Por qué no todo puede someterse a votación

Como era absolutamente lógico y previsible, el Tribunal Constitucional –por unanimidad– dictaminó que el simulacro de consulta convocado por los separatistas catalanes y auspiciado, patrocinado, publicitado y apoyado por el Gobierno de la Generalidad –que es una institución que tiene su fundamento en la Constitución Española de 1978– era completamente ilegal. Era lógico que el Alto Tribunal lo declarara ilegal porque atentaba directamente contra el artículo 1.2 de la Constitución que dice: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Este escueto artículo, con la misma o parecida redacción, lo contienen todas las constituciones de todos los estados democráticos del mundo occidental. Como es lógico y natural. Porque nadie podría garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos de un Estado, si en él una minoría de ciudadanos pudiera imponer su voluntad sobre la de los demás. Que es lo que, con maniobras como la del 9-N, pretenden los independentistas catalanes: imponer su voluntad sobre la del resto de los españoles para cambiar una Nación, de la que todos formamos parte desde tiempo inmemorial y que nos pertenece a todos por igual.

Por qué no todo puede someterse a votaciónY, si no se quiere recurrir a los siglos de Historia conjunta, bastará recordar lo que señalaba más arriba, que, en 1978, los españoles –con los catalanes en lugar destacado– nos dimos una Constitución en la que, para que no hubiera dudas, se proclama claramente quién es el sujeto de la soberanía: el pueblo español. O, dicho más claro: quien manda en España son los españoles, y nadie más. Aquí no manda ni puede mandar una familia ni un partido político ni un grupo de personas, por muy numeroso que sea. Aquí solo manda y debe mandar el pueblo español, a través de los cauces que ese mismo pueblo español se ha dado. Y el que quiera pasar por encima de la voluntad del pueblo español tiene que saber que está en contra de la Ley.

Esto es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, esto es lo que dicta el sentido común en un país occidental, libre y civilizado, y esto es lo que defenderían los independentistas catalanes en su hipotética república independiente de ¿Cataluña o de los Països Catalans? Porque en ningún país serio es aceptable que unos cuantos ciudadanos de un barrio, un pueblo o una región puedan declararse independientes votando en un referéndum en el que solo puedan votar ellos mismos.

Sin embargo, a pesar de la evidente ilegalidad del 9-N, en demasiados ciudadanos españoles ha calado la idea de que debería poder celebrarse cualquier tipo de votación. Y que los referendos son una manifestación de democracia y que constituyen la herramienta más idónea para solucionar problemas del estilo del que plantean los separatistas catalanes. Y eso no es así. Se pueden someter a referéndum algunas cuestiones fundamentales, como hicimos en España en 1978 para aprobar la Constitución, o en 1986 para ratificar la permanencia de España en la Alianza Atlántica. En algunos pueblos o ciudades se pueden someter al voto de los vecinos cuestiones que conciernen a la administración municipal, como el procedimiento que prefieren para eliminar las basuras.

Pero hay materias, aprobadas por toda la Nación, que no pueden ser sometidas a la voluntad de solo un fragmento de esa Nación. Y no me refiero únicamente a la secesión de ese fragmento de la Nación. Me refiero a multitud de cuestiones y leyes que han sido aprobadas por los representantes políticos y legales de todos ciudadanos que no podrían ser puestas en cuestión, ni mucho menos derogadas, por la voluntad de solo una parte del conjunto de todos los ciudadanos. De la misma forma que hay materias que constituyen avances indiscutibles de la Humanidad que tampoco pueden ser sometidas a ningún tipo de referéndum, como la prohibición de la tortura, o de la lapidación de las adúlteras, o de la ablación del clítoris, por mucho que algunos, incluso muchos, lo reclamaren.

Los ciudadanos de un barrio en el que haya habido una serie de violaciones y asesinatos de niñas no tienen derecho –y las autoridades no lo permitirían– a convocar un referéndum para reimplantar la pena de muerte o para legalizar el linchamiento, aunque sea una abrumadora mayoría la que reclame esas medidas. Tampoco se puede convocar un referéndum para consultar a los ciudadanos sobre alguna ilegalidad, como sería aprobar alguna medida que resucitara la menor discriminación por motivos de raza, religión o sexo.

Y, como es lógico, nadie puede convocar un referéndum para decidir si debemos pagar o no impuestos, aunque la mayoría quisiera votar que los impuestos los deben pagar los otros y no ellos.

Los referendos como manifestación de lo que se llama democracia directa pueden resultar especialmente atractivos para muchos ciudadanos, pero es obligación de los políticos la de explicar una y otra vez que hay cosas que no son susceptibles de ser decididas por ese procedimiento, por muy atractivo que parezca. Y una cosa tan trascendental como romper el Estado que, con su Ley, nos garantiza la libertad, la seguridad y los derechos de todos, nunca podrá ser materia para un referéndum en el que solo puede participar una parte –los censados en Cataluña– de todos los afectados por la pregunta que se somete a votación, que somos el conjunto de los españoles.

Esperanza Aguirre, presidente del PP de Madrid.

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