La superposición de tres crisis distintas, que interactúan entre ellas como los tres vértices de un triángulo, está dotando de especial complejidad a la situación española desde hace ya un lustro. Crisis económica, que tiene su peor lacra en el desempleo masivo, principal problema de España hoy, se mire por donde se mire. Crisis de modelo de Estado y Administración, que es crisis de gobernabilidad, con un conjunto fragmentado sin la debida articulación en 17 unidades (en algunas de las cuales el incumplimiento de la Constitución ha pasado a ser moneda corriente), un legislativo esclerótico, politizada la cúspide del judicial y todo ello monopolizado por unos partidos políticos que segregan una democracia de muy baja calidad. Y crisis de liderazgo político y de credibilidad que afecta prácticamente a todos los actores de ese escenario, al ser cuestionada su legitimidad de ejercicio, esto es, la que deberían haberse ganado en el desempeño de sus cargos y responsabilidades.
Las tres crisis, la institucional, la económica y la de credibilidad se refuerzan entre sí. La crisis económica es, en parte, consecuencia del mal funcionamiento de muchas instituciones, y sin duda ha potenciado la crisis de credibilidad política. Crisis esta que, a su vez, refuerza la de algunas instituciones fundamentales, como la Corona, la justicia o el Estado de las autonomías.
Y bien, hay que señalar de inmediato que la reacción de la sociedad española muestra una notable capacidad, no solo de resistencia, sino también de vitalidad. Frente a las expectativas de casi todos (científicos sociales incluidos), el enorme malestar contra políticos y partidos no se ha traducido en alternativas antidemocráticas. En España no hay partidos de extrema derecha o xenófobos, que en no pocos países europeos cosechan hasta un 20% del electorado. Ni hay tampoco partidos anti-Europa, que florecen como hongos en no pocos sitios. Tal vez porque a los españoles nos ha costado mucho dolor el aprendizaje de la tolerancia y del acuerdo como bien democrático, el aprendizaje del rechazo a la violencia como instrumento político, ahora no estamos dispuestos a perder esos valores.
Más aún: puede sostenerse que la sociedad española apuesta muy mayoritariamente por un compromiso de regeneración democrática, pues le va en ello, no ya el bienestar, sino incluso su misma persistencia como nación. Y aunque los políticos sean el blanco central de las críticas, ese empeño tiene que ser encabezado por ellos, con el presidente del Gobierno y el líder de la oposición al frente, contando con el respaldo de la Jefatura del Estado. Todos deberán demostrar altura de miras y generosidad. La alternativa será otros políticos capaces de ello.
Tal compromiso de regeneración debe ser nacional en el sentido orteguiano de la palabra, es decir, debe contar con un amplio apoyo social y debe ser capaz, no solo de movilizar a la sociedad española, que ya lo está en cierto grado, sino también de darle norte y orientación. Ha de contar con el respaldo de la mayor parte de los partidos del arco parlamentario, pues debe modificar reglas y prácticas fundamentales de la política y de otro modo lo arreglado hoy sería objeto de reforma más tarde, y reformado de nuevo al llegar otra mayoría, como ocurre en no pocos campos de la política española. Debe ser, además, un compromiso público, anunciado y probablemente rubricado con solemnidad, pues es importante que se marque y visualice un antes y un después, un punto de inflexión claro en la deriva de deterioro democrático. Ha de ser, finalmente, un compromiso a medio y largo plazo, un proyecto sostenido en el tiempo con tesón y perseverancia, más de medio y largo plazo que de corto plazo. No arreglaremos el país en un santiamén, pues la democracia es un problema de cultura y de educación, y se mantiene día a día.
