Parece que, una vez más, Grecia se ha quitado la soga financiera del cuello. Recurrió a sus tenencias en una cuenta de reserva del Fondo Monetario Internacional y logró devolver 750 millones de EUR (851 millones de USD) –irónicamente, al propio FMI– justo antes de que la deuda venciera.
Esta arriesgada política no fue un accidente, desde que asumió en enero, el gobierno griego, liderado por el primer ministro Alexis Tsipras, del partido Syriza, ha creído que la amenaza de la cesación de pagos –y, con ella, de una crisis financiera que podría hacer estallar al euro– le proporciona apalancamiento en la negociación para contrarrestar la falta de poder político y económico de su país. Meses más tarde, Tsipras y su ministro de finanzas, Yanis Varoufakis, un experto académico en teoría de los juegos, aún parecen estar comprometidos con esta visión, a pesar de la falta de evidencia en su favor.
Pero su cálculo se basa en una premisa falsa, Tsipras y Varoufakis suponen que un incumplimiento obligaría a Europa a elegir entre tan solo dos alternativas: expulsar a Grecia de la zona del euro u ofrecerle asistencia incondicional para el pago de su deuda; pero las autoridades europeas cuentan con una tercera opción en caso de un incumplimiento griego. En vez de forzar la salida de Grecia o «Grexit», como se la llama, la UE podría dejarla atrapada dentro de la zona del euro y privarla de dinero, para luego sentarse a esperar y ver cómo se desploma el apoyo político interno al gobierno de Tsipras.
Ese tipo de estrategia de sitio –esperar a que Grecia se quede sin el dinero que necesita para mantener el funcionamiento normal del gobierno– parece ahora la técnica más promisoria para disolver la resistencia griega. Es probable que funcione, porque el gobierno griego tiene cada vez más dificultades para reunir el dinero necesario para pagar los salarios y las pensiones cada fin de mes.
Para eso, Varoufakis ha recurrido a medidas cada vez más desesperadas, como apoderarse del efectivo en las cuentas bancarias municipales y de los hospitales. Esto implica que la recaudación impositiva se ha visto tan golpeada por el caos económico desde las elecciones en enero que los ingresos del gobierno ya no alcanzan para cubrir los costos del día a día. Si esto fuera cierto –nadie puede asegurarlo debido a la falta de confiabilidad de las estadísticas financieras griegas (otra de las quejas de las autoridades de la UE)– la estrategia de negociación del gobierno griego está condenada al fracaso.
La estrategia de Tsipras-Varoufakis supone que Grecia puede amenazar creíblemente con un incumplimiento porque su gobierno, si se viera obligado a ello, aún tendría dinero más que suficiente para pagar los salarios, las pensiones y los servicios públicos. Se trataba de un supuesto razonable en enero: el gobierno había presupuestado un gran superávit primario (que excluye los pagos de intereses), estimado en el 4 % del PBI.
Si Grecia hubiera entrado en cesación de pagos en enero, este superávit primario podría haber sido redireccionado (en teoría) de los pagos de intereses a la financiación de los mayores salarios, pensiones y gasto público que Syriza prometió durante la campaña electoral. Dada esta posibilidad, Varoufakis puede haber creído que estaba ofreciendo a otros ministros de finanzas de la UE una oferta generosa al proponer un recorte del superávit primario del 4 % al 1 % del PBI, en vez de llevarlo directamente a cero. Si la UE se rehusaba, la amenaza implícita era simplemente dejar de pagar los intereses y dejar disponible la totalidad del superávit primario para gastos públicos adicionales.
Pero, ¿qué pasaría si el superávit primario –la carta ganadora del gobierno griego en su contenciosa estrategia de negociación– hubiera desaparecido? En ese caso, la amenaza de la cesación de pagos ya no resulta creíble. Sin el superávit primario, un incumplimiento ya no permitiría a Tsipras cumplir las promesas electorales de Syriza; por el contrario, implicaría recortes aún mayores en los salarios, las pensiones y el gasto público de los ahora exigidos por la «troika» (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI).
Para las autoridades de la UE, por el contrario, un incumplimiento griego ahora sería mucho menos problemático de lo que antes se preveía. Ya no necesitan evitar la cesación de pagos amenazando a Grecia con su expulsión del euro. En lugar de ello, la UE ahora puede confiar en que el propio gobierno griego castigará su gente cuando le sea imposible pagar los salarios y las pensiones, u honrar las garantías bancarias.
Tsipras y Varoufakis debieran haber previsto esto, porque lo mismo ocurrió dos años atrás cuando Chipre, sumido en la agonía de la crisis bancaria, intentó desafiar a la UE. La experiencia de Chipre sugiere que, cuando se venga abajo la credibilidad de la amenaza del gobierno, es probable que la UE obligue a Grecia a mantener el euro y la haga sufrir una bancarrota municipal al estilo estadounidense, como la de Detroit.
Los mecanismos legales y políticos para considerar a Grecia como una bancarrota municipal son claros. Los tratados europeos declaran sin lugar a dudas que la membresía del euro es irreversible a menos que un país abandone no solo la moneda única, sino también la UE en su conjunto. También es ese el mensaje que los gobiernos de la UE desean inculcar en sus propios ciudadanos e inversores financieros.
Si Grecia entra en cesación de pagos, la UE contará con la justificación legal y la motivación política para insistir en que mantenga al euro como su única moneda de curso legal. Incluso si el gobierno griego decide pagar los salarios y las pensiones emitiendo sus propios pagarés o «nuevas dracmas», el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará que todas las deudas internas y depósitos bancarios se deben pagar en euros. Eso, a su vez, obligará a un incumplimiento frente a los ciudadanos griegos y los acreedores extranjeros, porque el gobierno será incapaz de honrar el valor en euros de los depósitos asegurados en los bancos griegos.
Por lo tanto, una cesación de pagos de Grecia dentro del euro, lejos de permitir que Syriza honre sus promesas electorales, infligiría una austeridad aún mayor sobre los votantes griegos de la que sufrieron bajo el programa de la troika. En ese punto, el colapso del gobierno sería inevitable. En lugar de que Grecia deje la zona del euro, Syriza dejaría el gobierno de Grecia. En cuanto Tsipras se dé cuenta de que las reglas del juego entre Grecia y Europa han cambiado, su rendición será simplemente una cuestión de tiempo.
Anatole Kaletsky is Chief Economist and Co-Chairman of Gavekal Dragonomics and Chairman of the Institute for New Economic Thinking. A former columnist at the Times of London, the International New York Times and the Financial Times, he is the author of Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy, which anticipated many of the post-crisis transformations of the global economy. His 1985 book, Costs of Default, became an influential primer for Latin American and Asian governments negotiating debt defaults and restructurings with banks and the IMF. Traducción al español por Leopoldo Gurman.