Por un cine español fuerte

Por Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (EL MUNDO, 27/01/07):

Es muy loable la iniciativa de la ministra de Cultura de presentar un documento con las bases de la esperada futura Ley del Cine y del Audiovisual, con intención de que pueda ser aprobada por el Parlamento dentro de la presente legislatura, como lo es que tales bases no contengan aún un texto articulado, anunciado que éste será fruto de las aportaciones de los sectores afectados.

El sector audiovisual está sufriendo una transformación radical, afectado por la aparición de nuevas tecnologías que conllevan un gran cambio en los usos, costumbres y aprovechamiento del ocio de los ciudadanos.

Maurizio Carlotti, consejero delegado de Antena 3 Televisión, ha iniciado en estas mismas páginas un debate público sobre la naciente regulación. Es legítimo por su parte, en representación de los intereses de las televisiones y de sus propias concepciones, focalizar el debate en lo que a sus respectivas entidades afectaría la nueva normativa, partiendo de lo que le afecta en la actualidad.

Por nuestra parte, consideramos que la formulación de la Ley del Cine debe ir acompañada de un amplio consenso de los sectores implicados y de todos los grupos parlamentarios, legítimos representantes del pueblo español. Nuestra aportación al debate la haremos desde una visión global, queriendo comprender los postulados de los también afectados por la normativa.

El punto de partida es si merece la pena que el Gobierno promulgue iniciativas que conlleven el fortalecimiento de la salud del cine español, o si ésta debe quedar al mero arbitrio del mercado. Es por todos aceptado que el mercado tiene distorsiones, fruto de una implantación comercial globalizadora de la poderosa industria norteamericana. Si la producción de cine español careciera de las medidas dictadas en su día y que ahora se hace necesario renovar, nuestro cine seguiría existiendo, pero sólo de manera testimonial, liberando las diferentes pantallas para quien ya las ocupa por encima del límite de lo permisible.

La Unión Europea, primero con retraso, después con timidez, y al poco con mayor decisión, reaccionó a las condiciones creadas por EEUU, especialmente fiscales, dotando a los Estados miembros de mecanismos para adaptar la Directiva de Televisión Sin Fronteras a las características de cada país. España no ha sido excepción, ni ha ido en su transposición más lejos que otros países europeos, ya que algunos como Francia e Italia han aprobado porcentajes de inversión obligatoria para las televisiones superiores al 5% existente en nuestro país.

Es inobjetable que, en la actualidad, las películas se ven más que nunca, pero con la transformación de los comportamientos sociales a la hora de ver cine, los ingresos por asistencia a salas de exhibición se han desplazado a otras formas de explotación, especialmente a las pantallas de televisión que acercan el cine a los hogares de los espectadores. No debería ser objeto de gran discusión que si las televisiones son beneficiarias del cine por sus altas audiencias, deban colaborar en la financiación de las obras nuevas que acabarán igualmente siendo emitidas por ellas. Más aún cuando el régimen de concesión de las licencias de televisión les dota a éstas del 100% de los ingresos por publicidad, como no podía ser de otra manera.

No parece exagerado pedir a quienes tienen la totalidad de los ingresos que destinen una pequeña parte de éstos a la producción de nuevas películas. A nuestro entender, las televisiones anteponen el fuero al huevo, y proclaman como inaceptable cualquier obligación de inversión pidiendo que sea su voluntariedad quien les lleve a participar en las obras. La Ley aludida por Carlotti en la que se crea ésta obligación, promulgada en 1999, fue aprobada por la totalidad de los grupos parlamentarios. Por algo será.

Los productores independientes no estamos en contra de que las televisiones participen en la producción del cine, pero sí consideramos nocivo que la conviertan en un monopolio, tal como en un comunicado proclamó UTECA (Unión de Televisiones Comerciales), invitando a los productores a integrarse en las poderosas estructuras de los grupos multimedia concesionarios de las licencias de televisión. Es cierto que todos debemos aspirar a la creación de estructuras industriales saneadas para no convertir la producción de una película en un mero ejercicio artesanal, pero el proceso de creación de una película, desde su idea original, es un precioso camino de equilibrios donde el guionista, el compositor, los actores, los técnicos, y las empresas de servicios participan de la magia que productor y director deben crear para el buen fin de la obra. Prescindir de la libertad creativa que representa este equilibrio conllevaría un futuro incierto y monocolor para el cine español.

