En el Govern de la Generalitat parece que hay prisa para que se produzca el choque de trenes. En el Gobierno de Madrid, en cambio, reina la pasividad y el silencio: ¿por qué está tan callado?
Durante la semana pasada se produjeron dos hechos, de distinto calibre, muy significativos. El martes día 15 el Departament de Presidència de la Generalitat hizo público el informe “La deslleialtat de l’Estat respecte de Catalunya. Balanç de situació”. Pocas veces, quizá nunca, he leído un documento, elaborado por un órgano público, tan infundado y sectario, más propio de la Assemblea Nacional Catalana, la asociación convocante de las manifestaciones del 11 de septiembre, que de una Administración seria y objetiva.
El texto se divide en tres apartados: primero, lengua, cultura y valores democráticos; segundo, autogobierno y marco competencial; tercero, deudas del Estado respecto de Catalunya y sistema de financiación. El primero intenta mostrar la falta de respeto del Estado a la lengua y cultura catalanas, una acusación que deja estupefacto a cualquiera que nos visita. El segundo imputa al Estado el incumplimiento de las leyes y sentencias cuando, precisamente, es más bien lo contrario. El tercero atribuye al Estado una deuda global de 9.375,7 millones de euros con la Generalitat que el mismo Duran Lleida rebajó al día siguiente a 4.377 millones, menos de la mitad. En realidad, según apuntaba el domingo pasado Manel Pérez en este periódico, a fines de año la Generalitat deberá al Estado 20.500 millones.
El segundo hecho es más trivial, pero escenifica el empeño del Govern en tensar al máximo las relaciones con Madrid. Me refiero al incidente entre Artur Mas y Soraya Sáenz de Santamaría, al negarse el primero a asistir a un acto de Foment del Treball si no lo presidía. Se daba el caso que Sáenz de Santamaría no acudía como vicepresidenta del Gobierno sino como presidenta en funciones y el decreto que regula el protocolo le da preferencia. Para enfriar los ánimos, Mas invocó al día siguiente nada menos que ¡la dignidad de Catalunya!
Sin embargo, el Gobierno español no responde a estas desleales provocaciones sino que mira hacia otro lado. El escritor Jordi Soler afirmaba el pasado día 13 en un artículo (“Independencia y ficción”) publicado en el El País: “Los argumentos independentistas no resisten el razonamiento, están basados en la ilusión y en el sentimentalismo, en la creencia y en la fe (…) Si quitamos la mística al proyecto independentista, y nos atenemos a los datos que la realidad nos ofrece, si despojamos al proyecto de toda su ficción, tenemos que una Catalunya independiente sería menos próspera, quedaría aislada de Europa y tendría menos peso político, económico y cultural del que tiene ahora como parte de España”.
Los que opinamos igual que Jordi Soler, como es mi caso, nos sentimos desprotegidos por parte del Gobierno de España. La Generalitat elabora en los últimos meses un informe tras otro para justificar la independencia de Catalunya. Cualquier documento emanado de un poder público, por más falacias que contenga, siempre tiene en principio más autoridad que los artículos de opinión escritos por particulares. Además, el personal técnico cualificado y el acceso a los datos del que disponen las administraciones públicas es mucho mayor que el de una persona o entidad privada. Pero el Gobierno calla, no responde, no hace públicos los datos y argumentos que demuestren que una Catalunya independiente sería gravemente perjudicial para catalanes, españoles y europeos. Lo tiene fácil pero no lo hace. ¿Por qué? ¿Por prudencia, por miedo a que sus relaciones con el Govern empeoren?
Quizás hace un año era aconsejable la cautela. Quizás. Pero en la situación actual, cuando el empeño del Govern en tensar la cuerda al máximo es visible y se apresura en fijar para los próximos meses una consulta, legal o no, el Gobierno español debería perder todos los complejos. Está bien que el Fondo estatal de Liquidez Autonómico (FLA) preste cada mes el dinero que a la Generalitat le falta para pagar a funcionarios y proveedores: el deber del Gobierno es defender a los ciudadanos ante la mala gestión de las autoridades catalanas. Pero también el Gobierno debería decir la verdad, su verdad, a estos mismos ciudadanos.
Para ello no sería mala idea encargar a expertos de reconocida autoridad e independencia, a poder ser extranjeros, informes sobre los temas en disputa: balanzas fiscales (la base del “España nos roba”), una historia objetiva de Catalunya dentro de España, el fundamento democrático y legal del llamado derecho a decidir, la situación en que quedaría una Catalunya independiente respecto a la UE y la comunidad internacional, qué sucedería con su moneda, sus bienes y patrimonio, su política de bienestar social, en definitiva, su economía.
Escucho sólo una voz oficial, me gustaría escuchar también la otra. Cameron ha encargado informes en Gran Bretaña respecto de Escocia. No se trata, por tanto, de nada nuevo, ni difícil, sino simplemente de algo parecido. ¿No es quizás el momento de dejar de estar callado?
Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.