Estos días asistimos a continuadas protestas de los agricultores. Nos explican que han perdido rentabilidad en sus producciones hasta niveles económicamente insoportables. Las movilizaciones son, sobre todo, un grito a favor de la supervivencia de la agricultura europea. Ante ello, la respuesta ciudadana frecuentemente es de incomprensión y, si a las protestas se le añaden unos grados de violencia, el rechazo puede ser importante (algo que deberían tener en cuenta los agricultores). Los agricultores saben que –a fuerza de mejoras de productividad sobre un suelo productivo invariable– han pasado a ser una minoría en la sociedad y temen que sus protestas se pierdan por falta de volumen.
No obstante, los agricultores tienen en sus manos un producto básico: los alimentos, que representan más de una quinta parte de nuestra cesta de la compra y son la materia prima del entramado económico vinculado a la cadena alimentaria. Pero los alimentos se pueden comprar en el extranjero. Este es el debate real de fondo. Es decir, ¿se considera estratégico contar con una agricultura europea moderna y de calidad o podemos delegar este tema en la importación?
La Política Agraria Común (PAC) nació para producir alimentos suficientes, estabilizar los precios y mantener estos a un nivel asequible para la población. Lógicamente, como condición necesaria debía garantizar un nivel de renta digno para los agricultores. La PAC cumplió sus objetivos, pero dejó dos vías de agua: los excedentes alimentarios y unos presupuestos excesivos. Durante los últimos 20 años, la PAC ha estado buscando el modo de acercar la oferta a la demanda y reducir costes presupuestarios. Ello ha coincidido con la emergencia del neoliberalismo, con una Unión Europea (UE) falta de recursos y plena de necesidades y con una población que lleva ya muchísimos años con la nevera llena, despreocupada de los riesgos de una agricultura con problemas.
Dentro del marco neoliberal, se ha buscado la forma de atender los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio desactivando buena parte de las medidas reguladoras de la agricultura. Sin embargo, en la realidad, ningún país desarrollado se ha atrevido a desproteger totalmente su agricultura, al temer su hundimiento, a pesar del hipotético diferencial tecnológico con los países menos desarrollados. En el caso europeo, para dar coherencia formal a esta realidad contradictoria, se ha usado el medioambiente como argumento prescindiendo de la función productiva de la agricultura. La PAC ha olvidado, así, que el primer objetivo de la agricultura es producir alimentos. Pero no llamar a las cosas por su nombre las acaba complicando y, a su vez, las palabras acaban reclamando su significado, perdiéndose por el camino las razones por las que fueron pronunciadas. Hoy las subvenciones agrarias están desvinculadas de la producción, de tal modo que las ayudas pueden obtenerse sin necesidad de producir alimentos, simplemente atendiendo algunas tareas de mantenimiento medioambiental. A su vez, un agricultor puede estar cobrando unas subvenciones por el hecho de haber cultivado años atrás, por ejemplo, cereales, aunque actualmente haya plantado manzanos. Algo tan rebuscado nadie lo puede entender. Se trata de un sistema económicamente caro e ineficaz, y que distancia al ciudadano medio de los argumentos para dicha protección.
Los mercados agroalimentarios, muy asimétricos, con una demanda fuertemente inelástica y una oferta sometida a imponderables climáticos y sanitarios, son altamente inestables sin una regulación adecuada. Y esto es lo que está sucediendo. Se han abierto fronteras y se han reducido las medidas de regulación. Como consecuencia, ha disminuido la rentabilidad de la agricultura europea y se han incrementado los riesgos derivados de unos mercados muy volátiles. Alto riesgo y baja rentabilidad son una pareja con poco futuro.
Ante ello, la UE, sin herramientas apropiadas, sin margen de maniobra, está dando palos de ciego, con medidas improvisadas y a veces contraproducentes desde un punto de vista de mercado único. En resumen, se están recogiendo los frutos envenenados de unas políticas desacertadas. Si se considera estratégico contar con una agricultura propia fuerte y dinámica, si se desea contribuir a la estabilidad de los mercados alimentarios, si se pretende facilitar el camino a la seguridad alimentaria mundial, deberá revisarse la actuación de los últimos años, donde ha habido progresos y propuestas positivas, pero también medidas que habrá que corregir. Se trata de recuperar la senda de la prudencia y la coherencia desde bases comunitarias, llamando a las cosas por su nombre. No se trata, en absoluto, de limitar el comercio internacional, sino de establecer los acuerdos comerciales con el realismo necesario que permita disponer de las medidas y las herramientas que hagan posible una agricultura estable y capaz de asumir los retos del siglo XXI.
Y, quizá, incluso nos salga más barato.
Francesc Reguant, economista.