¿Por qué Colombia necesita a la Farc en la política?

 Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, en un mitin al inicio de su campaña en enero de 2018. El 8 de marzo anunció que no será candidato a la presidencia de Colombia por la Farc. Credit Raúl Arboleda/Agence France-Presse — Getty Images
Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, en un mitin al inicio de su campaña en enero de 2018. El 8 de marzo anunció que no será candidato a la presidencia de Colombia por la Farc. Credit Raúl Arboleda/Agence France-Presse — Getty Images

El camino de la paz en Colombia no ha sido sencillo: después de la firma de los acuerdos entre el gobierno y las Farc en noviembre de 2016, la guerrilla se desmovilizó para participar en la vida democrática del país. De ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las Farc), pasaron a ser el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la Farc). Sus iniciales no cambiaron, pero algo crucial sí cambió: la guerrilla que llegó a ser la más poderosa en América Latina se transformó y sus exintegrantes dejaron las armas y se acogieron a las leyes. Ahí radica la importancia de su presencia en las urnas.

Pese a ser una izquierda marginal en número de votos, esta transformación de la guerrilla en partido es un paso ineludible hacia la concreción de una paz firme y duradera para un país que ha pasado casi setenta años en conflicto armado.

La meta inmediata de la Farc era participar en las elecciones legislativas del 11 de marzo y en las presidenciales de mayo y junio. Cuando lanzó su candidatura a la presidencia de Colombia a inicios de 2018, Rodrigo Londoño, el excomandante de la guerrilla —conocido como Timochenko— y líder del partido político , dijo: “La Farc llega para inaugurar una nueva forma de hacer política”. Dos meses después, el 8 de marzo, se anunció oficialmente que por enfermedad se retiraba del proceso electoral.

También, las agresiones físicas y verbales y la falta de garantías estatales para la seguridad física de los miembros del recién inaugurado partido —que se suman a los 28 excombatientes, diez líderes sociales adscritos a la Farc y doce familiares de exmiembros de la guerrilla asesinados— llevaron a los dirigentes del nuevo partido a suspender la campaña a las legislativas.

La violencia contra los miembros de la Farc parece reeditar el momento político que vivió la Unión Patriótica (UP) luego de las elecciones de 1986. La UP fue el partido político que fundaron, en 1985, las Farc y el Partido Comunista Colombiano después del Acuerdo de La Uribe, firmado entre el grupo guerrillero y el gobierno. Unos años más tarde, tres mil de sus integrantes ya habían sido asesinados por grupos paramilitares, en muchos casos con la complicidad de actores estatales. Para 1987, el acuerdo se quebró y se reinstauró el conflicto armado.

De esa experiencia previa y del riesgo que viven los exintegrantes de las Farc hoy, viene la decisión de suspender de manera definitiva la campaña política. Buscar nuevos adeptos es un riesgo, como ocurrió treinta años atrás. Y el riesgo, igual que en 1987, es el mismo: desandar el camino de la paz. Este escenario es posible, especialmente ahora que se sabe que hasta 1200 disidentes de los acuerdos de paz se han negado a dejar las armas.

El retiro de Londoño merma la posición de la Farc como partido, pero puede ser una oportunidad para que sus dirigentes se concentren en organizar el partido político, que obtuvo escasos 85.000 votos en las legislativas. Hoy, lo mejor es que se mantengan al margen y que —de manera silenciosa y sin declaraciones públicas de adhesión— deslicen sus votos al candidato de su preferencia.

Pero, luego de concluir este ciclo electoral, será indispensable mantener la participación política del nuevo partido para conservar la paz lograda hasta ahora y seguir avanzando. Es una buena noticia para la democracia que quienes estuvieron en armas puedan dejarlas y continúen con sus ideas en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Por un lado, se logra desterrar la violencia de la política y por otro se promueve la libertad de expresión. Ambas son condiciones esenciales de una democracia.

La suspensión de la campaña de la Farc y los numerosos reveses sufridos no afectan el contenido ni los plazos de los acuerdos de paz. Este dispuso otorgar representación en el Congreso al nuevo partido con diez congresistas, durante dos periodos constitucionales contados a partir del próximo 20 de julio. Los que creyeron que con esas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes se ponía en riesgo la representación de otros partidos o movimientos se equivocaron.

En la elección del 11 de marzo no se produjeron grandes sorpresas en la composición del parlamento. Ni la aplicación de esta medida excepcional ni la presencia de candidatos de la Farc en el escenario electoral afectaron los resultados que alcanzaron otros aspirantes de la izquierda, como la Lista de la Decencia que apoya a Gustavo Petro o al proyecto de centro del Partido Alianza Verde que apoya a Sergio Fajardo. En todo caso, la izquierda y el centro se fortalecieron al alcanzar cerca de diez curules nuevas en el Senado. La participación de la Farc en la contienda presidencial tampoco habría afectado a los candidatos de la derecha, como Marta Lucía Ramírez o Iván Duque.

Los grupos que se oponen a la pacificación y participación política de la Farc han redirigido sus ataques hacia Petro acusándolo de “castrochavista” y de querer implantar un modelo como el que ha fracasado en Venezuela. Para atenuar los señalamientos, Petro ha tenido que explicar cuáles son las fronteras que separan sus políticas de las del socialismo del siglo XXI de Chávez y de las de la Farc.

Para Fajardo y su coalición con Polo Democrático, Compromiso Ciudadano y el Partido Alianza Verde, que basa su programa político en la lucha contra la corrupción, la distancia con la Farc ha sido histórica y eso lo ha ayudado a consolidar su condición como fuerza de centro. La derecha, por su parte, insiste en el discurso opuesto al Acuerdo de La Habana y a las supuestas alianzas del presidente Juan Manuel Santos con los antiguos guerrilleros. El discurso de la derecha es el mismo que le dio resultados positivos en el plebiscito de octubre de 2016: la amenaza de que en Colombia se quiere instaurar un régimen totalitario y de impunidad.

Esta no era la hora de la Farc, pero sí era hora para poner fin al conflicto armado que los enfrentó al Estado. El proceso de reincorporación política para el nuevo partido apenas comienza y tienen tiempo para replantear ideas y crear estrategias para el próximo ciclo electoral.

Por el bien de la democracia es mejor que la Farc se afirme en la decisión que tomó, que se acerque a los colombianos tolerantes, dispuestos a la convivencia y abiertos a la reconciliación. Las heridas de un conflicto armado prolongado permanecen aún frescas y sanarlas ahora está en las manos de los ciudadanos, de las instituciones, de los políticos y medios de comunicación que buscan que este proceso salga adelante, con respeto a las ideas contrarias, sin exclusiones y sin satanizaciones. Ese sería el mejor espejo para atraer al Ejército de Liberación Nacional y lograr, por fin, una paz total que termine definitivamente el ciclo guerrillero en Colombia y en América Latina.

Que la Farc continúe desarrollándose como un actor más de la vida política en Colombia es una señal de madurez de su democracia.

Darío Villamizar es politólogo especializado en acción sin daño y construcción de paz. Su libro más reciente es Las guerrillas de Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines.

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