Por qué los subsidios son mejores que los confinamientos obligatorios

Muchos gobiernos europeos están tratando de combatir la segunda ola de la pandemia COVID-19 imponiendo un “confinamiento ligero”, que suele incluir limitaciones en las operaciones de restaurantes, bares y algunas tiendas no esenciales. La suposición detrás de estos cierres parciales es que el riesgo de infección es alto cuando las personas interactúan y se relacionan en espacios cerrados. Un documento reciente publicado en Nature proporciona más evidencia, misma que señala que lugares como restaurantes, gimnasios y cafés pueden desempeñar un papel importante en la propagación del coronavirus.

Los cierres obligatorios han dado lugar a fuertes protestas populares (especialmente en Francia e Italia), porque amenazan los medios de vida de muchos pequeños propietarios de tiendas y restaurantes. Estos sectores ya estaban bajo presión del comercio electrónico antes de la pandemia, y muchos operadores marginales temen no poder sobrevivir a un segundo confinamiento, ni siquiera a uno ligero. Los gobiernos han estado tratando de brindarles ayuda, compensándolos por la pérdida de ingresos. Pero en muchos casos la compensación ha sido tardía, parcial, y difícil de dirigir hacia los más vulnerables económicamente.

Sin embargo, es posible que los gobiernos no tengan que recurrir a confinamientos obligatorios si consideran la alternativa de impuestos o subsidios. Tales medidas fiscales hasta el momento no han desempeñado ningún papel en las denominadas intervenciones no farmacéuticas para combatir la pandemia, a pesar de que podrían alcanzar los mismos objetivos de distanciamiento social.

En términos concretos, el gobierno podría anunciar un subsidio a cualquier propietario de una tienda o restaurante que esté dispuesto a cerrar su establecimiento por un periodo determinado (digamos, de 1 a 3 meses). Un cierre más largo sería más beneficioso porque ayudaría a mantener bajas las infecciones por COVID-19 durante el resto del invierno.

Una vez que se haya cerrado una gran proporción de tiendas, los responsables de la formulación de políticas tendrían que impedir que el resto se aglomeren más. Pero ya regulaban la aglomeración excesiva antes de las nuevas restricciones de la segunda ola, al pedir a los clientes que se mantuvieran un mínimo de distancia unos de los otros. Este tipo de regulación debe mantenerse en la forma más simple posible, exigiendo un número mínimo de metros cuadrados de espacio por cliente.

Por lo tanto, el gobierno podría comenzar por especificar un subsidio en términos de una suma global por metro cuadrado, pagada por adelantado al propietario de cualquier establecimiento que esté dispuesto a cerrar (para compras en la tienda o servicio en el propio restaurante) por varios meses. Se le seguiría permitiendo brindar servicios de recojo de pedidos y ventas en línea. Posteriormente, los operadores calcularían sus oportunidades provenientes de otros canales de venta. Para aquellos con menor capacidad para adaptarse, aceptar el subsidio podría ser la mejor opción.

En teoría, sería preferible llevar a cabo una subasta inversa en virtud de la cual los minoristas presenten el precio al que estarían dispuestos a cerrar. El gobierno podría, posteriormente, celebrar rondas sucesivas hasta lograr la reducción deseada en espacio minorista que permanezca abierto. Pero, tal vez no haya tiempo suficiente para organizar esto ahora.

Existe una discrepancia similar entre los intereses sociales y privados en relación con el cambio climático. La mayoría de los economistas reconocen que un impuesto pigouviano a las emisiones de gases de efecto invernadero – un impuesto que lleva el nombre del economista británico Arthur Pigou – puede lograr la reducción deseada de las emisiones de manera más eficiente en comparación con lo que puede lograr la regulación directa de las actividades contaminantes. Los responsables de la formulación de políticas también deberían aplicar esta lección al control de pandemias.

En el caso del cambio climático, los responsables de la formulación de políticas de manera general están de acuerdo con que un impuesto sobre las emisiones es más apropiado que un subsidio por no emitirlas. Pero, con el control de la pandemia, la elección entre impuestos y subsidios no es tan clara.

En un artículo del año 1960, el premio Nobel de economía Ronald Coase sostuvo que, siempre que se puedan obviar los costos de transacción, la solución eficiente para un problema que entrañe una diferencia entre costos sociales y privados debe ser independiente de la asignación de los derechos de propiedad. En el caso del control de la pandemia, los intereses de la sociedad están representados por el gobierno, que mantiene bajos los costos de transacción. La pregunta clave, entonces, es si el dueño tiene el derecho de mantener una tienda o un restaurante abierto o si en cambio ese derecho pertenece a la sociedad. El hecho de que los gobiernos estén dando compensaciones durante los confinamientos indica que reconocen que la decisión de permanecer abiertos debería pertenecer al propietario. De ahí que sería más apropiado un subsidio destinado a alentar a los restaurantes y tiendas a cerrar que imponerles impuestos.

Más prácticamente, un subsidio por cierres ofrece una serie de ventajas. Proporcionaría compensación de ingresos a las empresas más marginales a un costo fiscal razonable, a la vez que reduciría las interacciones sociales en tiendas y restaurantes. El subsidio para cerrar la actividad en las tiendas debería ser especialmente atractivo para las tiendas y restaurantes en dificultades, cuyos propietarios son más propensos a protestar contra los confinamientos obligatorios. Y obviaría la necesidad de que los responsables de la formulación de políticas hagan distinciones arbitrarias entre bienes esenciales y no esenciales.

Otra ventaja a más largo plazo de este enfoque es que alentaría a los propietarios de pequeñas tiendas a modernizarse (o a abandonar el mercado). De esta manera, los responsables de la formulación de políticas podrían ayudar a superar la fuerte resistencia al cambio estructural en este sector.

La lección es clara: como la segunda ola de la pandemia amenaza a Europa, los gobiernos deben cambiar de rumbo induciendo a los propietarios de restaurantes, bares y tiendas a tomarse unas vacaciones pagadas, en lugar de ordenarles que cierren. Una política de este tipo promete costos fiscales y sociales mucho más bajos y sería políticamente mucho más fácil de sostener en los difíciles meses de invierno que se avecinan.

Daniel Gros is Director of the Centre for European Policy Studies. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

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