¿Por qué los puertorriqueños siempre tenemos que ser resilientes?

En el sentido de las manecillas del reloj desde arriba a la izquierda: Playa Salinas en Puerto Rico; un apagón en Yauco; una casa en Salinas; Nereida Batista en su casa de Toa Baja. En el sentido de las manecillas del reloj desde arriba a la izquierda: Alejandro Granadillo/Associated Press; Erika P. Rodriguez para The New York Times; Alejandro Granadillo/Associated Press; Ricardo Arduengo/Reuters
En el sentido de las manecillas del reloj desde arriba a la izquierda: Playa Salinas en Puerto Rico; un apagón en Yauco; una casa en Salinas; Nereida Batista en su casa de Toa Baja. En el sentido de las manecillas del reloj desde arriba a la izquierda: Alejandro Granadillo/Associated Press; Erika P. Rodriguez para The New York Times; Alejandro Granadillo/Associated Press; Ricardo Arduengo/Reuters

Cuando llamo para saber cómo está mi familia en Puerto Rico, mi mamá, como siempre, me dice que: “Estamos bien”. Sin embargo, estar bien significa que tuvo que tirar la compra a la basura luego de días sin electricidad. El supermercado de su vecindario cerró por escasez de diésel, y se está bañando con un balde durante una ola de calor. Cuando le pregunto si necesita algo, me responde con una sola palabra: esperanza.

¿Por qué cinco años después de que el huracán María devastó la isla, la infraestructura de Puerto Rico estaba tan poco preparada para el huracán Fiona, una tormenta de categoría uno? ¿Por qué una red eléctrica recién privatizada colapsó después de unas pocas horas de lluvia? ¿Por qué puentes recién construidos se desbarataron tan fácilmente? ¿Por qué aún hay tanta gente sin electricidad? ¿Y por qué mi mamá perdió la esperanza de que las cosas vayan a mejorar pronto?

Parte del problema es que la velocidad de la gestión de emergencias no se ha adaptado al cambio climático. Antes, el alcance de una catástrofe natural no se superaba en décadas, pero las tormentas que baten récords se han vuelto mas frecuentes, y los esfuerzos de recuperación se están quedando atrás.

Las iniciativas de gestión de emergencias a menudo tienden a enfocarse en la respuesta inmediata y en dar refugio provisional y otras necesidades, sin una estrategia a largo plazo. Luego del paso de María, miles de personas fueron trasladadas fuera de Puerto Rico y depositadas en moteles o en el sofá de familiares, sin que hubiese un plan de cómo reconstruir sus hogares o de traerlas de regreso. Lo mismo ocurrió después del huracán Katrina, cuando miles huyeron para jamás regresar.

Después de María, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias vertió más de 1000 millones de dólares en un programa fallido llamado Tu Hogar Renace, que pretendía proporcionar reparaciones esenciales para las casas afectadas en Puerto Rico y así reducir la demanda de otras opciones de refugio. El programa se enfocó en reparaciones básicas como arreglar ventanas y puertas rotas, pero no preparó las estructuras para que soportaran tormentas próximas. Lo peor es que fue manipulado por contratistas que cobraron precios exorbitantes por obras subcontratadas y mal hechas.

Las obras públicas se han enfrentado a desafíos similares. El ejemplo más visible es un puente provisional, que construyeron contratistas de FEMA en Ohio y que fue colocado en la ciudad de Utuado en 2018, con un costo de casi 3 millones de dólares. Se suponía que duraría 75 años, pero el mes pasado, las inundaciones provocadas por Fiona lo hundieron en el río. La ironía es que el puente que María había destruido también era uno provisional construido después del huracán Georges en 1998.

Los puertorriqueños nos merecemos algo más que curitas y parchos a ser arrancados en el siguiente desastre. Necesitamos soluciones a largo plazo. Igualmente, necesitamos y merecemos una recuperación más veloz. Es injustificable e insostenible que, luego de una tormenta, las personas tengan que pasar semanas sin electricidad y vivir por años debajo de lonas azules. En los primeros meses de la pandemia de covid, la asistencia económica fue tramitada por el gobierno federal con poca fricción burocrática porque había un claro sentido de urgencia. La misma urgencia debe aplicarse a la atención de un desastre natural.

