Por un empleo estable

Tras la intensa creación de empleo de 2014, ya prácticamente nadie duda de la recuperación económica y del empleo en España. Y está para quedarse, apoyada básicamente en tres hechos: las reformas realizadas en el mercado de trabajo y en otros ámbitos, factores internos como la recuperación de la confianza de consumidores y empresas, y factores externos relacionados con el desplome del precio del petróleo y la política monetaria expansiva del BCE. Tras cerrar 2014 con un crecimiento del PIB del 1,4%, los indicadores disponibles apuntan a que durante el primer trimestre del 2015 la economía estaría creciendo cerca del 3,5% en tasa anual, de manera que el PIB en 2015 podría aumentar cerca del 3%.

Todo ello hace que las perspectivas del mercado de trabajo para este año sean también positivas, con una previsión de creación neta de empleo de más de medio millón de ocupados. Si evitamos algunos riesgos que pueden surgir dentro y fuera de nuestro país y se mantiene esta velocidad de crucero, entre 2015 y 2016 pueden crearse un millón de empleos netos, de manera que a finales del próximo año se alcanzaría un nivel de ocupación similar al de 2004.

Pero por muy positivos que sean todos estos datos y previsiones, no debemos caer en la complacencia de pensar que todo el trabajo está hecho. No sólo estamos todavía lejos de los niveles de empleo y paro previos a la crisis, sino que es necesario hacer todo lo posible para evitar errores y debilidades del pasado. Tenemos que reducir la tasa de paro rápidamente manteniendo el déficit exterior a raya, algo que nunca hemos conseguido en las últimas décadas. Y tenemos que crear empleo estable y productivo. A pesar del fuerte crecimiento experimentado por la contratación indefinida en 2014, para crear 434 mil empleos netos nuestra economía necesitó realizar más de 16 millones de contrataciones durante todo el año. Este hecho, junto con una tasa de temporalidad que no baja del 25%, son dos importantes ineficiencias de nuestro mercado de trabajo. Para impulsar la reducción del desempleo y de la temporalidad han surgido numerosas propuestas que coinciden en resaltar los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, aunque a veces difieren en el diagnóstico y la solución. Ello ha vuelto a ser objeto de debate con iniciativas recientes por parte de algún partido político. No cabe duda de que este debate sobre medidas que puedan mejorar la creación de empleo de calidad es bienvenido y necesario.

Centrándonos en la temporalidad, se trata de un lastre de nuestro sistema laboral, que explica en gran medida los crecimientos exponenciales del paro en épocas de crisis, y que convierte a nuestra economía en una anomalía en Europa, tanto en términos de eficiencia como de equidad. De acuerdo con el informe Doing Business 2015, la indemnización por despido procedente en España de trabajadores con 5 o 10 años de antigüedad es de las más altas de Europa, junto con Grecia. Si a ello unimos una regulación de la contratación temporal flexible y, en ocasiones, desviada en la práctica de su finalidad, el resultado es una segmentación de los trabajadores en dos grupos según su mayor o menor nivel de protección. Esta dualidad tiene efectos muy negativos sobre la equidad, incide negativamente en los colectivos más vulnerables -jóvenes y poco cualificados- y acentúa la volatilidad del componente cíclico del desempleo. Los trabajadores más productivos y cualificados tienen mayor probabilidad de optar a los contratos indefinidos, con los que acumulan experiencia y mejoran su formación. Mientras tanto, aquellos menos productivos y cualificados son los que tienen mayor probabilidad de estar desempleados y, cuando trabajan, de quedar atrapados en una sucesión de contratos temporales con los que no pueden adquirir una experiencia y formación en el puesto de trabajo que mejoren su menor nivel educativo y productividad.