No es aceptable la simplificación lanzada por UTECA de que las televisiones ponen los recursos y los productores los administran en su beneficio. Este victimismo en absoluto se corresponde con la realidad, y debemos aspirar a que los proyectos sean fruto de las diferentes aportaciones que realicen productores y comercializadores de la película, como ocurre en todo el mundo. Tampoco es justo presentar al productor como administrador de subvenciones e inversiones de otros. La tan denostada participación pública, es decir, la subvención proveniente de los Presupuestos Generales del Estado, no alcanza ni el 16% de la inversión total que requiere un película, muy por debajo de las vigentes en otros países europeos y a años luz de la aportación del Tesoro de EEUU, si computamos lo que dejó de ingresar el fisco americano por las exenciones fiscales concedidas.

Las televisiones saben como nosotros, que los ratios de rentabilidad en otros productos televisivos -léase la adquisición de derechos de fútbol u otros deportes, o la adquisición de derechos de antena de películas norteamericanas- son muy inferiores al resultado por coste y audiencia de lo destinado al cine español. Además, cuando coproducen cine español están invirtiendo con el consiguiente retorno y creación de tejido industrial, mientras que en los otros casos, tan solo es un gasto sin reflejo ni huella industrial en nuestro territorio.

Nuestra sugerencia principal al Gobierno es que la Ley se adapte a los nuevos tiempos, que analice los déficits estructurales del sector, aplicando temporalmente medidas fiscales que engrasen la maquinaria de la producción para conseguir su rentabilidad y, de ésta manera, no cubrir sólo las necesidades de nuestro reducido mercado interior, sino traspasar fronteras y poder exportar nuestra cultura a través de películas que levanten expectativas en los mercados más consumidores de cine.

En el extranjero, nadie duda del talento del cine español. Está de moda, y sorprende por su creatividad y su variedad de géneros. Será una anécdota pero España es el país, después de EEUU, que más nominaciones aporta en los Oscar de la presente edición. Sería imperdonable no crear las estructuras necesarias para aprovechar este buen momento y consolidar posiciones.

La Ley por definición debe perseguir el bien general y, por tanto, no privilegiar a ninguna de las partes afectadas sobre el resto. Debe incentivar la producción de cine español sin favorecer intereses empresariales de productores, distribuidores, exhibidores o televisiones. Debe anticipar los previsibles cambios que se darán en el mercado, dotándose de mecanismos flexibles para no entrar en obsolescencias. Y debe tratar con valentía la creación de mecanismos fiscales que se están demostrando exitosos en países tan cercanos como Reino Unido o Irlanda.

El Gobierno ha ratificado la convención de la Unesco sobre diversidad cultural, por la que queda legitimado para legislar en esta materia con excepciones sobre la regla general. La Ley no debe ser abordada con complejos de intervencionismo por parte de quien la promulga. Es cuando menos irónico que un sector tan regulado en sus derechos como es el de las televisiones, con insalvables barreras de entrada para quien no pertenece a él, abogue por la inexistencia de reglas que comporten obligaciones. La Ley debe favorecer la creación de estructuras de distribución independientes con acceso a las salas en igualdad de condiciones que las grandes compañías de Hollywood.

Algo habremos hecho mal los que nos dedicamos a esto para no suscitar un apoyo tan generalizado del público como el que gozan nuestros colegas franceses o ingleses. No estamos en el mejor momento de reconocimiento de nuestra labor, a pesar de que, por primera vez, cinco películas españolas durante el año 2006 han superado el millón de espectadores en salas, y la cuota de mercado sólo ha bajado un punto sobre el año anterior.

Las grandes controversias suelen acabar con soluciones imaginativas, tras un mínimo ejercicio común de autocrítica. Sólo ponemos una condición: tener el convencimiento de que lo que apruebe el Parlamento redundará en beneficio del cine español. A partir de este principio, estamos dispuestos a hablar de todo, con el horizonte de definir el lugar competencial de cada uno.