Tras el acuerdo histórico alcanzado el pasado 21 de julio sobre el fondo de recuperación europeo, el Parlamento Europeo y el Consejo se disponen en las próximas semanas a negociar los reglamentos legislativos que terminarán de dar forma al funcionamiento del fondo. Parlamento, Consejo y Comisión van a negociar a ritmo acelerado para tener los textos legales cerrados lo antes posible y permitir que los fondos lleguen rápidamente a sociedades muy golpeadas por el impacto económico de la covid-19.
Un plan de inversiones de este volumen deberá necesariamente alinearse con los objetivos que se marcó la propia Unión Europea al inicio de la legislatura con relación al Green Deal, y al objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para alcanzar este objetivo y cumplir así con los compromisos que marca el acuerdo de París, que trata de contener el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, Europa necesita avanzar rápidamente en reducir sus emisiones fijando un objetivo ambicioso y más inmediato de reducción para el año 2030, que la Comisión podría situar en los próximos meses en el 55%.
El Consejo Europeo, en sus conclusiones, ya estableció que hasta un 30% tanto del Presupuesto Plurianual (MFF) como del Fondo de Recuperación (Next Generation EU) deberán ser destinados a la lucha contra el cambio climático y que el conjunto del gasto deberá respetar el principio de do no harm (no dañar) establecido y legislado ya en la UE, que implica que ninguna partida debe suponer un retroceso con relación a los objetivos climáticos de la Unión. Así mismo, exigió que los planes de recuperación que cada país deberá diseñar para acceder a los fondos cumplan con sus planes nacionales climáticos.
El Parlamento Europeo, en su resolución como reacción al acuerdo, fue incluso más allá en su ambición climática y ambiental para el fondo. En su apartado 15, la resolución exigió no sólo un objetivo climático horizontal del 30%, sino que pidió un objetivo del 10% directamente asociado a la defensa de la biodiversidad y un abandono gradual del uso de combustibles fósiles. Además, el Parlamento exigió que el cumplimiento de ese objetivo se realizara a partir de una metodología de control del gasto clara, invitando a la Comisión a referenciar las inversiones con el llamado Reglamento europeo de Taxonomía, que define con precisión qué puede ser considerado una actividad sostenible y qué no. Este punto es relevante ya que la contabilidad del gasto ambiental puede realizarse de muchas maneras: a algunos sectores les gustaría que actividades como la producción y distribución de gas fueran consideradas como sostenibles, vaciando así de significado el concepto de “inversión sostenible”.
En el proceso de negociación que ahora empezamos, y particularmente en el reglamento de la llamada Facilidad de Recuperación y Resiliencia, que va a canalizar la mayor parte de los recursos, vamos a tratar de ampliar el objetivo climático del gasto hasta un 40%. Esa cifra del 40% en la Facilidad de Recuperación es imprescindible para poder alcanzar un objetivo global del 30% para el Presupuesto Plurianual y el Fondo de Recuperación en su conjunto, ya que otros instrumentos tendrán un objetivo de gasto climático significativamente inferior.
Por otro lado, más allá de los grandes objetivos acordados por los jefes de Estado y de Gobierno, es importante para poder alcanzar ese objetivo que los reglamentos sean lo más precisos y claros posibles. Por ello, vamos a proponer también que se establezca una lista negativa de actividades en las que no se permita invertir usando los recursos del fondo: el funcionamiento o alargamiento de la producción de energía nuclear o el almacenamiento de los residuos nucleares, actividades relacionadas con la producción de energía fósil, ampliación de vertederos, incineración de residuos, infraestructuras aeroportuarias o la fabricación de vehículos con motor de combustión. Estas actividades deben quedar excluidas del fondo si queremos tomarnos en serio la transición ecológica.
Finalmente, esos objetivos que establecemos para el fondo en su conjunto, para que queden bien reflejados durante la fase de ejecución de las inversiones, necesitaremos que sean también asumidos en los planes nacionales que cada país presentará. Vamos a pedir que el reglamento exija a los países que al diseñar sus planes detallen cómo van a cumplir con los objetivos climáticos establecidos para el conjunto de la Unión.
El plan de recuperación, y su diseño, será lo que marcará el éxito o el fracaso del Green Deal europeo. Hay que tener en cuenta que va a ser una próxima generación la que deberá hacerse cargo de los 750.000 millones de euros de deuda que ahora se va a emitir para hacer frente a la crisis. Precisamente por ello es nuestro deber invertir ese dinero pensando sobre todo en su futuro, alcanzando a tiempo la neutralidad climática en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Ahora es el momento de mostrar esa ambición climática trasladando en los textos legales todo lo que las instituciones europeas proclamaron al inicio de la legislatura.
Ernest Urtasun es vicepresidente del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. En Comú Podem.