¿Por qué se duda de la política contra ETA?

¿Por qué se desconfía de la política antiterrorista si el Gobierno insiste en declararse firme con ETA? ¿Por qué provoca la misma desconfianza que despertó la política del anterior Gobierno cuando éste mantuvo una negociación con ETA negada pero que se ha demostrado que sí existió? La constante necesidad del Gobierno por defender su posición revela que esa desconfianza está fundada. Su política expone incoherencias con los principios recogidos por el Partido Popular en su programa electoral y defendidos durante una larga trayectoria. Refleja además una clara continuidad con la política socialista que el PP criticó con sólidos argumentos, revelando contradicciones obvias para el ciudadano. Este continuismo con una política basada en un doble lenguaje que ocultó iniciativas de alto coste político y social resta credibilidad al Gobierno cuando se defiende de las lógicas críticas que recibe incluso de su propio cuerpo electoral.

El Gobierno anterior propició una decisión cuyas consecuencias hoy se denuncian: la legalización del brazo político de ETA y el consecuente fortalecimiento y legitimación que supuso para los terroristas. Sin embargo, el actual discurso gubernamental de indignación resulta insuficiente en ausencia de iniciativas que demuestren una verdadera coherencia entre las palabras y los hechos. Como hizo el Gobierno anterior, el actual ministro del Interior explota mediáticamente las detenciones policiales, utilizando el abnegado trabajo de los profesionales hasta el punto de anunciar con antelación operaciones antiterroristas, mientras se desactivan o eluden otros instrumentos contra el entorno etarra. Se ha renunciado a diseñar una estrategia contra la radicalización de una sociedad en la que se sigue justificando el asesinato de seres humanos aunque se hayan interrumpido por motivos tácticos. Esa estrategia requiere mucho más que meros mensajes de indignación que evidencian falta de determinación para utilizar el enorme potencial de un Estado democrático contra quienes intentan subvertirlo.

La legalización del brazo político de ETA ha rebajado el nivel de exigencia dificultando una hipotética ilegalización de formaciones que, sin embargo, incurren en los supuestos que el Constitucional y el Gobierno definen como intolerables. Por ello el Estado debería actuar con audacia y contundencia para acometer aquello que el partido de Gobierno prometió en su programa: «impedir la utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terrorismo y de sus responsables». La complejidad de esta tarea no exige abandonarla, sino que obliga a esforzarse por diseñar el método que permita alcanzarla. Sin embargo el Gobierno se muestra más preocupado por denunciar indignado esa legitimación de la violencia mientras realiza gestos a ETA. El tercer grado a un etarra que ha dejado claro que no merece trato de favor es el último episodio de esa política de gestos que evoca al periodo Rubalcaba. Las apelaciones al cumplimiento de la legalidad para justificar esos guiños son idénticas a las utilizadas en el pasado, como lo son los argumentos que exponen una simplificación que distorsiona la realidad: negar a los miembros de ETA ciertos beneficios también es legal, y además, como la experiencia constata, eficaz para debilitar a la banda.

La misma lógica afecta al plan de reinserción de Interior al que no se ha acogido ningún etarra, como era previsible. La medida no debilita a la banda, pues el Gobierno muestra que es sensible a la presión de ETA, PNV y PSOE que le exigen «gestos» para «consolidar el proceso de paz». El Gobierno demuestra que le incomoda la etiqueta de «inmovilista» con la que esos actores intentan marginarle. Confirma asimismo que puede ceder, desvelando una vulnerabilidad que retroalimenta la presión. Al contrario de lo que diversas intoxicaciones a los medios han intentado trasladar, los presos se cohesionan gracias a simbólicas cesiones de este tipo que interpretan como «el primer paso de otros pasos». De ahí que el plan levantara la moral de los presos, pues el Gobierno aparentaba ante las víctimas una firmeza incoherente con sus comportamientos, llevando a un etarra a afirmar: «les están mintiendo a la cara para luego hacer lo contrario». El gesto con el torturador de Ortega Lara también induce a presentar a las víctimas, y no a los criminales, como un obstáculo para la paz a las que el Gobierno debe desactivar. Se refuerza así la propaganda de los radicales que pretende «desarmar el ámbito de las víctimas», a las que define como «sherpas de la represión» y «alimentadoras del conflicto».

Ineficaz resulta la insistencia en que los presos son problema de ETA y no del Gobierno cuando este asume lo contrario ofreciendo gestos como el plan de reinserción y el trato a quien aún se vanagloria de haber asesinado y torturado. Al igual que hiciera Rubalcaba, topándose entonces con la crítica de quienes hoy justifican similar proceder, ahora el Gobierno se presenta como obligado por ley a adoptar una decisión a favor del etarra. Sin embargo, la decisión contraria también habría sido absolutamente respetuosa con la ley. Los presos de ETA no ignoran algo tan obvio, de ahí que valoren el paso del Gobierno como un triunfo. A pesar de las tergiversaciones con las que se justifica la deferencia con el etarra, los radicales saben que el beneficio recibido no era imperativo sino facultativo al depender de la voluntad del Gobierno. El Gobierno debería haber priorizado que su gesto resulta positivo para la propaganda de ETA. Por tanto debería haber optado por defender la prisión de quien aún no está en peligro inminente de muerte y que sigue sin mostrar humanidad alguna hacia sus víctimas. Esta determinación hubiese provocado en los presos el desistimiento que el Gobierno dice buscar pero que sin embargo no provoca, pues alienta las esperanzas de más movimientos favorables a ETA. E l nacionalismo radical observa cómo su intensa actividad propagandística ha rehabilitado su imagen mientras el Estado elude articular un eficaz combate ideológico, limitándose este a una política de comunicación que confunde más a la opinión pública que a ETA. Esa confusión es responsabilidad de quienes aplican la política antiterrorista, y no de quienes critican razonadamente contradicciones evidentes. También fue habitual en la etapa Rubalcaba ese recurso y la apelación a la lealtad para silenciar críticas con el fin de eludir responsabilidades por una política contraproducente. Pero la verdadera lealtad exige honestidad en los fines y rigor en los medios, y más cuando está en juego la deslegitimación de ETA, que ha logrado contrarrestar su extrema debilidad operativa con un considerable fortalecimiento político sin ni siquiera condenar el terrorismo. Asimismo el periodo Rubalcaba se distinguió por la «comparación ventajosa» con la política de Aznar atribuyéndole movimientos en el ámbito de los presos. La búsqueda de este referente evidencia aún más el problema del Gobierno: aquel gobierno del PP no generaba desconfianza porque su firmeza gozaba de credibilidad; mientras se acercaban presos, otros eran alejados al tiempo que se trasladaba a ETA una convicción que le llevó a reconocer ya en 2003 que «la estrategia político militar está colapsada».

La actual política parece generarle más incomodidad al Gobierno que a ETA; algo peligroso, pues como ha escrito un etarra encarcelado, «el primer objetivo en cualquier confrontación es siempre provocar incomodidad al adversario y colocarlo en situación de desventaja». Este Gobierno podría perder mucho más que una mayoría absoluta si el Estado sigue desperdiciando la ventaja obtenida con el sacrificio de los españoles durante años. Así puede ocurrir si se continúa manteniendo una estrategia heredada del anterior gobierno, asumiéndose una política antiterrorista que ha causado el fortalecimiento institucional del entorno terrorista y la legitimación de quienes siguen sin condenar la violencia.

Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

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