La semana pasada, el presidente Biden señaló que las personas en Puerto Rico podrían registrarse para obtener 700 dólares “con el fin de cubrir las necesidades básicas”, pero la solicitud no es sencilla, y muchos temen que se la nieguen.

Se ha documentado ampliamente que la burocracia de por sí lenta para recibir ayuda federal se retrasó después del huracán María en Puerto Rico, pero es importante señalar que los solicitantes también fueron objeto de un escrutinio excesivo. Un informe publicado hace poco por parte de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos mostró que FEMA impuso requisitos innecesarios a los residentes puertorriqueños. Luego del paso del huracán María, se les negó ayuda a cientos de miles de familias en la mayoría de los casos porque no podían proveer el título de propiedad de sus hogares, aunque este no es un requisito para obtener ayuda y varios otros documentos pudieron haberse aceptado.

Al final, solo el 40 por ciento de los hogares que solicitaron la ayuda de FEMA tras el huracán María recibieron algún apoyo, y solo poco más del uno por ciento recibió el pago máximo. Eso no toma en cuenta a los miles que no pudieron solicitar la ayuda en absoluto porque se perdieron en el laberinto burocrático.

FEMA también siguió procedimientos excepcionales en Puerto Rico que no se usan en los 50 estados, con el propósito de facilitar la recuperación y poder implementar mejoras de construcción. Esos procedimientos terminaron siendo innecesariamente burocráticos y onerosos para los gobiernos locales, lo cual provocó retrasos en la construcción de infraestructura esencial, como un hospital muy necesario para el municipio isleño de Vieques, donde actualmente no hay acceso directo a la atención de emergencia.

De manera similar, la Ley Jones retrasó la llegada de suministros de emergencia como el diésel e infló sus costos en un momento de necesidad crítica. Le tomó una semana al gobierno de Biden aprobar una exención temporera luego de Fiona pero, para entonces, muchas empresas, como el supermercado de mi madre, habían comenzado a cerrar porque no podían alimentar sus generadores.

Algunos creen que exigir un trato igualitario para Puerto Rico tras los desastres es la clave para resolver sus problemas actuales, pero igualdad no es lo mismo que justicia. Y en todo caso, sabemos que, incluso dentro de los 50 estados, la ayuda por desastres no está exenta de desigualdad estructural.

Biden dio una conferencia de prensa en el pueblo de Ponce la semana pasada, rodeado de cables eléctricos, presumiblemente para señalar su compromiso con la reconstrucción y modernización de la red eléctrica en Puerto Rico. Sin embargo, muchos comienzan a preguntarse si sus promesas son poco más que teatro político. Cinco días después de su visita, los vecinos acudieron a las calles para protestar por los continuos cortes de energía y la falta de agua corriente.

Los residentes con los que he hablado dicen que aún no han visto a los equipos de LUMA Energy, la compañía eléctrica que trabaja en la zona. En cambio, la empresa interpuso un recurso legal contra los alcaldes que trabajan para restaurar la energía en sus municipios.

Como sucedió después del huracán María, los líderes comunitarios intervinieron para llenar los vacíos que dejó el gobierno. Las organizaciones de ayuda a nivel local reemplazaron las lonas azules distribuidas por FEMA con techos y compraron e instalaron microrredes solares, lo que ha fomentado la esperanza que las personas como mi mamá necesitan con tanta urgencia.

Pero más vale que los cambios grandes lleguen pronto. Los puertorriqueños ya estamos hartos de tener que ser resilientes. Estamos cansados de celebrar nuestra capacidad de aguante, de ser creativos ante la adversidad y de sobrevivir a pesar del abandono estatal. Luego de María, nos unimos en un espíritu de recuperación colectiva, pero ya no podemos cargar con el peso. Las tormentas seguirán llegando y no se puede esperar que nos levantemos solos una y otra vez. Necesitamos que nuestra infraestructura gubernamental sea tan resiliente como nosotros nos vemos obligados a ser.

Yarimar Bonilla es directora de Centro, el Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad Hunter, profesora de antropología en la City University del Centro de Posgrados de Nueva York y coeditora de Las réplicas del desastre: Puerto Rico antes y después del huracán María.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.