Para favorecer la contratación estable y proteger a los individuos con mayores dificultades de inserción laboral, desde BBVA Research y la Fundación Sagardoy propusimos el año pasado conjugar una simplificación efectiva del menú de contratos de trabajo con un cambio sustancial del modelo indemnizatorio para los nuevos contratos. Basándonos en un principio de voluntariedad en su implantación y evitando modificar los costes indemnizatorios de los contratos ya vigentes, las líneas básicas de esta propuesta se podrían resumir en los dos ejes siguientes. En primer lugar, todas las modalidades vigentes de contratación indefinida se agruparían en un único contrato lo suficientemente flexible para que los actuales tengan cabida. El contrato temporal -que habría que limitar en su número a los necesariamente indispensables para la economía española- tendría un origen causal y una duración máxima de dos años. Por último, el de formación y aprendizaje favorecería la transición al empleo indefinido una vez completado el proceso formativo.

En segundo lugar, la reducción del número de modalidades contractuales se complementaría con un nuevo sistema mixto de indemnización por finalización del contrato. Una parte provendría de una cuenta de ahorro individual nutrida de aportaciones periódicas realizadas por las empresas, por ejemplo por un importe equivalente a 8 días de salario por año trabajado, que actuaría como un seguro. Para que la empresa internalice los costes sociales causados por el despido de un trabajador indefinido, debería pagar una indemnización adicional, que sería creciente con la antigüedad del trabajador en la empresa -hasta un máximo de 12 días por año trabajado en el despido procedente- y mayor para los declarados improcedentes. En el caso del contrato temporal, junto con la aportación a la cuenta individual, se mantendría la indemnización por finalización del contrato de 12 días por año trabajado. Obviamente, podría plantearse aumentar la aportación a la cuenta individual del trabajador a cambio de reducir la indemnización final, pudiendo llegar a la alternativa de un modelo de seguro puro como el vigente en Austria.

Con esta propuesta, la indemnización por despido del contrato indefinido sería menor que el coste de finalización del contrato temporal durante los primeros años del contrato, con el objetivo de aumentar el atractivo de la contratación indefinida y penalizar a las empresas con una rotación de personal elevada. A cambio de la menor indemnización inicial, los trabajadores tendrían una mayor probabilidad de acceder a un empleo más estable, con mayores salarios y con los beneficios de una carrera profesional más duradera. Como resultado, España se situaría en una posición intermedia en la indemnización por despido en relación con las economías de su entorno. La implantación de la propuesta atenuaría la incertidumbre que obstaculiza la contratación indefinida, fomentaría la formación en las empresas, aumentaría la productividad, incentivaría la movilidad laboral y geográfica, beneficiaría la reasignación sectorial del empleo y ayudaría a modernizar la negociación colectiva. Finalmente, las aportaciones de las empresas a la cuenta individual facilitaría la planificación financiera de las empresas, aumentaría el ahorro de los trabajadores y el nivel de renta de los futuros pensionistas.

Según los cálculos de BBVA Research, con esta propuesta se conseguiría reducir la tasa de temporalidad entre 6 y 11 puntos porcentuales -situándonos en la media de nuestros homólogos europeos-, la tasa de paro entre 3 y 9 puntos, y la desigualdad entre un 4% y un 7%. Por su parte, el PIB crecería entre 4 y 12 puntos y los salarios, entre 2 y 7 puntos. Para alcanzar los mayores efectos de estos rangos sería apropiado mejorar la legislación. Convendría reducir al máximo la incertidumbre jurídica percibida por las empresas sobre la posibilidad de que los despidos sean declarados improcedentes, así como cualquier otra incertidumbre regulatoria -por ejemplo, sobre la ultractividad de los convenios- que incentive a las empresas a hacer frente a las mismas con una mayor tasa de temporalidad. Ahora que el mercado de trabajo vuelve a crear empleo con intensidad, es más necesario que nunca proponer nuevas ideas que contribuyan a corregir las debilidades de nuestro mercado de trabajo, y mejorar su eficiencia y equidad con la creación de más empleo estable y de calidad.

Rafael Doménech es economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research e Íñigo Sagardoy es presidente de Sagardoy Abogados.

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