Tal y como están las cosas en nuestro país, es fácil que conozcamos de primera mano en qué consiste un proceso de selección para encontrar trabajo. Aunque esos procesos son muy diferentes según los sectores y el nivel profesional, todos -desde las oposiciones a la función pública hasta las entrevistas de trabajo más convencionales- exigen que el aspirante se prepare a conciencia y presente un currículum que muestre su valía para ocupar el puesto al que aspira porque sabe que quien contrata quiere al mejor, y también se ha preparado para el proceso de selección.
Unas elecciones son, de algún modo, un gran proceso de selección de los representantes políticos y de los gobernantes en los diversos estamentos del Estado. Podemos comparar la campaña electoral con el periodo de entrevistas y pruebas al que son sometidos los diversos candidatos antes de decidirse por los mejores. Como contratadores, los votantes tenemos el derecho y la obligación de conocer bien a los candidatos: sus proyectos, su estilo, su honradez, sus debilidades, sus fortalezas, sus aspiraciones…
Aunque haya voces que afirman que no hace falta campaña electoral, la realidad es que, como ciudadanos, hemos de cumplir nuestra tarea de conocer bien lo que los aspirantes al puesto se proponen hacer. La campaña no es solo ni principalmente para que hablen los candidatos sino para que elijamos bien los ciudadanos. Unas elecciones son, fundamentalmente, una tarea para los votantes. Y los candidatos y los partidos políticos deberían notar -y mucho- la presión de los ciudadanos, los medios y la sociedad civil.
Los debates electorales, en todos los niveles, son una excelente herramienta para realizar el proceso de selección de quienes aspiran a representar y gobernar a los ciudadanos. Y esa herramienta no debería ser una opción para los candidatos sino una exigencia de quienes van a contratar, es decir, de los ciudadanos. ¿Alguien se imagina un aspirante a un puesto de trabajo que se negara a realizar las entrevistas y pruebas establecidas por el empleador? Sería la primera indicación de que no se está preparado para ocupar el puesto: por eso quien no acude a las entrevistas o a las oposiciones no será contratado.
No es tan difícil hacer algo así. Estamos viviendo estos meses la larga campaña de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Entre agosto de 2015 y mayo de 2016 los aspirantes a encabezar la candidatura del Partido Republicano han participado en en 13 debates con diferentes formatos, organizados por diversos medios de comunicación, moderados por periodistas, con presencia de público y celebrados en muchos casos en universidades.
De esos 13 debates, siete han sido dobles, pues el gran número de aspirantes a la nominación republicana hacía inviable un solo debate con tantos participantes, así que, mientras hubo un número elevado de candidatos, y de acuerdo con las expectativas que las encuestan les otorgaban, se celebraron dos debates entre los aspirantes al liderazgo republicano: uno para los favoritos y otro para los demás. Todos los aspirantes a la nominación republicana se han sometido a las preguntas de los medios, del público y del resto de los candidatos.
En el Partido Demócrata ha ocurrido lo mismo. Si bien los demócratas comenzaron los debates entre sus aspirantes a la nominación más tarde que los republicanos, desde octubre de 2015 han celebrado 13 debates, el primero de ellos con cinco aspirantes, que quedaron reducidos a tres a partir del segundo debate, celebrado un mes después. Desde el sexto debate demócrata, celebrado en enero de 2016, solo quedan dos contendientes: Hilary Clinton y Bernie Sanders.
Tanto los aspirantes a la candidatura del GOP como del Partido Demócrata han debatido entre ellos y se han sometido numerosas veces a un intenso escrutinio público, todas ellas con amplia cobertura informativa. Sus afirmaciones y sus respuestas están disponibles en línea para quien quiera saber qué dijo cada quién sobre cualquier asunto, cómo lo dijo, cómo reaccionó cada aspirante a cada pregunta o intervención. Y esos debates han centrado en buena medida el trabajo informativo de los medios, que difícilmente dejan aspecto o palabras de los candidatos en liza sin analizar y someter al juicio de la opinión pública. Todo esto, conviene no olvidarlo, se ha producido antes de que los partidos designen oficialmente sus candidatos para luchar por la Presidencia. Porque una vez que se hayan celebrado las respectivas convenciones y se hayan proclamado los candidatos de ambos partidos hay previstos cuatro debates más: tres entre los candidatos a la Presidencia y uno más entre los respectivos tickets a vicepresidente.
¿Es bueno que los aspirantes a la más alta magistratura de un país democrático hayan de pasar por semejante rosario de comparecencias públicas, confrontaciones con adversarios, preguntas incómodas de periodistas y del público? Pienso que la respuesta es obviamente afirmativa, aunque sabemos perfectamente que, a pesar de todo, no está garantizado el éxito.
Ningún proceso de selección lo garantiza, tampoco las elecciones. Ciertamente, en este caso, no facilita acertar en la contratación de quienes han de representarnos y gobernarnos la alarmante espectacularización de la política, que ha adoptado en sus mensajes el formato de los programas televisivos de entretenimiento y ha convertido a los ciudadanos en espectadores que disfrutan o no del espectáculo y les pone fácil asumir el papel que realmente tienen: el de jueces o árbitros que juzgan y deciden después de conocer los argumentos. Los debates deben ser un instrumento más en ese proceso de selección de personal que ayudará a tomar decisiones con más fundamento.
En los años 20 del pasado siglo se publicaron dos importantes trabajos que se ocuparon sobre la salud de las democracias. En su famoso libro Public Opinion (1922), Walter Lippmann afirmaba que la democracia es un sistema demasiado exigente para los ciudadanos. Las cuestiones públicas son de una complejidad tal que superan la dedicación y la competencia que es exigible a los votantes que quienes tienen que tomar decisiones sobre ellas.
Por su parte John Dewey, en The Public and its Problems (1927), sostenía que el público necesita recursos para que la democracia siga siendo una realidad. La educación y la información son, según Dewey, los recursos que otorgan competencia política a los ciudadanos. Poner a debatir en público a los candidatos en cada circunscripción y a los líderes de las formaciones políticas que aspiran a gobernar es un recurso necesario para que los ciudadanos podamos seleccionar mejor a quienes van a dirigir el país.
Manuel Martín Algarra es catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.