Todo vacío tiende a llenarse, toda necesidad a colmarse; así es la vida, también la vida política. A este genérico principio responde la significativa reunión entre altos responsables de seis gobiernos autonómicos celebrada esta semana. Una lección, además, para el Gobierno de Zapatero, que ha desaprovechado la oportunidad de anticiparse a tal iniciativa.
En efecto, el pasado lunes se reunieron en Valencia representantes de Catalunya, Aragón, Castilla y León, Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana, con un triple objetivo: convocar oficialmente una conferencia de presidentes de estas comunidades, tratar problemas que a todas les afectan y tomar determinados acuerdos, mutuamente vinculantes, para resolverlos.
Esta reunión, continuación de otras anteriores celebradas durante el último año en Zaragoza, Sevilla y Valladolid, responde a obvias necesidades de colaboración entre las comunidades para hacer frente de forma conjunta a sus propios problemas. El acuerdo de convocar una conferencia de presidentes de estas seis comunidades supone, en cierta manera, la consolidación de este grupo y la creación de un secretariado permanente lo que, en previsión de sucesivas reuniones, refuerza esta impresión. En definitiva, se ha creado un órgano flexible cuyos componentes tienen en común haber reformado recientemente sus estatutos y en la que no se ha incluido a representantes del Gobierno estatal.
Esta iniciativa, por otro lado, no impide la subsistencia de la hibernada conferencia de presidentes, formada por todos los presidentes autonómicos más el del Gobierno central. Esta conferencia, que obtuvo resultados satisfactorios en sus tres únicas reuniones, no ha sido convocada por el presidente Zapatero desde enero del 2007, un visible error que denota su falta de política autonómica clara. En cierta manera, la iniciativa desde abajo que se consumó el lunes pasado debería estimular al presidente del Gobierno a ceder a las presiones de las comunidades para institucionalizar y regular la conferencia de presidentes sin dejarla al capricho o a los intereses del gobernante de turno.
¿Es una buena noticia la reunión a la que nos estamos refiriendo? No cabe la menor duda. Creo que cualquier experto en federalismo que conozca nuestra realidad autonómica daría la misma respuesta. Uno de los principales defectos del funcionamiento del Estado de las autonomías ha sido, precisamente, la escasa relación entre las comunidades que ha impedido la eficacia de sus respectivas administraciones con los consiguientes perjuicios para el bienestar de los ciudadanos.
En los treinta años que llevamos de autonomía se ha desarrollado con rapidez e intensidad el proceso de traspaso de las competencias estatales a las comunidades autónomas. De hecho, en los primeros años de este siglo se habían transferido ya a las comunidades prácticamente todas las competencias que la Constitución no asigna en exclusiva al Estado. El proceso de descentralización política, pues, había culminado. Es decir, las comunidades autónomas habían asumido todas las competencias posibles, el principio autonómico se había desplegado al máximo.
Sin embargo, para acabar el modelo de Estado de las autonomías en sentido federal faltaba completar otra vertiente: la participación de las comunidades en el Estado y la colaboración entre ellas. En efecto, en un Estado de matriz federal como el nuestro, se combinan tres principios básicos: autonomía, participación y colaboración. La autonomía, el llamado autogobierno, no debe limitarse al ejercicio de las competencias propias en el ámbito de la respectiva comunidad, sino que presupone también una responsabilidad más amplia: contribuir al buen funcionamiento de todo el Estado, ya que también este funcionamiento afecta al bienestar de los ciudadanos de la comunidad autónoma respectiva. Para ello las comunidades deben participar en las instituciones estatales y colaborar con las demás comunidades.
Los cauces institucionales adecuados para ello suelen ser dos: un Senado en el que las comunidades estén representadas políticamente, y unas conferencias, unas reuniones, entre las distintas administraciones que permitan ejercer la colaboración entre ellas. Estas conferencias pueden ser de dos tipos: sectoriales - por ejemplo, educación, sanidad, economía...-o globales. Estas últimas, de carácter más genérico y político, son las llamadas conferencias de presidentes: si incluyen al Gobierno estatal se denominan verticales, si sólo están formadas por las comunidades se denominan horizontales. Los reunidos el lunes pretenden constituir una Conferencia de Presidentes horizontal.
Toda esta filosofía federal está basada en las nuevas realidades del mundo actual. No tiene sentido que pretendamos la Unión Europea mientras fragmentamos los distintos territorios de los estados que la forman. El principio de lealtad federal, que impone el deber de colaboración, no es que sea conveniente, sino que resulta obligatorio para todos: el centro de gravedad del federalismo ya no es sólo la autonomía, el ejercicio de las competencias propias, sino la colaboración y cooperación entre los distintos poderes a través de los cauces señalados.
El paso dado por estas seis comunidades en la reunión de Valencia discurre, pues, por la senda federal. Una buena noticia tras la desorientación de la política autonómica durante los últimos años.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la UAB.