Por un pacto de Estado contra ETA

Por Rosa Díez González, diputada socialista en el Parlamento Europeo. Fue consejera de Turismo del Gobierno vasco durante seis años (EL MUNDO, 22/01/07):

La propuesta de hacer un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo fue, sin duda ninguna, el mayor acierto político de José Luís Rodríguez Zapatero en su etapa como secretario general del PSOE y líder de la oposición.

La necesidad del pacto venía avalada por la ruptura de la tregua pactada en 1998 entre el PNV y ETA. Fracasada aquella iniciativa del PNV -adoptada de espaldas al PSOE y al PP, a pesar de que durante el tiempo en que se gestó nacionalistas y socialistas gobernábamos juntos en el País Vasco y el PP gobernaba en España con apoyo parlamentario del PNV-, se hacía necesario diseñar una nueva estrategia que nos permitiera enfrentarnos con mayor garantía de éxito a la organización terrorista ETA.

Había otra circunstancia que marcó la redacción final del documento: a pesar de haberse roto la tregua -y a pesar de que la opinión pública conoció los compromisos que el Partido Nacionalista Vasco había suscrito con ETA cuando ésta hizo públicas las actas firmadas en las que se comprometía a excluir de la vida política y social a los no nacionalistas en el País Vasco-, el PNV seguía manteniendo la vigencia del Pacto de Lizarra. Por eso, en el preámbulo del Acuerdo, se establece este compromiso: que no habrá acuerdos con los nacionalistas del PNV ni EA en tanto éstos no rompan sus alianzas con los terroristas.

Pero lo singular del Acuerdo es que se trata de un Pacto de Estado. Hagamos un ejercicio de clarificación. En primer lugar, ¿es lo mismo «un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas y sociales» en pro de una determinada política que el Pacto de Estado? Pues no; la característica sustancial de un Pacto de Estado es que ha de estar suscrito entre las fuerzas políticas que pueden formar el Gobierno de la Nación. Lo genuino de ese tipo de pactos reside en que, precisamente por estar suscritos entre quienes pueden gobernar, la política que se acuerda -en este caso antiterrorista- no se verá sometida a la incertidumbre temporal derivada de la alternancia política. El acuerdo mayoritario garantiza la aprobación de determinadas iniciativas; el pacto de Estado garantiza la estabilidad de la política. En un pacto de Estado no sobra nadie; pero no puede faltar ninguno de los partidos que pueden formar el Gobierno de la Nación.

Un pacto de Estado no tiene por qué estar cerrado a la incorporación de otras fuerzas políticas; como no lo estuvo nunca el acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. De hecho, ese acuerdo fue suscrito por Coalición Canaria y el Partido Andalucista. Nadie estaba vetado, salvo los que mantenían un acuerdo con ETA para excluir a los no nacionalistas. En ese sentido, el preámbulo del Pacto dice así: «El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por éste, por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de ciudadanos vascos».

Si las fuerzas políticas no afectadas por pacto alguno con ETA no lo suscribieron, fue porque no compartían la filosofía del Pacto. ¿Cual era esa filosofía? Era, como se dice también en su preámbulo, que «desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del mismo se derivan, el PP y el PSOE queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición».

El Pacto tiene diez puntos. El último de ellos dice lo siguiente: «Con la firma del presente acuerdo PP y PSOE queremos ratificar públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la defensa del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles. Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política que debe desarrollarse. Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política, convencidos como estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del terrorismo».

Bien, hasta aquí los principios y los objetivos del acuerdo. Hasta aquí también alguna aclaración que he considerado necesaria ante el «bombardeo» de declaraciones que contraponen la «unidad democrática» a «un acuerdo cerrado entre PP y PSOE». Si se trata de hacer política de Estado para abordar uno de los problemas más importantes de España, la fórmula está inventada. Si se trata de buscar el máximo consenso para hacer una política de Estado, nada impide que a ese nuevo Pacto de Estado se incorporen el resto de fuerzas políticas que compartan una política definida entre los dos agentes fundamentales que representan a más del 80% de los ciudadanos.

