El fin de semana pasado cientos de miles de brasileños salieron a las calles para protestar en contra del gobierno y enviar un mensaje a la clase política: nadie es intocable.
Es algo que los políticos de Brasil deberían tomar en serio. A inicios de este mes, la Policía Federal detuvo temporalmente al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para interrogarlo sobre una enorme –y cada vez mayor– investigación de corrupción. La Presidenta Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Da Silva, podría ser la siguiente.
El caso de corrupción que investigan las autoridades ocurrió de 2003 a 201o, durante los dos períodos de Lula. Los fiscales sostienen que en esos años las constructoras más grandes de Brasil, Petrobras –el gigante petrolero estatal– y los líderes políticos intercambiaron sobornos, contratos y apoyo político en un vasto complot para beneficiarse mutuamente.
Fue una sorpresa ver que las autoridades interrogaran a Lula, pues sigue siendo una figura política imponente, casi mítica. Y el furor que el interrogatorio desató es un reflejo de su posición: el líder del partido fundado por Lula, el Partido de los Trabajadores, dijo en el congreso que “irían a la guerra”. Otro legislador denunció la detención como el comienzo de un golpe de Estado y vinculó las sospechas sobre Lula con un ataque a su partido y al proyecto político que representa.
Hasta ahora Rousseff se ha mantenido al margen, aunque sigue en la mira. Durante las últimas semanas, la investigación se ha acercado peligrosamente a la presidenta, pero ella ha dejado que siga su curso. El peligro es que ahora, cuando las pesquisas están pisando los talones de las estructuras del poder brasileño, quizá se vea tentada a intervenir.
Rousseff tiene razones para estar nerviosa. Fue designada por Lula como presidenta de la Junta Directiva de Petrobras, el epicentro de esta red de corrupción. Además, algunas figuras claves de su círculo están en la cuerda floja y y podrían hacer que ella cayera con ellos.
En febrero, el estratega de sus dos campañas presidenciales fue arrestado por presuntamente haber recibido fondos desviados de la compañía petrolera en una cuenta extranjera. Y hace poco, los medios brasileños reportaron que el exlíder del senado del Partido de los Trabajadores, que fue arrestado en noviembre y acusado de haber interferido en la investigación, denunciará a Lula da Silva y a Rousseff como parte de un acuerdo con el fiscal.
Mientras que los intentos por destituir a la presidenta por maquillar los gastos irresponsables del gobierno pierden impulso en el congreso, otra investigación sobre el financiamiento de su campaña podría llevar al poder judicial a removerla de su puesto.
A medida que los investigadores cierran el cerco, algunos expertos creen que Rousseff finalmente cederá ante la tentación de obstaculizar sus esfuerzos. La reciente renuncia del Ministro de Justicia José Eduardo Cardozo es motivo de preocupación. La Policía Federal es autónoma, pero está bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Cardozo dijo que a medida que los detectives arrinconaban a aliados políticos, lo presionaron por “no controlar a la policía como debería”. Su salida planteó inquietudes sobre la integridad de la Policía Federal y miedos de que el jefe de esta fuerza pudiera ser sustituido por alguien más maleable.
Este no es el momento para que Rousseff se equivoque. La credibilidad de su gobierno, en Brasil y en el extranjero, se ha visto seriamente afectada. De acuerdo a Grupo Eurasia, una consultoría de riesgos políticos, la presidenta tiene un 35 por ciento de probabilidad de permanecer en el puesto hasta el final de su periodo en 2018.
La crisis ha reducido su habilidad para solucionar los problemas económicos de Brasil: dentro de su partido ya no cuenta con el apoyo necesario para lograr la aprobación de difíciles medidas de austeridad. Los intentos del Ministro de Finanzas Joaquim Levy por reducir gastos y aumentar impuestos fueron rechazados por el propio partido de la presidenta y por el congreso. Levy renunció en diciembre de 2015, lo que provocó un desplome de la moneda y de la bolsa de valores.
Las tres agencias de calificación de riesgos han rebajado el rating de Brasil por la deuda creciente y la inestabilidad política. Todos los días las noticias incluyen acusaciones de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias. En 2015 la economía disminuyó en un 4 por ciento y hay poca esperanza de que este año vaya a repuntar.
La corrupción ha sido un problema endémico en Brasil desde hace décadas. Pero una investigación tan seria y con tanto alcance como esta es una novedad. Y por eso también es alentadora.
Esta investigación nació después de un proceso largo y complejo para crear leyes anticorrupción; y también gracias a las instituciones que aplican estas leyes. Lula desempeñó un papel importante al sentar los fundamentos de este proceso; reforzó la sociedad civil y mejoró el poder judicial. Y Rousseff firmó las leyes que permiten que, en casos de corrupción, sospechosos y compañías sean informantes a cambio de condenas más flexibles, una de las herramientas que ha permitido que la investigación siga adelante.
Los investigadores han mantenido su autonomía y han demostrado que no temen ir tras los políticos más poderosos del país. Por esto el caso no se ha convertido en una herramienta para quienes buscan un golpe de Estado –como algunos han señalado–, sino en un testimonio de que la democracia brasileña está madurando. A pesar de los escándalos y de lo que dice la prensa, Brasil ahora es un lugar donde la ley se aplica a todos por igual. Rousseff debería reconocer que vale la pena conservar esto, aunque le cueste la presidencia.
Juliana Barbassa es la autora de “Dancing With the Devil in the City of God: Rio de Janeiro on the Brink”.