¿Por qué no se hace?

Los datos que van saliendo parecen indicar que las vacas flacas van cediendo el paso a las otras. El cambio de signo va a mitigar nuestro gran problema, el paro. Celebrémoslo, pues, pero sin olvidar que apenas si hará mella en el enorme colectivo de parados herencia de la burbuja inmobiliaria: la mitad de la cifra total, gente hoy entre 30 y 40 años, con formación mediana en la construcción. Ese colectivo apenas se verá afectado por la mejora del ciclo, y no parece que las fuerzas hoy en liza para el combate de las municipales tenga nada concreto pensado al respecto.

Hace algo menos de un año (mayo del 2014) me refería aquí a un plan de rehabilitación del parque español de edificios públicos y viviendas para hacerlo eficiente en el uso de la energía. Ya entonces era posible describir sus cualidades: un plan de inversión, no de consumo, susceptible por consiguiente de conseguir un retorno y de contar con el visto bueno de las autoridades comunitarias, y quién sabe si con algo de dinero, además. Ya entonces había que insistir en la extrema gravedad del problema que el plan estaba llamado a resolver, y en la urgencia de abordarlo. Un año más tarde, el plan existe: lo presentó en el Círculo de Economía su creador y principal impulsor, José María Pérez, Peridis, arquitecto y humorista. No es el único plan existente (el arquitecto Joan Barba presentó otro) pero sí, seguramente, el de mayor alcance: propone intervenir, a lo largo de veinte años, en un parque de viviendas y edificios públicos, empezando seguramente por estos últimos, de más de diecisiete millones de unidades, al que se irían incorporando hasta trescientos cincuenta mil trabajadores por año en sus inicios. Una cifra a escala del problema que resolver. El autor tiene las cifras detalladas.

Los beneficios del programa no se limitan a la creación de puestos de trabajo directos, porque hay que tener en cuenta los inducidos, en número superior, en la industria auxiliar; tampoco se limitan a la creación de empleo, porque exige un componente indispensable de formación, dirigido a quienes no la adquirieron durante la burbuja; formación a pie de obra, y por ello remunerada, a diferencia de la miríada de cursos, muchos de ellos on line, que se ofrecen hoy a nuestros desempleados; formación que permitiría recuperar los oficios del entorno de la construcción, que hoy se están perdiendo.

Completaría la experiencia de nuestras empresas constructoras y las haría más capaces aún de competir en el exterior. Resultaría, por último, en una reducción de nuestra factura energética -hoy la mayor partida de nuestras importaciones- y de nuestras emisiones de gases y partículas contaminantes.

¿Y el dinero? Parte de la inversión sería recuperada por los particulares a través de los recibos de la energía, parte por la Administración por los impuestos generados por la mayor actividad económica, y también por la reducción en las prestaciones por desempleo. ¿La financiación? Un plan de inversión como este, que entraría de lleno en los objetivos del plan Juncker de relanzamiento de actividad y empleo, vendría a dotar de contenido la petición española de una parte de los fondos del plan. El plan sale a la luz, además, bajo una constelación favorable: disponibilidad de personal cualificado, bajos tipos de interés, presencia española en los órganos de decisión comunitarios. Su puesta en práctica puede resolver tres graves problemas: el de los parados de larga duración, la formación de un gran número de trabajadores sin oficio y la reducción de nuestra factura energética.

Una pregunta flota en el aire: ¿por qué no se hace? Más aún -me pregunta un amigo danés-, si es tan bueno el plan, ¿por qué no lo aborda el sector privado? Dos pistas para responder: la primera, que el retorno del plan es a un plazo más largo del que gusta de prever el sector privado. La segunda, que por la maraña competencial, la jungla normativa y las arenas movedizas de la burocracia se requiere un enorme caudal de inteligencia, paciencia y fortaleza para sortear los innumerables obstáculos que, a veces con la mejor intención, se interponen hoy entre un buen proyecto y su materialización.

No subestimemos las dificultades. Para que un plan así vea la luz hace falta nada menos que un pacto de Estado y el compromiso de las máximas autoridades del país de no dejar de prestarle su apoyo directo. No subestimemos tampoco la gravedad del problema: las páginas de los periódicos nos lo recuerdan cada día; las consecuencias del paro están a la vista de cualquier ciudadano que tenga un mínimo de sensibilidad. No abordar la solución de este problema será el fracaso de nuestra sociedad. Para contribuir a echar a andar el plan podemos empezar preguntando a todos los partidos, que ahora empiezan a pedirnos el voto, qué piensan hacer con el paro; si conocen un plan como ese; si lo incorporarían a sus programas, si se comprometerían a apoyarlo… el plan ya existe, propone una solución. Parte sobre todo de un convencimiento confirmado por la experiencia: el problema se puede resolver. Vale la pena no ser cómplices de su fracaso y convertirnos en partícipes de su éxito.

Alfredo Pastor, profesor de Economía del Iese.

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