Inevitablemente, ese proyecto debe comprender reformas constitucionales de envergadura, en particular para abordar el tema catalán y vasco. Aunque resulta absurdo exigir que cada generación dé su visto bueno a la Constitución, en nuestro caso resulta razonable actualizarla tras más de 30 años de rodaje, y no conviene fetichizar su texto. La realidad es dinámica y también debe serlo su marco normativo. Pero hay amplísimo margen para medidas de regeneración democrática en el marco constitucional actual, medidas que probablemente se relegarían al abrirse la puerta de la reforma de la Constitución sin mediar las circunstancias oportunas.
Precisamente, el punto de partida debería ser un programa de medidas urgentes, acometiendo las reformas constitucionales cuando, superada la fase más dura de la crisis económica, se pueda abordar con rigor tan trascendente tarea. Ni eludir ni postergar: se trata de encontrar las condiciones adecuadas. En todo caso, podría avanzarse en ese camino con una iniciativa parlamentaria consensuada por la mayoría de los partidos, creando de inmediato un grupo de personas independientes y de alta reputación con el mandato de hacer una propuesta de reformas constitucionales, la cual sería sometida al tiempo a información pública para ir madurando y consensuando el debate.
El programa de medidas urgentes de regeneración y vitalización de la democracia debe comenzar, en definitiva, por las cuatro siguientes direcciones:
1. Ante todo, por lo que es hoy clamor dominante: tolerancia cero contra la corrupción en todas sus formas, ya la corrupción de alta o altísima intensidad (como la manifestada en el caso Bárcenas o en el de los ERE de Andalucía), ya de “baja” intensidad y que afecta a la misma ciudadanía. Pues la segunda es caldo de cultivo de la primera. Un verdadero compromiso ético que rechace tanto cobrar sin IVA o no pagar impuestos, como las donaciones y las subvenciones sin el debido control.
2. En segundo lugar, las élites públicas deben asumir (y casi exhibir) una ética de estricta austeridad en el manejo de los fondos públicos. En un momento en el que se están imponiendo sacrificios importantes a la sociedad española, las élites políticas y administrativas deben dar ejemplo de austeridad. Más aún que la incidencia en el gasto público, lo que importa es la relevancia simbólica que tienen los inflados equipos de asesores, la profusión de coches oficiales, los billetes de primera clase, las tarjetas de crédito…, todo lo que contribuye a esa sensación de “clase política” aparte. Sin duda, no se debe generalizar, y no son pocos los políticos (y, más aún, los funcionarios) de conducta intachable; pero una buena parte de quienes integran la clase política no ha interiorizado suficientemente la trascendencia que esto tiene. Y también la élite empresarial debería seguir la misma pauta.
3. En tercer lugar, es urgente revisar la ley de partidos políticos en un doble sentido. Por una parte, forzando a la democracia interna mediante mecanismos que rompan la actual dictadura de las secretarías generales, quizás obligando a elecciones primarias o fórmulas alternativas. Y de otra, exigiendo total y absoluta transparencia en su financiación mediante mecanismos rigurosos de rendición de cuentas y auditorías externas. Debe replantearse todo lo concerniente a las subvenciones a los partidos (al igual que a los sindicatos o a las organizaciones patronales)
4. Finalmente, hay que revisar la ley electoral y el sistema de listas cerradas y bloqueadas, no solo para asegurar una mejor representación reduciendo las condiciones de entrada, sino también para establecer una mayor conexión entre representantes y representados y una mayor independencia de los primeros, hoy reducidos casi a la condición de empleados del partido.
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Los españoles supimos organizar la convivencia tras 40 años de dictadura para darle un potente impulso de prosperidad y libertad a nuestra sociedad. Gracias a ello hoy estamos en mejores condiciones que entonces, mejor educación, más riqueza, mejor capital humano, mejores infraestructuras. Frente a actividades pesimistas o tentaciones de impotencia, hay que poner en valor el capital de recursos humanos, materiales e institucionales que tenemos acumulado. Ahora lo que necesitamos es un liderazgo capaz de aunar las muchas fuerzas sociales que pugnan por darle un nuevo impulso a España.
José Luis García Delgado, Presidente y en nombre del Círculo Cívico de Opinión