Mientras seguimos la evolución de la crisis griega, es importante comprender que el éxito de los programas de ajuste estructural requiere un fuerte compromiso del país implicado. Aun si se superan los obstáculos más recientes, será difícil confiar en que se implementen reformas si el pueblo griego no está convencido (como es evidente que sucedió hasta ahora). Y sin ellas, difícilmente habrá estabilidad y crecimiento sostenidos para la economía griega; especialmente porque los acreedores no están dispuestos a seguir prestando a una Grecia sin reformas mucho más dinero del que se le pide pagar. (Como ocurrió durante la mayor parte de la crisis, aunque uno nunca se enterará de esto por la prensa mundial.)
La pertenencia de Grecia a la Unión Europea permite a sus acreedores ejercer considerable influencia sobre el país, pero evidentemente no tanta como para cambiar el hecho básico. Grecia no deja de ser un país soberano. La “troika” de acreedores (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) no tiene sobre Grecia el tipo de influencia que, por decir algo, tenía la Corporación de Asistencia Municipal sobre la ciudad de Nueva York cuando a mediados de los setenta estuvo al borde de la bancarrota.
Los mejores programas de ajuste estructural son aquellos en los que el gobierno del país deudor propone los cambios de políticas, y el FMI ayuda a diseñar un programa a medida y provee cobertura política para su implementación. Imponer un plan desde afuera no sirve. Para que las reformas funcionen, el gobierno griego y su electorado deben creer en ellas.
La necesidad de que los países adopten como propios los programas de reforma no es novedad. Las dificultades en la relación del FMI con Ucrania empezaron mucho antes de la última ronda de negociaciones. En 2013, miembros del FMI elaboraron un análisis crítico de la experiencia del organismo con aquel país, donde se concluía, en esencia, que la falta de compromiso del gobierno con el proceso de reforma era prácticamente garantía de que no funcionaría.
Según el informe, si un gobierno no puede o no le interesa hacer los ajustes necesarios, la mejor opción es ir soltando dinero a medida que se implementen las reformas (como se está haciendo ahora en Grecia). Por desgracia, en este caso ese curso de acción no fue adecuado. Las condiciones de reforma estructural suelen inclinar la balanza de la competencia entre facciones dentro del país (para bien o para mal), y sin voluntad local de mantener las reformas, estas no durarán mucho tiempo.
Los ideólogos de la izquierda se oponen hace tiempo a los programas de reforma estructural y acusan a los organismos de crédito internacionales como el FMI y el Banco Mundial de haber caído en manos de fundamentalistas de mercado neoliberales. Aunque esta crítica tiene algo de verdad, está muy sobrevaluada.
Es cierto que las reformas estructurales suelen favorecer políticas como la flexibilización del mercado laboral. Pero no hay que cometer el error de juzgar estas intervenciones en blanco y negro. Romper la segmentación dual de un mercado laboral que excluye a los trabajadores jóvenes (como ocurre en gran parte del sur de Europa, incluida Italia y hasta cierto punto Francia) es muy diferente de facilitar el despido de todos por igual. Hacer que los sistemas de pensiones sean sostenibles no implica hacerlos menos generosos. Simplificar y hacer más equitativos los regímenes tributarios no significa subir todos los impuestos.
Últimamente los adversarios de las reformas vienen planteando objeciones más novedosas, entre las que destaca el problema de la deflación en un contexto de tipo de interés de referencia nulo. Si las reformas estructurales se reducen a bajar todos los precios y salarios, entonces realmente puede ser difícil contrarrestar en lo inmediato la caída de la demanda agregada. Pero podría hacerse una crítica similar de cualquier otro cambio de políticas: si no está bien diseñado, será contraproducente. La verdad es que Europa no tiene otra salida que aumentar la productividad.
Este y otros rescates fallidos nos obligan a reflexionar. Si un plan de rescate demanda un cambio integral del modelo económico, social y político de un país, tal vez lo mejor sea cancelar las pérdidas privadas, en vez de cubrirlas a costa del erario público. En casos como el de Grecia, sería mejor que los acreedores aplicaran su pasión reformista en casa a otras cuestiones, sobre todo la mejora de la regulación financiera.
La inmensa mayoría de los griegos quiere permanecer en la UE. En un mundo ideal, dar asistencia financiera a cambio de reformas podría ayudar a los griegos que quieren convertir su país en un estado europeo moderno. Pero vistas las dificultades que tuvo Grecia hasta ahora para hacer los cambios que dicho objetivo demanda, tal vez sea hora de reconsiderar por completo esta estrategia. En vez de seguir dando préstamos, quizá tenga más sentido dar directamente ayuda humanitaria, independientemente de que Grecia siga siendo miembro pleno o no de la eurozona.
Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003. His most recent book, co-authored with Carmen M. Reinhart, is This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Traducción: Esteban Flamini