Desde que las autoridades chinas detuvieran repentinamente la oferta pública de venta (OPV) programada del conglomerado tecnofinanciero Ant Group en el otoño de 2020, su compañía matriz, el rey del e-comercio Alibaba, ha enfrentado un duro escrutinio regulatorio. El día de Navidad, la autoridad antimonopolios china anunció que estaba investigando las prácticas comerciales excluyentes de la firma. Y Jack Ma, fundador de Alibaba, tranquilizó hace poco a quienes estaban preocupados por su destino al aparecer en público por primera vez desde octubre, cuando dio un discurso en que criticaba la regulación financiera en China.
El mero anuncio de la investigación a Alibaba quitó de la noche a la mañana más de $100 mil millones al valor de mercado de la empresa. Considerando el enorme poder regulatorio del gobierno chino, los inversionistas hacen bien en sentirse ansiosos acerca de las perspectivas de Alibaba. Sin embargo, lo repentino y agresivo de la medida también revela mucho acerca de las debilidades del régimen regulatorio.
Sin duda, el gobierno chino tiene razones legítimas para estar vigilante ante la alta concentración del sector de internet del país. Al apuntar a firmas estrella como Alibaba, China sigue una tendencia regulatoria global: también las autoridades estadounidenses y europeas están prometiendo imponer sanciones más duras a los gigantes monopólicos de internet.
Tal como a los estadounidenses les inquieta el predominio de Amazon en el comercio minorista en línea, a los consumidores chinos les preocupa la posición de Alibaba. En 2020, la proporción de Amazon del mercado del e-comercio de EE.UU. fue ligeramente menor al 40%, mientras que Tmall y Taobao de Alibaba representaron más del 50% del mercado minorista en línea chino.
La actual no es la primera investigación antimonopolio a Alibaba por sus prácticas comerciales. Ya en 2015, JD.com, la segunda mayor empresa de e-comercio del país, presentó una queja sobre Alibaba ante la autoridad antimonopolio china. Insatisfecha por la supuesta indolencia de las autoridades, JD.com demandó además a Alibaba en los tribunales chinos (el caso todavía está pendiente).
De hecho, Alibaba antes era un actor incluso más dominante en el e-comercio. En su punto más álgido, cuando primero salió a la bolsa de valores en 2014, representaba más del 80% del mercado minorista en línea de China. Desde entonces, su proporción se ha visto gradualmente socavada por JD.com y otras rivales, como Pinduoduo.
Entonces, ¿por qué China esperó tanto antes de investigar a Alibaba? Muchos han vinculado la actual campaña antimonopolio con el discurso de Ma en octubre y su actitud aparentemente recalcitrante hacia la regulación. Aunque puede que sus comentarios hayan sido el detonante, la razón fundamental se relaciona con la inercia reguladora, fenómeno profundamente enraizado en la política burocrática china.
Como detallo en mi próximo libro, aunque rara vez las autoridades antimonopolio son demandadas ante la justicia, deben observar estrictamente las normas formales y tácitas de la burocracia y realizar un análisis de coste-beneficio antes de cada medida reguladora. Estas consideraciones influyen sobre el tipo de casos que llevan y los enfoques que emplean para abordarlos.
Una de esas limitantes tiene que ver con las iniciativas del gobierno chino de promoción de la innovación como uno de los factores que impulsan el crecimiento económico. Por ejemplo, en 2015 el Consejo de Estado anunció el programa “Internet Plus”, con el objetivo de promover un mayor espíritu emprendedor en el sector digital. Eso puso a los reguladores antimonopolio en una difícil situación, ya que una normativa demasiado estricta podría frenar la innovación y el emprendimiento locales. Y lo último que desean esas autoridades es actuar de maneras que se puedan percibir como contrarias a la agenda de desarrollo nacional.
Esto explica por qué la entidad antimonopolio china adoptó un enfoque “cauteloso y tolerante” ante el sector tecnológico. Cuando los competidores manifestaban su enfado con las prácticas comerciales abusivas de los gigantes tecnológicos chinos, la autoridad prefería utilizar herramientas relativamente blandas como la Ley contra la Competencia Desleal y la Ley de Comercio Electrónico.
Son leyes sin garra, porque las mayores multas que pueden imponer son relativamente pequeñas. Y en vez de iniciar investigaciones, la entidad reguladora antimonopolio llevaba a cabo entrevistas administrativas con cada una de las grandes plataformas en línea antes del Día de los Solteros, el mayor evento de promoción de ventas en línea de China, en un esfuerzo por persuadirles de no imponer a los comerciantes condiciones de negocios restrictivas.
De manera similar, la autoridad reguladora además se abstuvo de intervenir en las transacciones de fusión que participara una “entidad de interés variable”, estructura que varias firmas tecnológicas chinas han utilizado para evitar las restricciones del gobierno a la inversión extranjera en el sector de la internet. Hasta inicios del año pasado, cientos de adquisiciones de Alibaba y Tencent habían escapado por completo al escrutinio antimonopolio. Como resultado, estas empresas se convirtieron en dos de los mayores inversionistas en la economía digital china, y juntas poseen una alta proporción de los unicornios del sector tecnológico.
Esta inercia regulatoria continuó hasta la debacle de la OPV de Ant Group, cuando la entidad reguladora antimonopolio recibió una clara señal de las altas autoridades del gobierno chino de refrenar a los gigantes tecnológicos. Pero la laxitud de la regulación previa en esta área ha sido un factor importante para el difícil dilema actual: una vez emerge un gigante en un mercado, es difícil revertirlo mediante las leyes antimonopolio. Como han descubierto recientemente las entidades reguladoras antimonopolios de la UE y EE.UU., esas leyes son una herramienta que carece del filo adecuado para tratar a las Grandes Tecnológicas, o Big Tech.
Sobre todo, el carácter abrupto de la reciente acometida regulatoria contra Alibaba da la impresión de que la aplicación de la ley china es arbitraria. Por supuesto, ninguna ley se implementa en un vacío, pero pareciera que las autoridades chinas tratan la misma práctica de negocios de maneras radicalmente diferentes cuando cambian las prioridades de sus políticas, incluso si las leyes correspondientes permanecen inalteradas. Ciertamente, este riesgo no reafirmará la confianza de los inversionistas en las prósperas firmas de internet de China.
Angela Huyue Zhang is Director of The Center for Chinese Law and Associate Professor at the University of Hong Kong. Her book Chinese Antitrust Exceptionalism: How the Rise of China Challenges Global Regulation will be published by Oxford University Press in March. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.