Una política de Estado seria sólo se soporta si vincula a los partidos que pueden asumir la responsabilidad de formar gobierno. Una política de Estado ha de estar protegida de vaivenes electorales; ha de tener garantía de estabilidad temporal. Una política de Estado ha de tener credibilidad; y no hay nada más contrario a la credibilidad que la incertidumbre sobre el futuro. Esto es así en cualquier tema de Estado que se quiera abordar con éxito; piénsese en la Política Exterior, de Inmigración, de Defensa… Ningún país serio permite que esas cuestiones estén sometidas al riesgo de ser revisadas cada cuatro años; saben que pagarían un alto precio por ello. En el caso que nos ocupa se da además la circunstancia de que esa garantía de que no se cambiará la política aunque se cambie el Gobierno es lo único que hará que ETA pierda la esperanza de intentar el chantaje al Estado cada vez que se produzca un cambio en el Ejecutivo.

Todo esto viene a cuento de que hay altos dirigentes del PSOE y del Gobierno que consideran que el Pacto Antiterrorista «funcionó pero hoy ya no es válido» porque hay partes del mismo que ya no tienen sentido. Yo quisiera saber qué artículo consideran que ya no es válido ¿El que se refiere al pacto de Estella? Eso no sería ningún problema, ya que, si no existe el Pacto de Estella, aquellos que estaban excluidos por el hecho de mantener un pacto antidemocrático, ya no se ven afectados. Incluso se puede proponer la eliminación o reformulación del párrafo. ¿Qué más no es de aplicación? Es muy necesario que se nos diga qué aspectos del Pacto han quedado obsoletos a criterio del Gobierno para combatir al terrorismo; si se refiere a lo que recoge sobre la necesidad de pactar las leyes, a la política penitenciaria, a lo que se afirma sobre las víctimas, a la necesidad de comprometer a la sociedad civil…

No resulta fácil de entender qué es lo que ha cambiado desde que el PSOE se presentó a las elecciones de marzo de 2004 llevando en su programa electoral el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, comprometiéndonos a defenderlo y pidiendo apoyo para ello a los españoles. Esto es lo que decía el programa electoral del PSOE en su página 46: «Nos comprometemos al cumplimiento escrupuloso y estricto del Pacto de Estado por la Libertad y contra el Terrorismo suscrito entre el PSOE, el PP y el Gobierno de la Nación y, en especial, a renunciar a la utilización política del terrorismo; nos comprometernos a mantenerlo vivo y en vigor hasta la derrota total de ETA o su disolución efectiva».

No resulta fácil de entender -yo al menos no lo entiendo- que durante el tiempo que ha estado roto de facto este Acuerdo el Partido Socialista y el Ejecutivo hayan insistido en que estaba vigente, recordando de forma permanente que fue Rodríguez Zapatero quien lo propuso; y ahora que se ha roto la tregua y la inmensa mayoría de los ciudadanos piden la vuelta del Gobierno a la política definida en ese Pacto, se diga que ya no sirve.

Resulta urgente determinar si el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero quiere en estos momentos suscribir un Pacto de Estado para definir la política antiterrorista o no. Eso es lo fundamental. Porque si se quiere un Pacto de Estado tendrá que hacerlo con el PP. Como lo hizo el 8 de diciembre del año 2000. Y llamar al consenso al resto de las fuerzas políticas, estando abiertos a sus propuestas. Pero todo a partir de un acuerdo firme entre PSOE y PP. Lo demás -el consenso, la unidad, el diálogo…- es otra cosa. Y la política que se haga a partir de una u otra opción, también será diferente. Y los instrumentos que se utilicen, también lo serán. Y aunque el Estado de Derecho sigue funcionando y se producen fallos en los tribunales que son verdaderos aciertos, no creo que podamos permitirnos el lujo de mantener esta incertidumbre y este desconcierto durante mucho tiempo más.