No hace mucho alguien me preguntó si había leído el auto de prisión dictado por la juez Carmen Lamela (cuya última decisión ha sido llamar a declarar este jueves al expresidente Puigdemont) contra los llamados los dos Jordis, responsables de dos asociaciones que han venido dando soporte a los promotores de la República catalana, desde tesis independentistas, y cuál era mi opinión sobre la medida. Mi respuesta fue rápida: no, no lo he leído ni pienso, dije. No solo porque es un tema que me satura -el catalán, digo, a pesar de o precisamente por mi amor a Cataluña- sino porque esa medida fue adoptada por un juez y eso es suficiente para que yo no la cuestione de entrada. Aunque no conozca al juez, como es el caso.
Claro que yo también soy juez. Juez de instrucción como Carmen Lamela. El sistema procesal que nos vincula es el mismo, aunque nuestras competencias por razón de la materia -delitos- sean distintas, al servir ella en un juzgado central de instrucción, y yo en un juzgado de instrucción ordinario.
La razón de mi confianza viene dada por la exigencia legal de razonabilidad y motivación de la medida, por un lado, y por el sistema de contrapesos y remedios previsto en las leyes procesales penales. Ningún juez puede decretar prisión sin que un fiscal o una acusación se lo pida y justifique, y los recursos para revisar la medida por un órgano superior compuesto por tres jueces son de tramitación preferente y muy rápida.
Pero si no pongo en duda ni comparto las suspicacias, más o menos interesadas, sobre la prisión decretada es, sobre todo y especialmente, porque conozco y pertenezco a un colectivo en el que, con nuestras debilidades y fortalezas, predomina un valor fundamental, la independencia.
La independencia judicial es la piedra angular del sistema, la que nos permite cumplir con nuestra misión de protección de los derechos de los ciudadanos, dicho no en abstracto, sino en el caso concreto y a diario, la que nos blinda frente a intromisiones y presiones. Las presiones ya anticipo que no se producen de una manera directa, no recibimos llamadas telefónicas ni visitas inoportunas. A veces la trascendencia del caso que llevamos entre manos es un elemento de presión, a veces esa presión viene dada por los resortes mediáticos que utiliza de forma desleal alguna parte del proceso, cuanto más poderosa peor.
Los jueces estamos preparados para resistir estas presiones. Aunque el Consejo General del Poder Judicial no nos ampare como debiera, aunque sintamos en soledad el peso de la responsabilidad, y nuestra fragilidad. Resistimos porque somos y nos sentimos independientes. El apoyo cálido y decidido de las asociaciones judiciales también nos ayuda.
La independencia judicial es un índice de referencia para medir la calidad de un Estado democrático y para gozar del respeto internacional. Es un indicador de la fortaleza del sistema para combatir la corrupción. El Consejo de Europa evalúa cada dos años a los Estados a través de un organismo, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) y efectúa Recomendaciones para combatir las debilidades observadas.
En su último informe sobre España, el GRECO critica duramente que España no cumpla sus recomendaciones en orden a fortalecer la independencia judicial y señala especialmente la reforma legal promovida por el ministro de Justicia a la sazón, el señor Ruiz Gallardón, que modificó el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, para diseñar un sistema tachado por muchos de presidencialista o ministerial.
La independencia judicial es, en definitiva, una garantía de la separación de poderes. Permite el control y sometimiento a la Ley de todos los poderes públicos, y sus servidores. Es esencial para luchar contra la corrupción política y financiera. Esto lo saben bien nuestros gobernantes. Por eso muchos de ellos no pueden resistir la tentación de socavar esta independencia. Algunos de forma burda y sin miramientos. Me refiero a las previsiones dictadas por el ex futuro gobierno de la República catalana, que establecían que los jueces habían de pasar un proceso selectivo que asegurase su acatamiento y alineación con sus postulados, y mientras tanto creaban una Comisión que investigase el trabajo de los jueces en activo e independientes, tras lo que llamaron referéndum del 1 de octubre.
Lo normal es que la independencia judicial se socave de forma más disimulada, tanto que, a veces lo consiguen, e incluso consiguen que pocos se den cuenta de ello. Lo hacen con reformas legales que limitan los plazos de las investigaciones penales a seis meses, excepcionalmente ampliables a 18 meses, y lo hacen a coste cero, es decir, sin proveer de medios a las policías que investigan, ni a la Justicia. Lo intentan hacer anunciando un nuevo modelo que conceda el monopolio de la investigación criminal a la Fiscalía, órgano jerarquizado y sujeto a instrucciones internas, como se ha puesto de relieve en casos de corrupción de extraordinaria relevancia pública, como el caso Púnica y sus ramificaciones, entre otros.
Se podrían enumerar más casos de reformas que minan de forma encubierta la independencia de los jueces. Pero también consigue ese efecto -a veces sospechamos que de forma deliberada o irresponsable, cuando menos- la cicatería y la falta de compromiso de las administraciones encargadas de dotar de los medios materiales y personales adecuados para el correcto funcionamiento de la Justicia.
Pese a ello, la inmensa mayoría de los jueces trabajan con esfuerzo, con alto sentido de la responsabilidad para llevar a cabo su misión, cumplir y hacer cumplir las leyes, con vocación de servicio público, para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos y a las instituciones. Lo hacemos porque somos y nos sentimos independientes. Por eso yo respeto los autos de la juez Lamela.
Rosa María Freire Pérez es juez de instrucción en Madrid y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.