Por las personas mayores

La política ha desconsiderado a las personas mayores. Son los hombres y las mujeres que con trabajo, diálogo y respeto sentaron las bases de la convivencia democrática en España durante más de cuarenta años. Son las generaciones que se preocuparon por los problemas de cada grupo social, las que superaron los peores momentos con la concordia y el reconocimiento de sus líderes políticos, las que premiaron el talento, antes que la mediocridad. Las generaciones, hoy nuestros mayores, que forjaron la sociedad que dio a España sus mejores años de paz y prosperidad. Por eso, la muerte en soledad en España de miles de personas mayores a causa del Covid-19 causa zozobra.

Hay que entender lo ocurrido y avanzar hacia un mejor modelo social y sanitario. Primero, la inversión está por debajo de la recomendada por la OMS. La evolución de los servicios sociales se ha estancado en España: faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión pública anterior a la gran crisis económica, según los resultados del Índice DEC 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Las diferencias de inversión por CCAA son notables: del País Vasco que dedica 703 euros por habitante y año a los 297 euros de Murcia, o sobre el PIB los 2,6% de Extremadura frente al 1% de Madrid.

Segundo, el problema de la prestación de servicios de calidad para los mayores tiene que ver con la ineficacia del diseño realizado de la colaboración pública y privada. No se trata de descartar estas colaboraciones, sino de hacerlas, cuando convengan, eficientes para salvaguardar la equidad del sistema. Esto exige pluralismo y competencia.

Pero los grandes grupos empresariales que gestionan las residencias de mayores son un lobby de presión debido al número importante de residencias y plazas del que disponen. Influyen en las decisiones políticas en beneficio de la rentabilidad, antes que del interés público y definen, así, una cartera de servicios deficiente para la atención de las personas. Las Administraciones han creado un fuerte poder de mercado que probablemente no pasaría un escrutinio antitrust, y el regulador ha sido capturado.

Pongamos que hablo de Madrid. La Comunidad no ha diseñado criterios de responsabilidad social, pluralismo y competencia para la licitación de plazas residenciales. Se ha negociado con empresas para las que la gestión de los centros son una pata más de su conglomerado de fondos de inversión, grandes inmobiliarias y otras actividades económicas que poco tienen que ver con el espíritu de prestación de servicio público. Todo ello en detrimento de la competencia de empresas pequeñas que prestaban servicios de calidad, que han cerrado sus actividades, o han permanecido en el mercado con peor rentabilidad.

La escasa dotación presupuestaria para la concertación de plazas ha tenido consecuencias malas. Residencias que tenían plazas subvencionadas renunciaron a financiarse con los precios existentes, y desde entonces sus plazas son privadas. Otras empresas han disminuido el número de plazas concertadas, y han provocado el traslado forzoso de los mayores, que no pudieron mantenerse en sus residencias con sus cuidadores habituales, ni con sus personas de referencia, provocando problemas de desorientación física y psicológica. De no menor calado son las dificultades con las ayudas a domicilio para dependientes. Pocas empresas tienen interés en hacerse cargo del servicio. No hay dinero público, y el precio por hora de atención no es rentable.

La falta de inversión pública y una colaboración con el sector privado ineficiente han supuesto que la pandemia haya golpeado con dureza a los mayores de 65 años. Las residencias se han convertido en focos de contagio del virus, con la consecuencia de un inaceptable número de fallecidos. El Covid-19 ha destapado el fracaso del diseño de estas concretas –no de todas– colaboraciones con el sector privado. Carencia de recursos, sueldos precarios, rotaciones excesivas de personal y ausencia de atención médica especializada, y se han vivido situaciones como la falta de derivaciones hospitalarias de las personas mayores, o la negativa de hospitales a aceptar a personas mayores contagiadas; la carencia de medicamentos, o el sólo envío de sedantes; la ausencia de suministro de soporte ventilatorio porque había pocos respiradores y se reservaban a los pacientes más jóvenes.

Morir solo, aislado y con sufrimiento no es un modelo de excelencia. Tampoco que la responsabilidad de la información ofrecida a los familiares se descargue en las residencias. Y en este contexto, se ha tomado la decisión de desmantelar IFEMA: ¿no sería mejor potenciarlo para que asistiera a los enfermos infectados y liberar al resto de hospitales para la asistencia habitual? Hay una lista de espera, antes problemática, ahora inaceptable. Desde mediados del mes de marzo, los centros de día en Madrid para personas dependientes permanecen cerrados. Algo similar ocurre con el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes: ha sido reducido a mínimos o suspendido.

La democracia es gobierno por discusión. Y es razonable que la oposición critique al gobierno de España por sus errores, y que tienda la mano para encontrar soluciones. Pero produce sonrojo que el Partido Popular reproche al gobierno de la nación este desastre, toda vez que gestiona desde hace 25 años la Comunidad de Madrid con sus competencias en sanidad y servicios sociales.

La respuesta al desafío es política y fiscal, y exige el trabajo conjunto del gobierno y de la oposición en todos los ámbitos: estatal, autonómico y municipal. El sistema de atención social de las personas mayores debe ser una arteria del sistema de salud. Conviene diseñar un sistema de atención dentro del Sistema Nacional de Salud, con personal estable que preste los servicios sociales integrado en las estructuras de la sanidad pública.

Las personas mayores necesitan cuidados médicos permanentes, y asistenciales, gratuitos –con sus geriatras de enlace en la sanidad pública–, principalmente en sus domicilios, y en los casos más graves de discapacidad, en las residencias, tal y como sucede con el sistema público, universal y gratuito de la sanidad.

Los costes de la atención a las personas mayores constituyen una barrera social: la demencia no es una enfermedad cubierta por la sanidad pública, y obliga a las familias a la realización de desembolsos altísimos. Pero hay otras enfermedades de larga duración que están amparadas por la sanidad pública. La desprotección y la fragilidad de las personas en unos y otros casos es la misma, y debe recibir la misma respuesta de atención pública.

El problema de envergadura es la financiación del proyecto. Ha sido muy debatido en el Reino Unido a partir del Informe Burnham, preparado durante el último gobierno laborista de Gordon Brown, porque conllevaba un esfuerzo fiscal considerable. Al final, siempre se trata del modelo de sociedad y bienestar que deseamos, y si estamos dispuestos a pagar más impuestos.

Merece la pena hacer el esfuerzo por el bienestar de las generaciones de personas mayores, que constituyen el valor más importante de nuestra memoria colectiva. Las alternativas del Informe británico pasan por el gravamen de las pensiones o sobre las futuras herencias que dejarán quienes reciban atención teniendo, pues, en cuenta la realidad de que los mayores tienen ingresos casi siempre moderados, pero a veces patrimonios más consolidados.

Sin embargo, el Informe también puntualiza que será necesario un esfuerzo colectivo para que el Estado corra con el gasto de las personas que no posean recursos. El problema de la titularidad de los servicios debe ser abierta y competitiva, pero el personal de atención a las personas mayores debe estar integrado en la sanidad pública.

Por las personas mayores merece la pena también que el gobierno y el principal partido de la oposición tejan una alianza, aparten diferencias, y pongan sobre la mesa ideas para situar a los mayores en el centro de la atención sanitaria y social. En lo que nos importa como sociedad civil, estamos dispuesto a promover este debate con la participación de un grupo pluridisciplinar de expertos. Vamos a ello. Este artículo es un punto de inicio del debate, al que os invitamos.

César Giner Parreño es profesor titular de la Universidad Carlos III.

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