que no se acaba de erradicar, los despilfarros, los casos de corrupción y el desorden en no pocos municipios, resulta evidente que la reforma de nuestra administración local no puede hacerse esperar. La sociedad española clama por una regeneración de nuestra vida política.
Cuando en la Restauración se hicieron patentes los males que afligían a su sistema político, Maura vio con lucidez que la regeneración, demandada por un amplio sector de la opinión pública, debería comenzar en la vida local. Y en su «gobierno largo» puso todo su empeño en poner en marcha una ambiciosa reforma, mediante las leyes de Justicia Municipal y de Administración Local, que tenían por finalidad, en palabras del propio Maura, el «descuaje del caciquismo», el principal elemento corruptor de la democracia en aquella época. La Ley de Administración Local, que incluía también una reforma de su régimen electoral, no salió adelante, a pesar de su intensa tramitación parlamentaria. Algunos historiadores afirman que aquel fracaso expresó la incapacidad del sistema de regenerarse a sí mismo y fue uno de los factores que propició la progresiva descomposición del sistema político de la Restauración.
Ahora el Gobierno está impulsando, con acierto, una reforma de nuestra Administración local, que tiene que convertirse en una pieza decisiva de la política regeneracionista que necesita el país. Urge un reforzamiento de los controles de legalidad mediante el fortalecimiento de las figuras del secretario e interventor. Urgen reglas exigentes para que se cumpla plenamente el principio de estabilidad presupuestaria. Urge poner orden mediante una clara fijación de las competencias. Urge la disminución del «coste de la política» con un sistema transparente y razonable en la fijación de retribuciones.
Pero la reforma local que necesita España reclama también abordar su régimen electoral, porque hay que aspirar a que los ayuntamientos merezcan la confianza de los ciudadanos y esté garantizada su gobernabilidad. Mi parecer es que ese doble objetivo, imprescindible en una democracia moderna, sólo se logra mediante la elección directa del alcalde. Ese es el paso, a mi juicio, que ahora debe dar nuestra democracia local.
¿Qué modelo electoral habría que diseñar? Creo que debería tener los rasgos siguientes:
a) Sería elegido alcalde el candidato de la lista más votada, si obtuviera el 45 por 100 de los votos o el 40 por 100, si lograse al menos diez puntos de diferencia con el siguiente candidato. En ambos supuestos, para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento, la lista ganadora tendría la «prima de mayoría», repartiéndose el resto de los puestos de la Corporación las demás candidaturas concurrentes en proporción a los votos obtenidos.
b) En los demás supuestos, se celebraría una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Sería alcalde el candidato que obtuviera la mayoría.
c) Este modelo, al ser de carácter presidencialista, exigiría la limitación de mandatos de los alcaldes. Podría establecerse la de dos mandatos consecutivos, salvo para los municipios pequeños (por ejemplo, los menores de 5.000 habitantes), en los que se producen «liderazgos naturales» que conviene respetar. d) Se debería establecer una cláusula de rendición de cuentas al final de cada mandato, en virtud de la cual el alcalde, antes de la convocatoria de las siguientes elecciones, debería rendir cuentas de todo su mandato y mostrar que no había gastado más de lo que había ingresado. El no cumplimiento de este mandato constitucional sería causa de inelegibilidad.
Estoy convencido de que una reforma electoral de este tenor tendría una acogida favorable en la opinión pública. Los vecinos de cada municipio desean elegir directamente a sus alcaldes. El nuevo sistema dificultaría los excesos de la partitocracia. Los partidos tendrían que buscar candidatos con capacidad de ganar, con cualidades que les permitiera atraer un voto mayoritario. Y, también, se aseguraría la estabilidad de las corporaciones. El alcalde elegido tendría la posibilidad de cumplir su programa, estando, por supuesto, sometido al control y a las críticas de la oposición y sabiendo que al final de su mandato tendría que rendir públicamente cuentas de su gestión a los electores.
No es posible una reforma electoral sin un amplio acuerdo. Se logró en los primeros años de la Transición. Los dos partidos mayoritarios tienen la responsabilidad de impulsarlo. Creo que la sociedad española lo reclama. Y creo también que no debemos incurrir en la miopía, de tan funestas consecuencias, que, presos del inmovilismo, tuvieron los políticos de la Restauración.
Eugenio Nasarre, diputado del Grupo Popular.